Gabriel Zapata Nicoli
Expediente 382/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gabriel Zapata Nicoli
Actuaciones
- Principal
Ha fenecido el plazo de diez días para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el diecinueve de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, envíese al archivo; es susceptible de destrucción, a partir de seis meses, ello por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante los avisos fijados el veintitrés de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de diecinueve de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Asimismo, al oficio de cuenta se anexa copia certificada del acuerdo de diez de mayo del año en curso, así como las respectivas cédulas de notificación de diecisiete del citado mes y año, realizadas a las partes, las cuales obran en el juicio DIT-79/2014 de su índice. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, atento a lo previsto por el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer el escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora el H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE se reclama: La omisión de admitir las pruebas ofrecidas por las partes en la AUDIENCIA PÚBLICA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, y La omisión de acordar el escrito presentado en fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis mediante el cual se solicita a la responsable se tenga por autorizados nuevos Apoderados legales del suscrito así como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones." Del análisis de la copia certificada enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que por auto de diez de mayo del presente año, proveyó de la manera que se ilustra: De las imágenes anteriores, se advierte que el Tribunal responsable, 1 se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes; y, 2 proveyó el escrito presentado por el aquí quejoso el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, todo ello por auto dictado el diez de los corrientes, mismo que notificó personalmente a las partes el diecisiete del citado mes y año, tal como se acredita de las cédulas de notificación también acompañadas en copia certificada. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el diez de mayo de dos mil dieciséis, proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, así como lo relativo al escrito presentado ante la responsable el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en segundo lugar, al haber realizado su notificación a la parte quejosa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintisiete de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, en vía de emplazamiento, el cual en lo conducente señala: Se admite la demanda en sus términos y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo del año en curso para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se requiere a las autoridades responsables rindan sus respectivos informes justificados dentro del término de ley. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados en el presente asunto al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo y al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, con registro 02. Por tanto, se ordena el emplazamiento del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por medio de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley citada, al que deberá acompañarse copia de la demanda. Asimismo, por lo que respecta al diverso tercero interesado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, con registro 02, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, primer párrafo, en relación con el 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, túrnese los autos a cualquiera de los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de emplazar a dicho tercero, en su domicilio que se señaló en el escrito inicial de demanda de amparo, a quien deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo y copia autorizada del auto admisorio. De igual forma, deberá requerirle para que en el plazo de tres días legalmente computados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le seguirán practicando en el domicilio en el que se le emplace. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita.
- Principal
Se admite la demanda en sus términos y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo del año en curso para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se requiere a las autoridades responsables rindan sus respectivos informes justificados dentro del término de ley; se ordena el emplazamiento de la parte tercero interesada. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita.
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