Gabriel Vicente Gomez Alvarez

Expediente 906/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
906/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Vicente Gomez Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto de siete de noviembre del año en curso ha causado estado. ARCHIVO: Una vez recabadas las notificaciones de este acuerdo. archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Vistos; los autos del juicio de amparo número 906/2018-VII, promovido por xxxxxxxxxx, y el escrito de cuenta, del que se advierte que el promovente cumple el requerimiento realizado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 27 a 30). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de las causa de improcedencia que se analizará a continuación. En este orden de ideas, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se advierte que uno de los actos reclamados por el quejoso consiste en la determinación del Juez señalado como responsable en la que estableció que no daba curso el incidente de nulidad de actuaciones planteado en contra de una notificación. Al efecto, se considera que dicho acto combatido tiene el carácter de una violación procesal en términos del artículo 170 de Ley de Amparo, al versar sobre aspectos de trámite, ya que el Juez responsable determinó que no daría curso a dicha incidencia; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental que no afecta derechos sustantivos del peticionario de Derechos Humanos; asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata en todo caso, de una violación adjetiva dentro del procedimiento. Se destaca que esos aspectos, en su caso podrán controvertirse en el amparo directo, siempre que las actuaciones practicadas en él afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado de la sentencia, en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por otra parte, por cuanto hace a la determinación en la que se impuso la medida de apremio reclamada -consistente en multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)-, el suscrito Juez de Distrito, estima que dicho acto es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación, previsto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y, por lo tanto, el presente juicio deviene improcedente, pues a través de tal medio de defensa el auto reclamado puede modificarse, nulificarse o revocarse. Al respecto conviene reproducir el contenido de los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." El precepto y fracción de la Ley de Amparo trascritos, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa. En ese orden de ideas, es evidente que el auto en el cual el Juez responsable le impuso la medida de apremio que reclama, se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por ende, previo al juicio de amparo, debe ser combatido a través del recurso de apelación previsto en dicho precepto, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Así, es claro que el promovente no agotó el medio de impugnación ordinario; esto es, el recurso de apelación, previsto por el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí que, en atención al principio de economía procesal, debe desecharse la demanda que se provee. Incluso en un hipotético caso de que la multa no haya sido hecha efectiva, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que la orden de hacer efectiva la multa impuesta en los autos del juicio natural de origen se encuentra supeditada a la voluntad del impetrante, esto es, a la conducta que éste guarde en relación con lo ordenado por el juez responsable. Así como al actuar de dicha autoridad. De ahí que se considere la improcedencia de la demanda de amparo, ya que en esa hipótesis, ello de momento no causa perjuicio alguno, pues no establece en definitiva que haya una situación jurídica en contra del amparista. Al tratarse únicamente de un apercibimiento, cuya materialización depende de la conducta que haya asumido el solicitante de amparo. Incluso, porque de la narración del escrito de cuenta se advierte que a la fecha no se le ha hecho efectiva. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII, del cardinal 61, que analizadas junto con el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, conducen a concluir que debe desecharse el presente asunto por ser notorio e indudable su improcedencia.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del 1. Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro de este Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 906/2018-VII. Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este órgano federal analizó la impetración atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo, específicamente el artículo 114 de la misma. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo, a efecto de que aclare su demanda cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Por su parte, el artículo 108, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, establece para el efecto, lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado señalar con precisión cuáles son las autoridades responsables, el acto en específico que les reclama, así como precisar los hechos que le consten que constituyan los antecedentes del acto reclamado; ello, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el citado dispositivo. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo en el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias para correr traslado a las partes. De la demanda de amparo se advierte que en el capítulo de actos reclamados señala: La abstención y total ausencia de la notificación y/o requerimiento de fecha cuatro de julio del año en curso, en el expediente 2769/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. La ilegal abstención de darle curso y/o trámite a mi incidente de nulidad por defecto en la notificación de cuatro de julio de la presente anualidad. La medida de apremio consistente en una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) fijada por el Instituto Nacional de Estadística. El acuerdo de cuatro de octubre del año actual en el que se confirmó el diverso de treinta y uno de agosto pasado, en el que se le apercibió con la referida medida de apremio. Las medidas de apremio derivadas de la notificación de cuatro de julio de dos mil dieciocho Asimismo indicó como autoridad responsable al Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz. Sin embargo, de los actos que reclama no se advierte ninguno que tenga origen en el actuar de dicha representación social, ya que estos se advierten emitidos en el juicio 2769/2016 del índice del Juzgado señalado como responsable. Por ende, debe precisar el motivo por el que señala a la autoridad nombrada en líneas precedentes o, en su caso, indicar si desiste en nombrarla como responsable. Por otro lado, de la descripción de los actos que señala como reclamados, se aprecia que aparentemente estos se encuentran adminiculados; sin embargo no es claro en señalar qué fue lo que ocurrió el cuatro de julio de dos mil dieciocho, así como qué fue lo que se le notificó; tampoco señaló la fecha en la que interpuso el incidente de nulidad a que hace mención; así como en qué consistió el acuerdo que le recayó a dicha incidencia; qué se proveyó el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho que dice fue confirmado por diverso de cuatro de octubre del año en curso. Del mismo modo, omite señalar qué recurso interpuso contra el referido auto de treinta y uno de agosto citado. Cuáles son las medidas de apremio con las que se le apercibió además de la multa que describe, así como si el apercibimiento con multa ya le fue hecho efectivo. Asimismo, omite señalar la etapa procesal en la que se encuentra el juicio 2769/2016 de donde emanan los actos que reclama. En virtud de lo anterior, no es dable apreciar cuál es el origen del reclamo de la parte quejosa, esto es, cuál es la afectación sustantiva (material) que resiente derivada de ese litigio, lo cual hace oscura la acción constitucional; por eso deberá aclarar su demanda bajo protesta de decir verdad, en los términos siguientes: PRIMERO. Especificar el acto o actos que le atribuye a la autoridad Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia o, en su caso, indicar si desiste señalarlo como responsable. SEGUNDO. Precise que ocurrió el cuatro de julio del año en curso, así como qué fue lo que se le notificó. TERCERO. Manifieste en qué fecha interpuso el incidente del que hace mención y qué fue lo que proveyó el juez responsable. CUARTO. En qué consiste el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho y qué recurso interpuso en su contra. QUINTO. Aclare en qué consistieron las medidas de apremio con las que se le apercibió. SEXTO. Si a la fecha de presentación de la demanda que se provee ya le fue hecho efectivo el apercibimiento de multa que refiere. SÉPTIMO. Especifique el estado procesal en que se encuentra el juicio 2769/2016; es decir, si ya se dictó o no sentencia. Esto, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Así también, hágase del conocimiento de la quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que les consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Consérvense en la Secretaría de este Juzgado las ocho copias de la demanda para mejor manejo del expediente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado a Urbano Uscanga Jiménez, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo y con las restricciones que impone la última parte del párrafo segundo de dicho precepto legal a Elideth Rosales Camacho y Iván Isaías Cruz Palma, que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, no tienen cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, los cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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