Gabriel Ventura Gatica
Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gabriel Ventura Gatica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que declaró cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional, hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes arrojó que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, se avocó al conocimiento del recurso de queja interpuesto en autos, mismo que registró con el expediente Q.A. 3/2021; asimismo, que mediante sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, resolvió en la parte que interesa lo siguiente: (.) ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, contra el acuerdo de ******, dictado en el juicio de amparo *****, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por lo que, se tiene como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. En mérito de lo anterior, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Ahora bien, tomando en consideración los actos reclamados por la parte quejosa en su demanda de amparo, recibida en este juzgado el veinte de noviembre de dos mil veinte (relacionados con la omisión de las autoridades responsables, de implementar medidas económicas y tributarias para hacer frente a la emergencia generada por el virus del COVID-19), y dada la realidad que actualmente vive el País a ese respecto, este órgano jurisdiccional advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos de los actos u omisiones reclamados. Lo anterior es así, pues es ya un hecho notorio y conocido que si bien la pandemia mencionada no se ha dado formalmente por concluida, existiendo incluso la posibilidad de que la enfermedad provocada por el COVID-19 sea reconocida como una enfermedad endémica o permanente, lo cierto es que la realidad social, económica y sanitaria que con motivo de ella enfrenta el país y el resto de la humanidad, es notoriamente diferente a la que existía en dos mil veinte y dos mil veintiuno (cuando la demanda de amparo fue promovida); pues en la actualidad todas las ramas de la economía y el comercio están ya abiertas a su realización sin mayores restricciones, por lo que cualquier medida de mitigación o condonación por parte de las autoridades federales sería, para este momento, innecesaria. En efecto, el catorce de mayo dos mil veinte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; en el que se dispuso la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: 1. Primera etapa. Inició el dieciocho de mayo de dos mil veinte, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; 2. Segunda etapa. Del dieciocho al treinta y uno de mayo del dos mil veinte, consistió en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud. 3. Tercera etapa. Inició el uno de junio de dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Aunado a lo anterior, señaló que el semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias, determina mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros; de la siguiente forma: Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que permitiera evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, y facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. A través del Sexto Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, y con la finalidad de contar con una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permitiera evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades de una manera gradual, ordenada, cuidadosa y eficiente, así como establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expidió los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con el objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México. Además, se dispuso que el color del Semáforo se daría a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. En concordancia con lo anterior, los referidos Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México precisaron que el Semáforo es un sistema categorizado de colores: rojo, naranja, amarillo y verde, que se determina en coordinación con el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se llevará a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales. Importa destacar que en el referido Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, se previó para las actividades esenciales relativas a la seguridad, un Protocolo de medidas sanitarias para el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que se establece, a partir del semáforo en color rojo, la preparación para la reapertura y regreso a laborar del personal de seguridad ciudadana que no lo estaba realizando de manera presencial. Asimismo, por lo que hace al semáforo en color amarillo, en el sector Gobierno, se estableció retomar actividades presenciales todas las oficinas de gobierno, continuando con el proceso de digitalización de trámites y el esquema de citas en las ventanillas de atención, indicando que las personas vulnerables pueden realizar salidas necesarias extremando precauciones de higiene y distancia. En relación con el semáforo color verde, "la nueva normalidad", el referido Plan, por lo que hace al sector Gobierno se estableció que todas las oficinas retoman actividades de manera presencial y que las personas vulnerables pueden salir libremente, manteniendo precauciones. De tal forma, atendiendo a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, las actividades correspondientes al sector "gobierno" y "personas vulnerables", en la "etapa verde", se contempló la llamada "Nueva normalidad", en la que se continúa privilegiando la atención por canales digitales y con mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención. Asimismo, mediante el Septuagésimo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a amarillo, a partir del seis de septiembre de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el quince de octubre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a verde. En tanto que, mediante el Octogésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanecería en verde, el cual subsistiría hasta que se emitiera una nueva determinación. Asimismo, la Secretaría de Salud actualizó el segundo Semáforo Epidemiológico de coronavirus (COVID-19) del año en curso, el cual estaría vigente a partir del día de siete de febrero de dos mil veintidós hasta el veinte de febrero del año en curso, situando a la Ciudad de México en un Semáforo Epidemiológico Amarillo. Finalmente, mediante el Octogésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los datos epidemiológicos, así como la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentra en VERDE a partir del lunes siete de marzo de dos mil veintidós. Disposiciones éstas que, como hecho notorio, rigen también para el resto del país, donde el semáforo epidemiológico se encuentra también en color verde, con la permisión de llevar a cabo cualquier actividad económica o comercial sin ninguna restricción más allá de las simples medidas sanitarias. Así, como se dijo, debe estimarse que las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, aun cuando se llegaran a considerar ciertas, para esta fecha habrían cesado en sus efectos, pues desde el año pasado se han reactivado todas las actividades económicas, gubernamentales, comerciales y sociales en el país, por lo que no impera ya la grave situación que acontecía en dos mil veinte y a inicios de dos mil veintiuno, y que había motivado a personas como la quejosa a considerar que las autoridades responsables estaban obligadas a implementar medidas económicas, financieras y tributarias que les permitieran afrontar una realidad que, se insiste, a la fecha ya no impera, lo cual es un hecho notoria e indiscutible. Así las cosas, al haber sobrevenido la causal de improcedencia en cuestión, este órgano jurisdiccional considera que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia, en tanto que a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del juicio y llegar al dictado de una sentencia donde únicamente se reconocería que la realidad que imperaba en el país al inicio y en las fases críticas de la pandemia del COVID-19, ha quedado superada, por lo que no tendría ningún caso o efecto práctico llegar a condenar a las responsables a la implementación de medidas para enfrentar una realidad que ya no existe. Hágase únicamente del conocimiento de las autoridades responsables el presente acuerdo y realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquense; personal a la parte quejosa y vía electrónica al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este Juzgado.