Gabriel Solorzano Sotelo

Expediente 45/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
45/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Solorzano Sotelo
  • Director del Centro de Reinsercion Social En Esta Ciudad de 16uala Crc Con Domicilio Conocido En Tuxpan.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese al presente asunto el oficio del secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, a través del cual remite copia certificada del testimonio de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja penal 60/2023, de su índice. Acúsese el recibo de estilo. Dicha ejecutoria en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. El recurso de queja es INFUNDADO." Archivo y anotaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente principal. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda, en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, alguno de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo general citado. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguense a los autos para que obren como correspondan las boletas de turno relativas al recurso de queja interpuesto por ********************, en representación de ********************, contra el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, de las cuales se advierte que dicho recurso quedo radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación, vía electrónica del juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga disponible el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, esté en aptitud legal de visualizarlo y relacionarlo con el recurso que corresponda, para la tramitación del medio de impugnación en que se trata. Lo anterior, hágase del conocimiento del referido Tribunal Colegiado antes mencionado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Recurso de queja Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito de ****, en representación de ****, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Asimismo, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), registre oportunamente los datos y la información que resulta del ejercicio de sus funciones; asimismo, habilite, vía interconexión, todas y cada una de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa, y las haga disponibles a fin de que la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, se encuentre en aptitud legal de visualizarlas, y en consecuencia, turne el asunto al tribunal colegiado que corresponda, para la tramitación del recurso de queja de que se trata. Se ordena a la Secretaria encargada del expediente que vigile que este sea remitido debidamente integrado. Se autoriza a la Secretaria para que firme el oficio respectivo. Notifíquese por lista a la parte agraviada.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, en representación de ****, contra actos del director del Centro de Reinserción Social en Iguala de la Independencia, Guerrero, y otras autoridades. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 45/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral de la demanda se advierte que, respecto de la orden de traslado reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX y fracción XXIII en relación a los numerales 6 y 15, todos de la ley de la materia, que establecen, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el caso, ****promovió la demanda en representación de ****. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución de once de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Aldama, Alarcón e Hidalgo, mediante la cual califica de legal el traslado de *****. Por lo tanto, dada la naturaleza de ese acto, es claro que no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis previstas en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, que permita a ****, promover la demanda en representación de ****. En términos del numeral 6 del ordenamiento legal en cita, los quejosos podrán promover el juicio de amparo por sí, por su representante legal, por su apoderado o incluso por conducto de su defensor, sin embargo, en el caso conforme a lo narrado en la demanda no se desprende la actualización de tales supuestos. Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, faculta a cualquier persona a promover el juicio en nombre del agraviado pero, siempre y cuando éste se encuentre imposibilitado para ello, pues dicha facultad no es absoluta sino que se encuentra restringida a las hipótesis contenidas en dicho precepto legal. En ese sentido, por su naturaleza el acto aquí reclamado no se encuentra contemplado dentro de los supuestos del citado artículo, esto es que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, era necesario que ***** promoviera la demanda de amparo por propio derecho, al no actualizarse los supuestos de los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo invocados, dado que la naturaleza del acto reclamado imposibilita su promoción por un tercero. Por otro lado, se advierte una diversa causa de improcedencia, esto es, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. Ahora es menester precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, entre ellos, el de los traslados voluntarios, involuntarios y los que ocurren de manera excepcional o urgente, sin previa autorización judicial. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Conforme al artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado involuntario es instaurado previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Además, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. El traslado urgente o excepcional implica una determinación administrativa cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. En cualquiera de esos supuestos, la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Respecto a la determinación administrativa proceden dos medios de defensa legal para combatirla: el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Ahora, conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslado, la cual podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo 117 prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada a través de los medios legales de defensa referidos (apelación o controversia judicial). Bajo este marco, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que contra la orden de traslado urgente o excepcional que se reclama a una autoridad administrativa sin autorización judicial previa es procedente la controversia judicial prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, refirió que no se actualiza algún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte: a) Contempla un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa puede ser modificada, revocada o nulificada; b) El recurso o medio de defensa que contempla tiene potencial para suspender los efectos del acto reclamado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva sin exigir mayores requisitos que los que consigna la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; c) Finalmente, el medio de defensa se encuentra previsto en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso, pues si bien es cierto el juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Aldama, Alarcón e Hidalgo, realizó la calificativa del traslado de ****; por lo tanto, éste tiene la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación, tal y como lo prevé el artículo 52 de la Ley de Nacional de Ejecución Penal, que prevé: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley." En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, con relación con los numerales 6 y 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente. "

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · 3,053 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano