Gabriela Adriana Millan Espino
Expediente 718/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gabriela Adriana Millan Espino
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte en el presente expediente que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que lo integran, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver; en consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la primera, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos que se estimen de interés o de valor para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; aunado a que el presente juicio sobreseyó fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, por si y en representación de dicha Junta, a través del cual rinde su informe justificado. Al respecto, téngase por rendido el informe de mérito y por recibida la constancia que acompaña el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, consistente en copia certificada del laudo dictado el tres de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral J.5/660/2017; documental a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a dar vista con el informe y anexo de cuenta, ello en razón de que en el juicio en que se actúa, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia. Ahora bien, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, este resolutor advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, si bien es cierto el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de la responsable de dictar laudo dentro del expediente laboral J.5/660/2017, cuyo efecto se traduce en la violación del artículo 17 constitucional, al no administrar justicia en los plazos y términos que establecen el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, conforme a las constancias que remitió la propia responsable, respecto del expediente laboral J.5/660/2017 de su índice, se advierte que el tres de noviembre de dos mil veinte, dictó el laudo correspondiente, notificándose personalmente a la parte quejosa el diez de noviembre de dos mil veinte. En razón de lo anterior, se estima que sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable a dictar el laudo, cuando ésta ya lo hizo conforme a lo antes narrado, por lo que al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional, para el efecto de que la responsable dictara el laudo en el juicio de origen. Orienta sobre el particular la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por ende, al estar plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional, en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, por las razones antes expuestas. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales del caso. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese; vía correo electrónico al quejoso; por lista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, quince de octubre de dos mil veinte. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Gabriela Adriana Millan Espino, en su carácter de apoderada del quejoso Miguel Ángel Escobar Navarrete personalidad que acredita en términos de la carta poder de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos estado de México, que los hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar laudo dentro del juicio laboral J.5/660/2017. ADMISIÓN DE DEMANDA Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las nueve horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase a la autoridad señalada como responsable: Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos estado de México. Su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes a la legal notificación del presente proveído. Al referido informe deberá acompañar copias certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberá enviar debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberá remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Apercibida que de no remitirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados sin debida justificación para ello, se le impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que anexa a su ocurso de demanda y desahogo, sin perjuicio de relacionarlas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, por lo que hace a los medios de convicción que menciona como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, se tienen por anunciadas, las que serán tomadas en consideración al dictar el fallo correspondiente. TERCEROS INTERESADOS Sin que le asista el carácter de tercero interesado a persona alguna, en virtud de que, en términos del artículo 17 constitucional y a la luz de la lógica jurídica, nadie válidamente puede tener un interés jurídico en que subsista una omisión o una dilación en la integración del juicio laboral; pues de pretenderlo así, iría contra los principios de justicia pronta y expedita que consagra el citado precepto constitucional. OBLIGACIÓN DE INFORMAR EN CASO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDIENCIA Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia, e informen de ser el caso, si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; de ser así, indiquen el número de expediente y el juzgado de distrito que le correspondió conocer del asunto. Apercibidos que de no desahogar este requerimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlos solicitado expresamente. DOMICILIO En virtud de que no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene para tal efecto la lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional. Por otra parte, téngase como medio alternativo de comunicación el correo electrónico proporcionado, ello con motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19. SE EXHORTA A LAS PARTES A SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA Con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 en concordancia con los diversos 13/2020, 18/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica, o en su caso, proporcione un correo electrónico, para que se realicen las notificaciones, hasta cese el estado de urgencia que deriva de la pandemia que actualmente enfrentamos. Cabe destacar que para el trámite del juicio en línea es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, contar con la credencial para votar con fotografía como Identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605 y 8008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la toma de fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. Notifíquese: vía correo electrónico al quejoso; por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable.
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