Gabriel Sánchez Durán
Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriel Sánchez Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, se tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, del estado procesal de autos se advierte que se tuvo por recibido el acuse de recibo del oficio 6706 dirigido al Juez Décimo Sexto de Primera Instancia, con residencia en Xalapa, Veracruz; por tal motivo, y en razón de que en el párrafo que antecede se tuvo al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, aceptando la competencia planteada por este Juzgado. En ese sentido, remítase al aludido Juzgado, el acuse de recibo 6706, para los efectos legales a que haya lugar dentro del juicio de amparo 319/2023/M7B de su estadística, dejando copia del mismo en autos. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso j) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, téngasele devolviendo los autos del juicio de amparo 912/2022 y un tomo, al manifestar que no se encuentra glosada en el expediente la promoción con registro 21152, con la cual se dio cuenta en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, con absoluto respeto y consideración, no se comparten las razones que tuvo el juez para remitir el asunto, ello en razón de que la promoción a que hace alusión, se recibió de manera electrónica, tal y como se expresó en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, por lo que en acatamiento al artículo 3, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, la misma no fue impresa y ni agregada físicamente al expediente impreso. Aunado a lo antes expuesto, hágasele del conocimiento al homólogo federal de referencia, que se encuentra habilitada la consulta del expediente electrónico, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario. En mérito de lo anterior, remítase los autos del juicio de amparo 912/2022, así como un tomo de pruebas, al Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que se encuentre en condiciones de pronunciarse en relación a la aceptación de la competencia planteada por este Juzgado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 912/2022, y; RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el trece de octubre de dos mil veintidós y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional,********************, promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 4). SEGUNDO. Admisión. Por auto de catorce de octubre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 9 a 13). TERCERO. Trámite. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 19); así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito vía oficio, cuyo acuse de recibo corre agregado a foja dieciocho. Además, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar vía exhorto a los terceros interesados ********************, los cuales fueron emplazados al presente juicio como se advierte de las constancias que obran vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el registro 21152, sin que hayan comparecido al presente asunto. Consecuentemente, se tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Incompetencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, carece de competencia legal para resolver el presente juicio constitucional. En primer término, es necesario determinar en la especie el acto reclamado en esta instancia constitucional; al respecto, en la demanda de amparo indirecto se observa que el quejoso señaló como autoridad responsable ordenadora al Juzgado Décimo sexto de Primera Instancia, con sede en Xalapa, Veracruz. También se observa que señaló como acto reclamado: "1. La omisión de declarar y certificar la rebeldía dentro del juicio ordinario civil 136/2022, en la que ha incurrido la parte demandada, al no dar contestación a la demanda instaurada en su contra, conforme a lo previsto en los artículos 218 y 220 del código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. 2. La omisión de resolver la petición de llamado del c. ******************** en calidad de tercero coadyuvante de la demandada, propuesto por la institución asegurada, en razón de la supuesta participación de dicha persona como conductor de la unidad vehicular de la parte demandada. 3. ...omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz." En el capítulo de antecedentes de dicha demanda se destacó, en lo conducente: "1.- El suscrito interpuesto juicio ordinario civil en contra de ********************. y su aseguradora, con motivo de daños permanentes a la integridad del suscrito, causados por un accidente de tránsito el cual fue radicado ante el Juzgado Décimo sexto de Primera instancia con sede en Xalapa, Veracruz, bajo el número de juicio 136/2022/I. 2.- Toda vez que la persona demandada ********************., no acudió a dar contestación en el plazo señalado, el 23 de mayo de2022, se solicitó se declarara y certificada su rebeldía. 3.- A través de las manifestaciones rendida por la institución aseguradora, fue solicitado que se llamara a juicio al C. ******************** en calidad de operador de la unidad vehicular de la parte demandada. Ya que esta parte quejosa no advirtió elemento alguno que vinculara a esa persona con el accidente de tránsito, el pasado 20 de junio de 2022, se solicitó a la autoridad responsable que denegara la solicitud para que fuese llamado dicho tercero, así también para que señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 219 del código adjetivo. 4.- El 11 de julio de 2022, se realizó una atenta solicitud a la autoridad responsable para que resolviera lo conducente sobre la petición realizada. 5.- Mediante excitativa de justicia presentada el 12 de agosto de 2022, se exhortó a la autoridad responsable a resolver las peticiones realizadas, relativas a la declaración de rebeldía, resolución sobre el llamado del tercero y señalar fecha y hora para la audiencia que se indica, sin que a la presente fecha se hayan resuelto dichas cuestiones." (foja 3). (De constancias, se advierte que el libelo que refiere la parte quejosa, corresponde al escrito de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, recibido en la misma fecha por la autoridad responsable). Luego, del análisis integral de la demanda del juicio constitucional, como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Se advierte que, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar lo solicitado por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable relativo al juicio ordinario civil 136/2022; en el sentido de declarar rebeldía a la parte demandada, resolver lo relativo al llamado del tercero propuesto por la compañía aseguradora, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Ahora, una vez establecido el acto reclamado, se procede analizar si este Juzgado es competente para conocer dicho acto; por ello, para demostrarlo resulta oportuno señalar que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo encuentra su origen constitucional dentro del artículo 107, fracción VII, que establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Y, es el artículo 37 de la Ley de Amparo donde se fijan las reglas de competencia, al establecer: "Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo anterior, la competencia del Juez se fija a partir de tres supuestos: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar qué Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2015, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, "en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real." Lo que necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado, para los efectos del presente estudio, resulta orientador acudir a lo sostenido por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 343/2019, entre los sustentados por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, donde al respecto estableció que los actos se dividen de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias en: 1. Positivos. 