Gabriela Acosta Ortega
Expediente 777/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriela Acosta Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la queja administrativa 287/2017, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la parte quejosa; así como, las consecuencias que de ella derivan. Dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos aquí formulados, se declare incompetencia para resolver el procedimiento administrativo de referencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de uno acto viciado, reclamados a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa.". Inconforme con dicha determinación la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Tercero Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 404/2019 y mediante ejecutoria de nueve de julio de dos mil veinte, determinó modificar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. En su lugar pronuncie una nueva resolución en la que, funde y motive su determinación, únicamente en lo que respecta al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras Director General de Administración y Actuaria adscrita a la Visitaduría General, ambos del Poder Judicial, y Secretaria de la Contraloría del Gobierno, todos del Estado de Morelos.". Por lo anterior, vista la ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 0230/2021, remitió copia certificada de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, emitida en los autos de la queja administrativa 287/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve y se pronunció respecto al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la existencia de responsabilidad e impone sanción económica a la quejosa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios 0260/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, SC/DGR/371/2020 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio 0230/2021, remitió copia certificada de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, emitida en los autos de la queja administrativa 287/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve y se pronunció respecto al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la existencia de responsabilidad e impone sanción económica a la quejosa. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios 0260/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y oficio SC/DGR/371/2020 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable dejará insubsistente la resolución reclamada; y en su lugar pronuncie una nueva resolución en la que, funde y motive su determinación, únicamente en lo que respecta al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando, concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras Director General de Administración y Actuaria adscrita a la Visitaduría General, ambos del Poder Judicial, y Secretaria de la Contraloría del Gobierno, todos del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, remitieron copia certificada de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, emitida en los autos de la queja administrativa 287/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve y se pronunció respecto al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la existencia de responsabilidad e impone sanción económica a la quejosa. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios 0260/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y oficio SC/DGR/371/2020 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la queja administrativa 287/2017, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la parte quejosa; así como, las consecuencias que de ella derivan. Dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos aquí formulados, se declare incompetencia para resolver el procedimiento administrativo de referencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de uno acto viciado, reclamados a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa.". Inconforme con dicha determinación la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Tercero Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 404/2019 y mediante ejecutoria de nueve de julio de dos mil veinte, determinó modificar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y 2. En su lugar pronuncie una nueva resolución en la que, funde y motive su determinación, únicamente en lo que respecta al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras Director General de Administración y Actuaria adscrita a la Visitaduría General, ambos del Poder Judicial, y Secretaria de la Contraloría del Gobierno, todos del Estado de Morelos.". Por lo anterior, vista la ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 0230/2021, remitió copia certificada de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, emitida en los autos de la queja administrativa 287/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve y se pronunció respecto al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la existencia de responsabilidad e impone sanción económica a la quejosa. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios 0260/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, SC/DGR/371/2020 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio 0230/2021, remitió copia certificada de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, emitida en los autos de la queja administrativa 287/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve y se pronunció respecto al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la existencia de responsabilidad e impone sanción económica a la quejosa. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios 0260/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y oficio SC/DGR/371/2020 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable dejará insubsistente la resolución reclamada; y en su lugar pronuncie una nueva resolución en la que, funde y motive su determinación, únicamente en lo que respecta al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando, concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras Director General de Administración y Actuaria adscrita a la Visitaduría General, ambos del Poder Judicial, y Secretaria de la Contraloría del Gobierno, todos del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, remitieron copia certificada de la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, emitida en los autos de la queja administrativa 287/2017, donde se desprende dejó sin efectos la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve y se pronunció respecto al apartado de individualización de la sanción atendiendo a los lineamientos precisados en la parte final del último considerando de la ejecutoria de amparo, y resuelve nuevamente dicho asunto con libertad de jurisdicción, la cual declaró la existencia de responsabilidad e impone sanción económica a la quejosa. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios 0260/2021 de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y oficio SC/DGR/371/2020 de nueve de abril de dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la licenciada Elizabeth Calderón López, autorizada de la quejosa Gabriela Acosta Ortega, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle Francisco I. Madero, número 203, colonia Miraval, en esta ciudad. En consecuencia, en términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Sergio Chávez Cárdenas, Director General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, mediante el cual informa las gestiones que realiza para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo comunicando que dejó insubsistente el registro de la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos de la queja administrativa 287/2017; y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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