Gabriel Sedeño Alvarez
Expediente 616/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 43 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 15/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriel Sedeño Alvarez
- Juez Mixto de Primera Instancia del Septimo Distrito Judicial del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el oficio del Operador Telegráfico mediante el cual informa que no fue entregado el telegrama que contiene el oficio 50390 para la Jefa de Administración de Recursos Financieros en Región Nezahualcoyotl, licenciada Adriana Patricia Romano Ramírez, ya que no existe en el domicilio proporcionado para el envío. En virtud de lo anterior se ordena reenviar vía correo el mencionado oficio, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Devuélvase al Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, las constancias remitidas. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la tercero interesada Biridiana Javan Rosales, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación del auto y resolución que menciona el actuario adscrito, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la citada tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. NOTIFÍQUESE. ---Se notifica a la parte tercero interesada Biridiana Javan Rosales, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido de los acuerdos de quince, dieciséis y resolución de diez, todos de noviembre de dos mil dieciséis, mismo que de manera sintetizada señala: "Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la tercero interesada Biridiana Javan Rosales, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación del auto y resolución que menciona el actuario adscrito, el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la citada tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. NOTIFÍQUESE." --"Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio 561/2017, signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 616/2017 y dos anexos; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y notifíquese personalmente a las partes la resolución dictada por el Juzgado Auxiliar de mérito, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." ---Resolución de diez de noviembre de dos mil diecisiete, cuyos puntos resolutivos indican: "Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo establecido por los artículos 8°, 17, segundo párrafo, 103 y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 61 fracción XVIII, 63 fracciones IV y V, 73, 74, 75, 76, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gabriel Sedeño Álvarez, por los motivos asentados en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto del Acuerdo General 54/2008, modificado por el diverso 53/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 442/2017, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, ante el licenciado Martín Vázquez Morales, Secretario que autoriza y da fe, el diez de noviembre de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado. (Rúbricas)."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio 561/2017, signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 616/2017 y dos anexos; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y notifíquese personalmente a las partes la resolución dictada por el Juzgado Auxiliar de mérito, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. sentencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete: Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído y sentencia de fechas que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio 561/2017, signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 616/2017 y dos anexos; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y notifíquese personalmente a las partes la resolución dictada por el Juzgado Auxiliar de mérito, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 616/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, promovido por Gabriel Sedeño Álvarez, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 2 a 25 de autos), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Gabriel Sedeño Álvarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: 1.- C. Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, del Estado de Morelos; [.] Ejecutoras: 2.- El ciudadano Actuario Adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, del Estado de Morelos; [.] 3.- Juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Chalco Estado de México, [.] 4.- Actuario adscrito al juzgado Primero Familiar del distrito judicial de Chalco, Estado de México, [.] 5.- Juzgado Segundo Familiar del distrito Judicial de Chalco, Estado de México, [.] 6.- Actuario adscrito al juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Chalco, Estado de México, [.] 7.- Jefa de Administración de Recursos Financieros en Región Nezahualcóyotl, Lic. Adriana Patricia Romano Ramírez, de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, (SEIEM-SEP). Pagaduría número 300. 8.- Pagaduría número 000, dependiente de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, (SEIEM-SEP), [.] IV. ACTO RECLAMADO. 1. De la ordenadora, le reclamo la ilegal orden emitida en mi contra, para realizar el descuento del 35% treinta y cinco por ciento sobre mis salarios. 2. De las ejecutoras, les reclamo la ejecución material del descuento del 35% treinta y cinco por ciento sobre mis percepciones." Acto que consideró violatorio de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisó los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. En acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (foja 28 y 29 de autos), el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda, registró la demanda con el número de expediente 616/2017, la admitió a trámite, dando la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, así también, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 147 de autos). TERCERO. Por oficio 115/2017 de diez de octubre de dos mil diecisiete, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (foja 2 del cuaderno auxiliar), se ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo indirecto 616/2017, al Centro Auxiliar de la Séptima Región, en términos de los Acuerdos Generales 54/2008, 67/2008, 27/2011 y 53/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar número 442/2017; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013 (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil quince); punto quinto, apartado 7, del Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que derogó al diverso 17/2012, que a su vez derogó el 11/2011, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto Primero del diverso Acuerdo número 54/2008, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, modificado mediante los diversos acuerdos 27/2011 y 53/2011 del mismo órgano colegiado; punto primero del Acuerdo General 67/2008 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; oficio STCCNO/913/2015 de dieciocho de mayo de dos mil quince, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que comunica que este órgano jurisdiccional apoyará en el dictado de las sentencias al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca; y la circular CAR1/CCNO/2012, del trece de junio de dos mil doce, del índice de la indicada Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla los lineamientos correspondientes para el envío de los asuntos remitidos a este órgano jurisdiccional; en atención a que los actos reclamados fueron atribuidos a autoridades con domicilio dentro del ámbito de competencia del órgano de