Gabriel Saavedra Maya

Expediente 257/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
257/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Saavedra Maya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con sede en San Luis Potosí, capital, por el cual acusa recibo del oficio 11559/2019 por el que le fue devuelto el duplicado del expediente laboral 258/2018/M-4 de su índice, que acompañó a su informe justificado. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecisiete de septiembre del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente y se determinó que no es de relevancia documental, quedando pendiente únicamente determinar su destino archivístico. En ese contexto, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el cómputo a efecto de saber si transcurrió el término a la autoridad responsable y al tercero interesado, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en la ciudad de San Luis Potosí, las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en el duplicado del expediente laboral 258/2018/M-4, de su índice, en un tomo; solicitándole el acuse respectivo. En ese sentido, una vez que se reciba el acuse de recibo de mérito se proveerá lo relativo al archivo del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio, signado por la Presidenta el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, al que anexa el duplicado el expediente laboral 258/2018/M-4 de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de prueba. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Gabriel Saavedra Maya, es: La omisión de llevar a cabo todos y cada uno de los actos válidos y eficaces para lograr que tenga verificativo el desahogo de la audiencia inicial. En ese contexto, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma norma, que a la letra establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del precepto transcrito, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consecuentemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en mención, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Entendiéndose por estos elementos, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que la circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia constitucional, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal; pues aun cuando en el caso se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados, estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión llevar a cabo los trámites para lograr el desahogo de la audiencia inicial, en los autos del expediente laboral 258/2018/M-4 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Ahora, de las copias certificada que la autoridad responsable exhibió como justificación de sus actos, se desprende el acta correspondiente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del expediente laboral 258/2018/M-4 de su índice, cuya falta de desahogo reclamó el quejoso; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Actuaciones que tienen como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo de la afectación de los derechos fundamentales del demandante de amparo, (la afectación del derecho consagrado en el artículo 17 constitucional) pues es evidente que la responsable emitió una determinación que tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenía antes de la violación constitucional, En tales condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el Tribunal responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite sea borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional deja sin efectos la hora y fecha y señaladas para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve). No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio, signado por la Presidenta el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, al que anexa el duplicado el expediente laboral 258/2018/M-4 de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de prueba. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Gabriel Saavedra Maya, es: La omisión de llevar a cabo todos y cada uno de los actos válidos y eficaces para lograr que tenga verificativo el desahogo de la audiencia inicial. En ese contexto, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma norma, que a la letra establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Del precepto transcrito, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consecuentemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en mención, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Entendiéndose por estos elementos, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que la circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia constitucional, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal; pues aun cuando en el caso se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados, estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. En ese sentido, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el quejoso reclama la omisión llevar a cabo los trámites para lograr el desahogo de la audiencia inicial, en los autos del expediente laboral 258/2018/M-4 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí. Ahora, de las copias certificada que la autoridad responsable exhibió como justificación de sus actos, se desprende el acta correspondiente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, en los autos del expediente laboral 258/2018/M-4 de su índice, cuya falta de desahogo reclamó el quejoso; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Actuaciones que tienen como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo de la afectación de los derechos fundamentales del demandante de amparo, (la afectación del derecho consagrado en el artículo 17 constitucional) pues es evidente que la responsable emitió una determinación que tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenía antes de la violación constitucional, En tales condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el Tribunal responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite sea borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional deja sin efectos la hora y fecha y señaladas para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con cincuenta minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve). No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente.

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