Gabriel Venegas Rodríguez
Expediente 718/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fiscalía de Distrito, Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
- Gabriel Venegas Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, atendiendo que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales previa depuración, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos con los que se da cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, por medio del cual se tiene al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo peticionado por este Juzgado mediante oficio 21622/2021, de fecha veintiocho de septiembre del dos mil vente. Ahora bien es dable señalar, que del informe en comento, se advierte que la referida autoridad, hace del conocimiento a este Juzgado, que en fecha veintidós de septiembre del dos mi veintiuno, en los autos de la causa penal 7941/2021, del índice de la referida autoridad informante, se calificó y ratificó de legal la detención y retención de Gabriel Venegas Rodríguez, respecto de la formulación de imputación que le hizo el representante social, por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, previsto en el artículo 123, 136, fracción II, inciso b), en relación con el 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ilícito cometido en perjuicio de las víctimas Marco Antonio Zubia López, Luis Gerardo Bolly Carvajal, Oscar René Cárdenas Zubia, Francisco Javier Serrano Hernández y Joshua Manuel Zubia López, por hechos cometidos el diecinueve de septiembre del dos mil veintiuno, a las quince horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio ubicado en calle Ejercito Nacional y Fráncico Villareal Torres, en esta ciudad, que por lo anterior, se le impuso la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, informa que la diligencia de continuación de audiencia inicial, de veintiséis de septiembre del dos mil veintiuno, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Gabriel Venegas Rodríguez, por los aludidos hechos, y por consecuencia se ordenó de inmediato la libertad del referido imputado aquí quejoso. En tales condiciones, como lo informa la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos de los que se duele el justiciable, consistente en la privación de su libertad e incomunicación que les reprocha a las autoridades responsables, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si en el caso, el acto materia de reclamo, lo hace consistir el quejoso, en la privación de su libertad e incomunicación atribuidos a las autoridades responsables señaladas en la demanda por comparecencia, por lo tanto, se hace patente entonces, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice ser objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la detención ejecutada fuera de procedimiento y en la actualidad, por los motivos de su detención, se le dictó un auto de no vinculación a proceso, ordenándose por consecuencia su inmediata libertad, el veintiséis de septiembre del dos mil veintiuno; por consiguiente, los actos reclamados en esta vía constitucional, dejaron de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia en análisis. Cabe puntualizar que en efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil veintiuno, Jorge David Paredes Salazar, se apersonó a promover demanda de amparo en contra de la privación de la libertad e incomunicación del quejoso Gabriel Venegas Rodríguez, por lo que, se concedió la suspensión plano, se requirió al directo quejoso a fin de que ratificara la demanda de amparo promovida a su favor, y en auto de veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitaron los informes justificados a las diversas autoridades señaladas como responsables. Y atención a los actos reclamados, se requirió al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informara la situación jurídica que guardaba del directo quejoso, y en atención a ello informó que en continuación de audiencia inicial de veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 7941/2021, decretó auto de no vinculación a procesado, a favor de Gabriel Venegas Rodríguez, respecto del delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, previsto en el artículo 123, 136, fracción II, inciso b), en relación con el 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de las víctimas Marco Antonio Zubia López, Luis Gerardo Bolly Carvajal, Oscar René Cárdenas Zubia, Francisco Javier Serrano Hernández y Joshua Manuel Zubia López, por hechos cometidos el diecinueve de septiembre del dos mil veintiuno, a las quince horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio ubicado en calle Ejercito Nacional y Fráncico Villareal Torres, en esta ciudad; y que por consecuencia se ordenó la inmediata libertad del imputado aquí quejoso Gabriel Venegas Rodríguez. Informe el anterior, que tiene valor preponderan, y del que se advierte que al ahora quejoso en la causa penal 7941/2021, del índice de la autoridad informante, se le decretó aun auto de no vinculación a procesado y se ordenó la inmediata libertad de Gabriel Venegas Rodríguez. Por tanto, al haberse dictado el auto de no vinculación a proceso y decretado libertad del quejoso Gabriel Venegas Rodríguez, la situación jurídica del mismo, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención e incomunicación, que reclama el impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Ahora bien, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de no vinculación a proceso y decretado su libertad, es claro que se actualiza en el presente juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por ende, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 516, página 339, del Tomo VI, relativo a la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 1995, número de registro 394472, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Consecuentemente, se dejan sin efecto la audiencia constitucional programada para las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de octubre del dos mil veintiuno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
QUEJOSO: Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos con los que se da cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, por medio del cual se tiene al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento a lo peticionado por este Juzgado mediante oficio 21622/2021, de fecha veintiocho de septiembre del dos mil vente. Ahora bien es dable señalar, que del informe en comento, se advierte que la referida autoridad, hace del conocimiento a este Juzgado, que en fecha veintidós de septiembre del dos mi veintiuno, en los autos de la causa penal 7941/2021, del índice de la referida autoridad informante, se calificó y ratificó de legal la detención y retención de Gabriel Venegas Rodríguez, respecto de la formulación de imputación que le hizo el representante social, por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, previsto en el artículo 123, 136, fracción II, inciso b), en relación con el 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ilícito cometido en perjuicio de las víctimas Marco Antonio Zubia López, Luis Gerardo Bolly Carvajal, Oscar René Cárdenas Zubia, Francisco Javier Serrano Hernández y Joshua Manuel Zubia López, por hechos cometidos el diecinueve de septiembre del dos mil veintiuno, a las quince horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio ubicado en calle Ejercito Nacional y Fráncico Villareal Torres, en esta ciudad, que por lo anterior, se le impuso la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, informa que la diligencia de continuación de audiencia inicial, de veintiséis de septiembre del dos mil veintiuno, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Gabriel Venegas Rodríguez, por los aludidos hechos, y por consecuencia se ordenó de inmediato la libertad del referido imputado aquí quejoso. En tales condiciones, como lo informa la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos de los que se duele el justiciable, consistente en la privación de su libertad e incomunicación que les reprocha a las autoridades responsables, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si en el caso, el acto materia de reclamo, lo hace consistir el quejoso, en la privación de su libertad e incomunicación atribuidos a las autoridades responsables señaladas en la demanda por comparecencia, por lo tanto, se hace patente entonces, que se produce un cambio de la situación jurídica por cuanto hace a los actos de que dice ser objeto, ya que inicialmente, la afectación a su libertad era con motivo de la detención ejecutada fuera de procedimiento y en la actualidad, por los motivos de su detención, se le dictó un auto de no vinculación a proceso, ordenándose por consecuencia su inmediata libertad, el veintiséis de septiembre del dos mil veintiuno; por consiguiente, los actos reclamados en esta vía constitucional, dejaron de tener vida legal al haber sido sustituidos jurídica y procesalmente, lo que sin lugar a dudas conlleva a que se actualice en el caso concreto, la causal de improcedencia en análisis. Cabe puntualizar que en efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, en fecha diecinueve de septiembre del dos mil veintiuno, Jorge David Paredes Salazar, se apersonó a promover demanda de amparo en contra de la privación de la libertad e incomunicación del quejoso Gabriel Venegas Rodríguez, por lo que, se concedió la suspensión plano, se requirió al directo quejoso a fin de que ratificara la demanda de amparo promovida a su favor, y en auto de veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo y se solicitaron los informes justificados a las diversas autoridades señaladas como responsables. Y atención a los actos reclamados, se requirió al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informara la situación jurídica que guardaba del directo quejoso, y en atención a ello informó que en continuación de audiencia inicial de veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 7941/2021, decretó auto de no vinculación a procesado, a favor de Gabriel Venegas Rodríguez, respecto del delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, previsto en el artículo 123, 136, fracción II, inciso b), en relación con el 19 y 75 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de las víctimas Marco Antonio Zubia López, Luis Gerardo Bolly Carvajal, Oscar René Cárdenas Zubia, Francisco Javier Serrano Hernández y Joshua Manuel Zubia López, por hechos cometidos el diecinueve de septiembre del dos mil veintiuno, a las quince horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio ubicado en calle Ejercito Nacional y Fráncico Villareal Torres, en esta ciudad; y que por consecuencia se ordenó la inmediata libertad del imputado aquí quejoso Gabriel Venegas Rodríguez. Informe el anterior, que tiene valor preponderan, y del que se advierte que al ahora quejoso en la causa penal 7941/2021, del índice de la autoridad informante, se le decretó aun auto de no vinculación a procesado y se ordenó la inmediata libertad de Gabriel Venegas Rodríguez. Por tanto, al haberse dictado el auto de no vinculación a proceso y decretado libertad del quejoso Gabriel Venegas Rodríguez, la situación jurídica del mismo, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención e incomunicación, que reclama el impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Ahora bien, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de no vinculación a proceso y decretado su libertad, es claro que se actualiza en el presente juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por ende, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 516, página 339, del Tomo VI, relativo a la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 1995, número de registro 394472, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Consecuentemente, se dejan sin efecto la audiencia constitucional programada para las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de octubre del dos mil veintiuno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a dicha autoridad, informando que el inculpado Gabriel Venegas Rodriguez, fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, de esta ciudad, el día veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo la audiencia de control de detención; en esa virtud, gírese oficio al A quo antes mencionado, a fin de que en un término no mayor a los TRES DÍAS, hábiles y siguientes al de su notificación, informe a este Juzgado, la situación jurídica que guarda del inculpado en mención, aquí quejoso, a fin de proveer lo conducente en el juicio de amparo en que se actúa; apercibido que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado se le impondrá una multa equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene a la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, en alcance al oficio FGE-14S.3/3/1/4928/2021, mediante el cual informa el cumplimiento que realizó a la suspensión de plano decretada en el juicio de amparo en que se actúa, haciendo del conocimiento de este Juzgado, que dicha suspensión fue a nombre del quejoso Gabriel Venegas Rodriguez y no al nombre asentado en el oficio antes citado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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