control de constitucionalidad, al que este Juzgado Auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 163998, del texto siguiente: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien esto juzga procede a precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias del presente juicio de amparo; además, con apoyo en la Jurisprudencia 19, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 195745, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También es aplicable la Jurisprudencia 70, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Apéndice 2000, número de registro 900070, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado." De la misma forma, apoya lo anterior la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de un análisis integral de la demanda de garantías y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: ? La determinación de doce de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se decretó la pensión alimenticia provisional a favor de los menores Gabriela y Jonathan ambos de apellidos Sedeño Javán, hijos del ahora quejoso; dictada en el juicio de Controversia familiar sobre Guarda, Custodia y Alimentos Definitivos 390/2016 promovido por Biridiana Javán Rosales contra el amparista, del índice de la responsable; así como su ejecución. CUARTO. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Al caso, es aplicable la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Es cierto el acto reclamado a la Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, consistente en la determinación de doce de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se decretó la pensión alimenticia provisional a favor de los menores Gabriela y Jonathan ambos de apellidos Sedeño Javán, hijos del ahora quejoso; dictada en el juicio de Controversia familiar sobre Guarda, Custodia y Alimentos Definitivos 390/2016 promovido por Biridiana Javán Rosales contra el amparista, del índice de la responsable; así como su ejecución; ya que así se aprecia de sus informes justificados (fojas 73 y 74, 76 y 77de autos) y de las constancias que la responsable adjuntó en copias certificadas del juicio indicado. Aunado a ello, se debe decir que los elementos de convicción relativos a las documentales indicados en el párrafo precedente, que adquieren valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Como apoyo a las consideraciones precisadas, es adecuado citar el criterio Jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 231, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad." Cobra aplicación en este supuesto, la Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Las autoridad responsable Juez Segundo Civil de primera Instancia de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, actuario de su adscripción; así como el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco y actuario de su adscripción, todos del Estado de México, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la determinación de doce de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se decretó la pensión alimenticia provisional a favor de los menores Gabriela y Jonathan ambos de apellidos Sedeño Javán, hijos del ahora quejoso; dictada en el juicio de Controversia familiar sobre Guarda, Custodia y Alimentos Definitivos 390/2016 promovido por Biridiana Javán Rosales contra el amparista, del índice de la responsable; así como su ejecución, sin que de autos se obtenga que la parte quejosa hubiere desvirtuado con prueba alguna dichas negativas. En esa línea de pensamiento, el impetrante no desvirtúo la inexistencia del acto reclamado, aún y cuando se le dio vista con los informes justificados rendidos por dichas responsables. Resulta aplicable a la anterior consideración, en lo conducente la tesis número VI.2o.32 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, de junio de 1996, registro 201964 del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." No obstante lo anterior, la interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de un informe con justificación no es determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que lo contrario puede ser demostrado por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos. En tal tesitura, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de garantías, se deduce que no se comprobó la existencia del acto reclamado, pues no se aportó al sumario prueba alguna fehaciente e idónea para tal fin, situación a la que estaba obligada la quejosa. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número VI. 2º. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, Agosto 1994, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, página 77, registro 210769 del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese orden de ideas, atendiendo a la naturaleza del acto que aquí se controvierte y al no haber aportado la impetrante medio de convicción alguno con que se acredite fehacientemente su existencia, aún y cuando, se insiste, se le dio vista con el respectivo informe justificado, consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento, por la inexistencia del acto ya mencionado, a ellas atribuidos. En la especie resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, Sexta Época, página 236, cuyo rubro y texto establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado. QUINTO. (CAUSALES DE IMPROCEDENCIA). Previamente al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Segunda Parte, Tomo VI, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que el suscrito advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, numeral que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, la fracción transcrita, establece uno de los principios básicos del juicio de amparo, el principio de definitividad, y conforme a este principio, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente por todos los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto. En el caso concreto, del contenido íntegro de la demanda de amparo, así como de las aludidas constancias certificadas del juicio de marras 390/2016 del índice de la responsable, se advierte que el aquí quejoso es parte dentro del procedimiento de origen citado, por ende, se encuentra obligado a agotar el recurso de revocación contra la determinación que decreta provisionalmente los alimentos en su contra, y a favor de sus menores hijos Gabriela y Jonathan ambos de apellidos Sedeño Javán, el cual se encuentra previsto en los artículos 119, 120, 556 fracción I y 566 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, como se acreditará a continuación. Los artículos 119, 120, 556 fracción I y 566 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen textualmente lo siguiente: ".ARTÍCULO 119.- REVOCACIÓN DE LOS PROVEÍDOS. Los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicta y no requieren motivación. ARTÍCULO 120.- REVOCACIÓN DE LOS AUTOS. Los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Deben contener una motivación y los preceptos legales en que se apoyen. ARTÍCULO 556.- DE LOS RECURSOS LEGALES. