Gabriela Aceves Aceves
Expediente 2380/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2380/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/03/2022
Partes del expediente
- Gabriela Aceves Aceves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado 1307/2022, que signa el presidente auxiliar, actuario y secretario, todos adscritos a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del auto de once de marzo de dos mil veintidós, del que se advierte dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y señaló otra diversa, lo anterior dentro del juicio laboral 90/2021/12-C, de su índice; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento atento a lo que se acordará a continuación. Estado de autos. Del análisis del expediente se advierte que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "- La Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Deje insubsistente el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 90/2021/12-C, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Emplace y notifique a la demandada en el término de ley, en el juicio laboral 90/2021/12-C; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "México Exhibed" ubicada en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta y renta de stands y mobiliarios para expos; Notificar y emplazar a Víctor Manuel Guillen Sosa y Zayra Deyanira Pérez Díaz, en el domicilio ubicado en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello." Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente Auxiliar de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que en el plazo improrrogable de tres días, contados a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector, esto es, de las constancias de emplazamiento y notificación a la parte demandada en el juicio laboral 90/2021/12-C; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "México Exhibed" ubicada en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta y renta de stands y mobiliarios para expos; Víctor Manuel Guillen Sosa y Zayra Deyanira Pérez Díaz, en el domicilio ubicado en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al Presidente Auxiliar de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84 todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia definitiva de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan realizado, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. II. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: - La Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Deje insubsistente el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 90/2021/12-C, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Emplace y notifique a la demandada en el término de ley, en el juicio laboral 90/2021/12-C; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Mexico Exhibed" ubicada en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta y renta de stands y mobiliarios para expos; Notificar y emplazar a Víctor Manuel Guillen Sosa y Zayra Deyanira Pérez Díaz, en el domicilio ubicado en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello." Por tanto, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es otorgar el plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 192 Ley de Amparo. III. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo referido, cumplan con el fallo protector y lo acrediten con las constancias conducentes, o bien, informen las gestiones que se encuentran realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. a) Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa al titular equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, cúmplase
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2380/2021, promovido por Gabriela Aceves Aceves; por propio derecho, contra actos de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Gabriela Aceves Aceves; por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El trece de diciembre de dos mil veintiuno; previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2380/2021, se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que lo es: De la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reclama: ? La actuación de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 90/2021/12-C. Del Actuario Notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reclama: ? La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 90/2021/12-C. (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Mexico Exhibed" ubicada en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta y renta de stands y mobiliarios para expos; Notificar y emplazar a Víctor Manuel Guillen Sosa y Zayra Deyanira Pérez Díaz, en el domicilio ubicado en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco). TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Son ciertos los actos reclamados a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario notificador adscrito, pues así lo confesaron al rendir su informe justificado; al cual, además, anexaron copia certificada del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento laboral 90/2021/12-C; de ahí que deba tense por existente dichos actos. Certeza que se corrobora con las constancias certificadas anexas a su informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los concepto de violación a través del cual se reprocha que las responsables Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario notificador adscrito, vulneraron el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba desahogar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto reclamado a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es el acto que hace consistir en la emisión del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señalaron las once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el procedimiento laboral 90/2021/12-C. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 685, párrafo primero, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Los preceptos transcritos ponen de manifiesto la obligación de la autoridad responsable, de dictar las medidas pertinentes a efecto de que el trámite de los procedimientos que ante ellas se instauran sea inmediato, procurando que los juicios no queden inactivos. También, disponen que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda ante la Junta correspondiente. Precisado ello, tenemos que, en el caso, en nueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable citó de nueva cuenta a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que la fijación de esa hora y fecha contraviene lo dispuesto por el artículo 873 invocado, en razón de que excedió el plazo de los quince días ahí precisados. En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisaran en el siguiente al presente considerando. Así mismo, se recuerda que el acto reclamado al Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, lo constituye la omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, dentro del juicio laboral 90/2021/12-C. En ese tenor, el artículo 750 de la Ley Federal de Trabajo, dispone: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones, o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Del anterior se advierte, que la notificación a que está obligado a realizar el Actuario notificador de la Junta, debe de realizarse dentro de los cinco días a su fecha, esto es cinco días después del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, fecha en que se avocó al conocimiento del conflicto laboral, según manifestación bajo protesta de decir verdad, del quejoso y la diversa responsable; por tanto, si en el caso tenemos la fecha de presentación de la demanda y la fecha que la responsable rindió su informe justificado; resulta inconcuso que el actuar de esta es contraria a lo previsto por la Ley, pues excede evidentemente el plazo de cinco días antes citado. En ese orden de ideas, el actuar del Actuario notificador responsable, resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado al quejoso, es para el efecto de que: - La Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Deje insubsistente el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 90/2021/12-C, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Emplace y notifique a la demandada en el término de ley, en el juicio laboral 90/2021/12-C; (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Mexico Exhibed" ubicada en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta y renta de stands y mobiliarios para expos; Notificar y emplazar a Víctor Manuel Guillen Sosa y Zayra Deyanira Pérez Díaz, en el domicilio ubicado en calle Dioniso Rodríguez, número 2806 y 2810, en la colonia El Porvenir, en Guadalajara, Jalisco). O manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE:
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de enero de dos mil veintidós. Rinde informe justificado. Tengase por recibida la comunicación signada por el Presidente Auxiliar, Actuario Notificador y Secretario, adscritos a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante la cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado y anexan un legajo de copias certificadas, documental la cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley en cita, se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes.Notifíquese; y, cúmplase. Lo proveyó y firma, Zulema Sánchez Ibarra, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargada del despacho, por encontrarse gozando de su período vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/4218/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
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