Gabriel Ruiz Angeles

Expediente 474/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
474/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Ruiz Angeles
  • A.G.R.S y Otros.
  • GABRIEL RUIZ ANGELES y Otros.
  • M.J.R.S. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En atención al estado procesal que guardan los presentes autos y de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido. Por tanto, al resultar innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente 359/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, mismas que fueron remitidas por la autoridad antes mencionada, como anexo a su informe justificado; por tanto, remítase a dicha responsable el expediente en cita. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, del oficio suscrito por la Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que por oficio 5209/2020, remitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y recibido en este juzgado el día tres de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual, anexan copia del testimonio de la resolución del amparo en revisión 151/2020, de veinticuatro de junio de dos mil veinte, mediante el cual confirman la sentencia recurrida, en el sentido de que por una parte se sobresee y por la otra se concedía el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Gabriel Ruiz Ángeles, en representación de los menores A.G.R.S y M.J.R.S., en consecuencia, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, y al actuario segundo de su adscripción, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veinticuatro de junio de dos mil veinte, por una parte se sobresee y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: La Juez responsable ordene dar vista a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes sobre la situación que prevalece en el auto de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, que declaró como único y universal heredero a Gabriel Ruiz Ángeles (aquí representante de los menores quejosos), en el expediente 362/2014, del registro del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, pues no hizo del conocimiento la existencia de los menores quejosos como herederos, para que promueva las acciones o medios de defensa ordinarios y extraordinarios que estime pertinentes en defensa de los intereses de los menores; y en caso que estime pertinente la jurisdicente familiar, exhortar a otras dependencias competentes para que restituya a los menores en sus derechos. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, remitió el oficio 1514/2020, anexando copia certificada del proveído de catorce de ese mismo mes y año donde dejó sin efecto todo lo actuado en a partir del auto dictado con fecha ocho de enero del año dos mil quince, en el que se declaró al señor RAYMUNDO MIRANDA MIRANDA, único y universal heredero, así mismo, se deja sin efecto la sentencia de adjudicación dictada con fecha 12 doce de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, para los efectos legales correspondientes, en consecuencia, se ordena notificar a los menores A.G.R.S. Y M.J.R.S. (de identidad reservada), por conducto de su señor padre GABRIEL RUIZ ANGELES para que se presenten ante este juzgado, a deducir y justificar sus derechos hereditarios a bienes de la finada DIANA AIDE SOTO ARMENTA, dentro del término de 30 treinta días improrrogables, contados a partir del día siguiente de hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto por e/ artículo 493 párrafo tercero del Código de Procedimientos Familiares para esta Entidad Federativa. En consecuencia, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes sobre la situación que prevalece en el auto de fecha diecinueve de septiembre del año 2014 dos mil catorce, que declaró como único y universal heredero a GABRIEL RUIZ ANGELES (aquí representante de los menores quejosos), en el expediente 362/2014, del registro del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".la juez responsable ordene dar vista a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes sobre la situación que prevalece en el auto de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, que declaró como único y universal heredero a Gabriel Ruiz Ángeles (aquí representante de los menores quejosos), en el expediente 362/2014, del registro del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, pues no hizo del conocimiento la existencia de los menores quejosos como herederos, para que promueva las acciones o medios de defensa ordinarios y extraordinarios que estime pertinentes en defensa de los intereses de los menores; y en caso que estime pertinente la jurisdicente familiar, exhortar a otras dependencias competentes para que restituya a los menores en sus derechos.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado suplementariamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, agréguese a los autos el oficio número 13639/2019 suscrito por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión hecho valer por el tercero interesado Raymundo Miranda Miranda, contra la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, formándose el amparo en revisión civil número 542/2019, y solicita se remita a dicho Tribunal Colegiado, el tomo de documentales formado en proveído de dos de septiembre del dos mil diecinueve, en el presente juicio. Ahora bien, en atención a lo anterior y en alcance al oficio número 3021/2019-1B, de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, remito las documentales consistentes en un tomo; lo anterior, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Raymundo Miranda Miranda, mismo que quedo registrado en ese Tribunal Colegiado.

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