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación y reposición; II. Apelación, y III. Queja. ARTÍCULO 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso." De la interpretación sistemática de los mencionados preceptos se obtiene, en lo que aquí interesa, que contra el proveído por el que se decretaron provisionalmente los alimentos en favor de los menores Gabriela y Jonathan ambos de apellidos Sedeño Javán, procede el recurso de revocación; por tanto, en el juicio de origen resulta procedente el recurso en comento. En efecto, no debe perderse de vista que el auto ahora combatido es un acto de ejecución irreparable, desde el momento en que los alimentos pagados durante el juicio, no son restituibles en el procedimiento, pero ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Asimismo, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe ser acatado cabalmente cuando se reclama la determinación que decreta alimentos provisionales, en virtud de que ni en la disposición legal aplicable ni en la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación se ha señalado a éste, como un caso de excepción en que pueda omitirse su cumplimiento. Luego, es incuestionable que deviene improcedente el presente juicio de amparo, en razón de que al ser el aquí quejoso Gabriel Sedeño Álvarez, parte demandada en el procedimiento de origen, debió agotar el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la determinación que decreta la medida provisional de alimentos, no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Aunado a que, en el caso a estudio, no nos encontramos ante el supuesto de un tercero extraño al juicio de origen, en razón de que tal como se advierte de las constancias derivadas del procedimiento de origen, el quejoso es parte demandada en éste. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C.266 C, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Civil, Novena Época, registro 165622 que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL AUTO QUE LOS DECRETA ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El auto que decreta alimentos provisionales es un acto de ejecución irreparable, de los que refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde el momento en que los alimentos pagados durante el juicio, no son restituibles en el procedimiento, pero ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." También se invoca la tesis IX.3o.3 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, ubicada en la página 1135 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia(s): Civil, Novena Época, registro 174802 que refiere: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DONDE AQUÉLLOS SE FIJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe acatarse cuando se reclama la medida provisional de alimentos que se fija en el auto admisorio de demanda, puesto que este proveído, aun cuando sólo se combata respecto de esa proposición, es impugnable a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 254, 936, 937, 946 y 947 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que tratándose del señalado acto reclamado no opera alguna excepción legal o jurisprudencial para omitir el cumplimiento del destacado principio de definitividad." De igual manera, se cita la tesis VI.2o.C.364 C emitida por el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 927 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, Materia(s): Civil, registro 182898 que señala: "ALIMENTOS PROVISIONALES. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA. De conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe ser acatado cabalmente cuando se reclama la resolución que decreta alimentos provisionales, en virtud de que ni en la disposición legal citada ni en la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación se ha señalado a éste como un caso de excepción en que pueda omitirse su cumplimiento." Asimismo, es aplicable al caso, el criterio que contiene la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, publicada en la página 1816 del tomo XXIII, marzo de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624 que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Se cita también la Jurisprudencia VI. 2. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en página 401, registro 224841 misma que es del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Así como la diversa tesis en Materia Común, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en página 786, registro 229167 que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. RECURSOS ORDINARIOS, ES NECESARIO AGOTARLOS AUNQUE SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Cuando la ley ordinaria que rige la materia de un procedimiento del que derivan los actos reclamados, establece recursos mediante los cuales se pueda revocar, modificar o confirmar el acto que se reclama por la inconforme, deben agotarse previamente estos recursos, antes de la interposición del juicio de garantías, porque no puede dejarse al arbitrio de esta última el acudir al juicio de amparo, actualizándose la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, lo procedente es sobreseer en términos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio, impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232302 que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Como colofón, debe decirse que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1./J. 22/2014 (10.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Registro No. 2 005 917 que refiere: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Además, también es de invocarse la tesis aislada 1. CXCVIII/2014 (10) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes veintitrés de mayo de dos mil catorce, Décima Época, Materia Constitucional, Registro No. 2 006 472 de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". También sustenta lo anterior, la tesis emitida en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, página 2066, Registro No. 2 002 537 que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Asimismo, es respaldo de lo antes expuesto, el criterio sostenido en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, página 1306, Registro No. 2 002 270 que establece: "CONTROL EX OFFICIO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, y de conformidad con el párrafo 339 de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", las autoridades judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, máxime si deriva de un planteamiento específico de las partes, sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo." Igualmente, la tesis LXXXIV/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y visible en la página 890, Registro No. 2 003 109 cuyo rubro y texto informan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Y, la tesis CCLXXVI/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y visible en la página 530, Registro No. 2 002 359 cuya literalidad informa: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. SEXTO. (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Una vez que cause ejecutoria dicha sentencia, dígase a las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3°, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el numeral 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo establecido por los artículos 8, 17, segundo párrafo, 103 y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 61 fracción XVIII, 63 fracciones IV y V, 73, 74, 75, 76, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gabriel Sedeño Álvarez, por los motivos asentados en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto del Acuerdo General 54/2008, modificado por el diverso 53/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 442/2017, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, ante el licenciado Martín Vázquez Morales, Secretario que autoriza y da fe, el diez de noviembre de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado. (Rúbricas).
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