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisionado de Autorización Sanitaria y del Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual exhibe copia certificada del memorándum COFEPRIS-CGJC-3547-2022, del oficio 213300EL353685 (folio correcto), así como de la respuesta fundada y motivada emitida el veintiséis de abril de dos mil veintidós, respecto a la solicitud de autorización sanitaria contenida en el oficio en comento, constancias con las cuales aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos que lo acompañan, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Ahora bien, toda vez que en la sentencia definitiva dictada en el expediente en que se actúa, así como en el auto por el que se declaró ejecutoriada esta, se estableció que el folio 193300EL355183 corresponde a la solicitud de autorización sanitaria, de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, presentada por el quejoso, por ende, es indispensable realizar las siguientes precisiones: De una consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se obtiene que el juicio de amparo 223/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, fue promovido por Gabriel Ventura Gatica, en el que sustancialmente se reclamó la omisión de dar contestación a la solicitud de autorización sanitaria con folio 213300EL353685, como se advierte del análisis al anexo que acompañó el quejosa a su escrito inicial y que obra agregado al expediente físico y al electrónico del juicio en que se actúa. En dicho sumario constitucional se emitió sentencia el cinco de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal; resolución que causó estado por auto de tres de mayo del mismo año. Ahora bien, en este expediente el quejoso, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Comisionado de Autorización Sanitaria en la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). IV. ACTOS RECLAMADOS. La omisión de dictar y notificar en breve término el acuerdo correspondiente a la solicitud presentada el 21 de octubre de 2021, a la que se asignó el folio 213300EL353685, a fin de obtener autorización para consumo con fines lúdicos o recreativos de cannabis." Seguida que fue la secuela procesal, mediante sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Ventura Gatica, en contra del acto y autoridad precisados, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos señalados en el considerando sexto de este fallo". Cabe destacar que los efectos para los que se concedió el fallo protector en el sumario constitucional que nos ocupa, se hicieron consistir en lo siguiente: "En esa tesitura, se concede el amparo al quejoso para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios resuelva, de manera inmediata, fundada y motiva, la solicitud de autorización sanitaria presentada por la quejosa, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, folio 193300EL355183". No obstante ello, se impone señalar que si bien en los efectos para los cuales se concedió el fallo protector se hizo referencia al folio 193300EL355183; lo cierto es que de un análisis integral que se efectúa a las constancias que obran en autos, se advierte que, el número correcto de la autorización sanitaria es 213300EL353685. Circunstancia que se corrobora con la narración de antecedentes efectuada en el considerando cuarto de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, que en la parte conducente a continuación se transcribe: "CUARTO. Existencia de la omisión reclamada. Es cierta la omisión reclamada al Comisionado de Autorización Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, consistente en la omisión en resolver la solicitud de autorización sanitaria para el uso de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas, presentada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, registrada 213300EL353685, presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, pues así lo manifestó al rendir informe justificado." Aunado a ello, obra en autos copia certificada del escrito de solicitud y anexos al que recayó el registro 213300EL353685, las cuales adminiculadas con los razonamientos aludidos, se concluye que es el folio correcto. En relatadas circunstancias, se precisa que el fallo protector en el presente asunto se concedió respecto resolver de manera inmediata, fundada y motivada la solicitud de autorización sanitaria presentada por la quejosa el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, folio 213300EL353685, aclaración que se realiza para los efectos legales conducentes; sin que modifique en modo alguno el sentido, alcance y efectos de la ejecutoria de amparo, a la cual le reviste el carácter de cosa juzgada; en tanto únicamente se trata de la cita correcta del folio del que deriva la abstención reclamada en el presente sumario constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la autoridad responsable interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por este Juzgado Federal el cinco de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó lo siguiente: "(.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Ventura Gatica, en contra del acto y autoridad precisados, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos señalados en el considerando sexto de este fallo (.)". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto se destaca que, en la sentencia emitida por este juzgado, se concedió el amparo, para el siguiente efecto: "(.) el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios resuelva, de manera inmediata, fundada y motiva, la solicitud de autorización sanitaria presentada por la quejosa, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, folio 193300EL355183." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el plazo de seis días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de superior jerárquico, de la autoridad directamente obligada para que en el plazo de seis días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero y 194, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Por último, se requiere a las autoridades, obligada y superior jerárquico, para que en el plazo de seis días, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, se determine si es el caso vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese.
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