Gabriela Alejandra Castro Hernandez

Expediente 4337/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4337/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Alejandra Castro Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y dado que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran consideradas las promociones y actuaciones judiciales. DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y protección de la justicia Federal, por tanto, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo sexto del mencionado acuerdo general, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el numeral 18, del referido acuerdo. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del acuerdo general referido, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada, en términos de lo establecido en el acuerdo señalado en el párrafo que antecede y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES Hágase del conocimiento de la quejosa que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco adjunto al cual remite copia del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el Pleno de dicho tribunal, en el amparo en revisión 476/2017 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa en tres tomos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que en el citado medio de impugnación se resolvió lo siguiente: "Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión, de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo indirecto 688/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento, para los efectos precisados en esta ejecutoria." Ahora bien, resulta necesario señalar que la Superioridad determinó al revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, para el siguiente efecto: "SEXTO. Estudio del asunto. Este Tribunal Colegiado considera que no es posible emprender el análisis de las consideraciones en las que se sustenta la sentencia recurrida, ni los agravios propuestos en su contra, toda vez que como enseguida se verá, se configura una violación procesal que trasciende al resultado del fallo que se emitiera." [.] Así las cosas, ante la apuntada transgresión a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, se estima que lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el Juez de Distrito celebre nuevamente la audiencia constitucional, cumpliendo al hacerlo con los requisitos señalados por la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y dicte la sentencia que conforme a derecho proceda, analizando pormenorizadamente los actos reclamados, conceptos de violación, e informes justificados; firmándolas en la fecha de su emisión." Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. CUMPLIMIENTO AL TESTIMONIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO En ese contexto, en estricto acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado, se deja sin efectos la audiencia constitucional de nueve de agosto y la sentencia de tres de noviembre, ambos de dos mil dieciséis. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria del tribunal colegiado, así como no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional y se dicte la sentencia que en derecho corresponda. De este modo, en estricto acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado, y dado que ordenó la reposición del procedimiento; y una vez, seguido el trámite legal del juicio de amparo indirecto en su momento se dictará la sentencia que en derecho corresponda, conforme a los lineamientos establecidos por éste. En ese sentido, en términos del artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la ejecutoria de amparo y al efecto entrégueseles copia; y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del tribunal colegiado de circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al tribunal colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que este juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este juzgado federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). PRUEBA PERICIAL Ahora bien, de autos se desprende que mediante acuerdo de seis de enero de dos mil dieciséis (foja 2927) se tuvieron por recibidos los testimonios de los recursos de queja de que se trata, en los que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México revocó los autos recurridos y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que las quejosas exhibieran el cuestionario sobre el cual debería versar la prueba pericial en materia contable que anunció en autos, exhibiendo las copias necesarias para su traslado a las partes. Asimismo, por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis (foja 2956) se tuvo por recibido el escrito de las quejosas desahogando el requerimiento formulado y exhibiendo el cuestionario de mérito, reservándose acordar lo que en derecho corresponda hasta el momento procesal oportuno. Ahora bien, respecto de la prueba pericial en materia contable, se estima necesario tener presente que si bien, el artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplirse los principios de idoneidad, oportunidad y pertinencia. Ahora bien, respecto de la prueba pericial en materia contable, se estima necesario tener contemplado que si bien, el artículo 119 y 121 de la Ley de Amparo disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplirse los principios de idoneidad, oportunidad y pertinencia. En esas condiciones, no ha lugar a admitir la prueba pericial toda vez que dicha probanza no cumple con el principio de idoneidad, ello en razón de que si se toma en consideración que la contabilidad es una técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa sobre situaciones económicas identificables y cuantificables de una entidad, resulta evidente que mediante una prueba pericial contable no puede demostrarse la ilegalidad de la aplicación del decreto reclamado, ni tampoco la inconstitucionalidad de este último, pues ello dependerá de las constancias de autos y de los argumentos vertidos en los conceptos de violación, lo cual en su caso, será motivo del análisis de la sentencia que se dicte en este juicio. Esto es, la contabilidad se avoca a la captación de las operaciones efectuadas por una entidad, las cuales son analizadas, clasificadas y registradas, a fin de producir información, por lo que la contabilidad siempre es un registro histórico, consecuentemente, la prueba pericial en materia contable ofrecida no constituye un medio probatorio idóneo, aunado a que el objeto de dicha prueba puede acreditarse con un diverso medio de convicción, como lo es la prueba documental. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 41/2001, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 157, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." De igual forma, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Finalmente, visto el estado procesal de autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se determinó la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro y contenido: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es aplicable por su contenido la jurisprudencia P./J. 12/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, página 55, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado". Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO.-Se SOBRESEE en el juicio conforme a los razonamientos precisados en los considerandos cuarto y séptimo. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, por los motivos expresados en el noveno considerando de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE ************, por los motivos expresados en el considerandos décimo y décimo primero y para los efectos precisados en el último considerandos de esta sentencia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se ordenó que una vez que se contara con las constancias de notificación correspondientes a dicho auto, se turnara el juicio de amparo en que se actúa, al área de proyecto a fin de que se dicte la sentencia correspondiente; en consecuencia, debido que lo anterior ya aconteció, túrnense los autos al área de proyecto a fin de que se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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