2. Negativos. - Actos negativos simples; - Actos negativos con efectos positivos; - Actos prohibitivos. 3. Omisivos o abstenciones. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: I) actos negativos simples; II) actos negativos con efectos positivos; y, III) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Entonces, a partir de que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado, corresponde verificar si la omisión de acordar lo solicitado por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 136/2022, por parte de la autoridad encargada del procedimiento produce efectos y/o consecuencias para las partes. De manera que resulta necesario atender a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer y segundo párrafos señala: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." El anterior numeral en su segundo párrafo, deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, sobre el cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que consagra los principios: a) de justicia pronta; b) de justicia completa; c) de justicia imparcial; y, d) de justicia gratuita. De manera que, si esa garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencias tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2007, Tomo XXVI, Novena Época, con número de registro 171257, que lleva por rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En este contexto, se obtiene que dentro de la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, se encuentra el derecho de todo gobernado a obtener justicia pronta, traducida en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables. Consecuentemente, la omisión de acordar una solicitud en los plazos previstos por la ley, para los efectos del juicio de amparo, en principio constituye una paralización del procedimiento civil y por otro implica un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta. Violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el pronunciamiento, en este caso, lo relativo declarar y certificar la rebeldía que incurrió la parte demandada al no dar contestación a la demanda, resolver sobre el llamado en calidad del tercero coadyuvante de la demandada, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia 219 del código adjetivo de la materia de origen. De ahí que se diga que tal acto no constituye una omisión simple, sino que trae aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque paraliza el ejercicio efectivo del derecho a la justicia al no culminar el procedimiento jurisdiccional con el dictado de la sentencia, mientras se encuentre detenido las etapas procesales para su culminación. Motivo por el cual, y recordando que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es de concluirse que la omisión reclamada en esta instancia constitucional dentro de un juicio ordinario civil tiene ejecución material, pues puede tener alcances materiales en el mundo fáctico que impliquen esa ejecución material; al conllevar un principio de ejecución en la medida que la finalidad del acto reclamado es para que el juez responsable dé continuidad al proceso de origen, y actúe conforme a las disposiciones de la mencionada legislación; dado que al emitirse los actos omisivos reclamados, forman parte de los elementos fundamentales del derecho de acceso a la justicia ya que la autoridad jurisdiccional no tiene la opción sino la obligación de emitirlo. En virtud de lo expuesto, en la especie, se estima que la decisión jurisdiccional del tribunal de amparo implica necesariamente un principio de ejecución en la actitud omisa de la autoridad responsable con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, pues con la posible concesión del amparo se obligaría a la autoridad a realizar un acto procesal al dictar la resolución correspondiente en el procedimiento civil radicado en dicha ciudad, a fin de que se emita la resolución correspondiente; por tanto, es claro que en el caso se surte la hipótesis del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que estatuye que el juzgador competente, entre otros, es aquél quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, esto es, donde el acto reclamado tendrá su principal impacto y repercusión en el municipio de Xalapa, Veracruz, lugar donde se encuentra radicado el juicio ordinario civil (en el caso, un acto omisivo con efectos positivos). Por tanto, si el acto reclamado deriva de un procedimiento civil tramitado ante el Juez Décimo Sexto de Primera Instancia, con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz y éste conlleva consecuencias materiales, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos, atendiendo el principio de expeditez en la administración de la justicia acorde con lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal, con el fin de lograr la eficacia del proceso y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, lo que es acorde a los principios del debido proceso, acceso efectivo y seguridad jurídica; entonces, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, de conformidad con el punto Segundo, fracción VII, párrafo quinto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se declara la INCOMPETENCIA LEGAL de este tribunal para resolver el presente asunto y se estima que resulta competente para hacerlo el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Sirve de respaldo a la conclusión aquí alcanzada, en relación con la concepción del Máximo Tribunal de la República de los actos omisos con consecuencias materiales, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." (Lo subrayado y resaltado es propio de esta sentencia) El criterio aquí alcanzado fue avalado y confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 13/2021 el dieciocho de enero de dos mil veintidós, deducido del juicio de amparo 274/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. También orienta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio y su cuaderno de pruebas, al Juez de Distrito en turno en Xalapa, Veracruz, a fin de que, de estimarlo así, resuelva el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y sistema electrónico respectivos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por ********************. SEGUNDO. Remítanse los originales del presente expediente al Juez de Distrito en turno en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para los efectos precisados en esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene remitiendo diligenciado el exhorto número 479/2022-E/II/AC, del índice de este Juzgado. Dese de baja el exhorto de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en este Juzgado. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esas condiciones, ténganse por legalmente emplazadas a las citadas terceras interesadas Sociedad Cooperativa de Autotransportes Banderilla, S.C.L. y Qualitas Compañía de Seguros, S.A.********************, para los efectos legales procedentes, y en atención a las constancias de notificación de las que se advierte que los mencionados terceros fueron notificados por medio lista de acuerdos publicada el trece de diciembre del presente año; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de diecisiete de noviembre del actual, y se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado hacer las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, al citado tercero interesado. Notifíquese en términos de ley.
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