Gabriela Aguirre Mondragón

Expediente 356/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
356/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Aguirre Mondragón
  • Evangelina MIranda Félix
  • Luis Enrique Quintero Aguilar
  • Alejandrina Orduño Beltrán
  • Maribel Apodaca Lora
  • Junta Especial Numero 35 de la Federal de Conciliacion y Arbitraje en el Estado
  • Edna Fabiola Herrera Cuevas
  • Martha Maricela González González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que se sobreseyó el presente juicio y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, previa acta que se elabora para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al artículo 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con un anexo, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por dicho órgano colegiado, en el recurso de queja *****, relativo al presente juicio de amparo, de cuyo contenido se advierte que declaró improcedente el citado medio de impugnación promovido por la parte quejosa, contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Acúsese recibo correspondiente. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales a que haya lugar, debiéndose realizar las anotaciones en el libro correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de la Materia, SE ORDENA CONCLUIR LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO decretada en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte. Ahora, en proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional reservó proveer lo conducente respecto del oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia con firmas autógrafas del laudo dictado el cuatro de junio de este año, del que se advierte que solicitó el sobreseimiento del juicio debido a que emitió el laudo cuya omisión se reclama en este juicio. El cual se ordena agregar a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es necesario precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir, en esencia en:  La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral *****; y, CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral *****, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había dictado el laudo de referencia; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta responsable, se advierte que en ese juicio laboral ya se dictó laudo y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesación los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa en dictar laudo en el juicio laboral *******. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de junio de dos mil veinte), la Junta responsable emitió el laudo respectivo el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, procede sobreseer fuera de audiencia respecto del acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ante el sobreseimiento decretado, se torna innecesario señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, pues lo determinado no permite analizar el fondo de la litis planteada, tal y como lo establece el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado bajo el número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente en privilegio del trabajo a distancia, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el Secretario Víctor Arsenio Jeffiel Mendoza Amezcua, quien actúa y da fe.

  3. Principal

    En virtud de no haberse presentado quien legalmente represente a los terceros interesados CITIBANAMEX E INFONAVIT, a notificarse personalmente del auto admisorio de catorce de diciembre del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio y aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), y 29 de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, así como en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, los autos de referencia, que en lo conducente dicen: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con un anexo, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por dicho órgano colegiado, en el recurso de queja *****, relativo al presente juicio de amparo, de cuyo contenido se advierte que declaró improcedente el citado medio de impugnación promovido por la parte quejosa, contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Acúsese recibo correspondiente. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales a que haya lugar, debiéndose realizar las anotaciones en el libro correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de la Materia, SE ORDENA CONCLUIR LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO decretada en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte. Ahora, en proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional reservó proveer lo conducente respecto del oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia con firmas autógrafas del laudo dictado el cuatro de junio de este año, del que se advierte que solicitó el sobreseimiento del juicio debido a que emitió el laudo cuya omisión se reclama en este juicio. El cual se ordena agregar a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, es necesario precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir, en esencia en:  La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral *****; y, CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral *****, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había dictado el laudo de referencia; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta responsable, se advierte que en ese juicio laboral ya se dictó laudo y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesación los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa en dictar laudo en el juicio laboral *******. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de junio de dos mil veinte), la Junta responsable emitió el laudo respectivo el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, procede sobreseer fuera de audiencia respecto del acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ante el sobreseimiento decretado, se torna innecesario señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, pues lo determinado no permite analizar el fondo de la litis planteada, tal y como lo establece el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado bajo el número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente en privilegio del trabajo a distancia, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el Secretario Víctor Arsenio Jeffiel Mendoza Amezcua, quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente juicio de amparo, se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja 100/2020 interpuesto por la parte quejosa, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán. Por su parte, en proveído de diez de los corrientes, se reservó proveer respecto las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia con firmas autógrafas del laudo dictado el cuatro de los corrientes. Hágase del conocimiento al citado Tribunal lo anterior, y remítase copia certificada del oficio remitido por la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar.

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