GABRIEL ROMÁN CASTRO TORRES y Otros.

Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • GABRIEL ROMÁN CASTRO TORRES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, recibido vía interconexión, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor y mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Gabriel Román Castro Torres, contra actos de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla y otras autoridades, por lo que la radicó bajo el número ***.***¨¨. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, al haberse declinado competencia en el asunto a diverso órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MSA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que por auto de veinte de enero del año en curso se declinó por razón de territorio la competencia de la demanda de amparo, promovida por *******.......*****, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y otras autoridades, al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con Residencia en San Andrés Cholula, en Turno. Ahora bien, de la certificación de cuenta, se conoce que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con Residencia en San Andrés Cholula, le tocó conocer de dicha demanda, sin que al momento haya informado al respecto; en consecuencia, solicítesele tenga a bien informar si aceptó la competencia declinada, para los efectos legales que haya ha lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *******....****, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número *****..***. Incompetencia por razón de territorio Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como del lugar de ejecución de dichos actos, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: ".III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridades responsables en calidad de ordenadoras a la C. ****..***, Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla y al C. *****..*** Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. Y en calidad de ejecutoras a la C. ******:..****, Secretaria de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla y al C. ******...****, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, así como de todas y cada una de las corporaciones policiacas en materia de movilidad, vialidad y seguridad pública que ellos dirigen, como titular superior jerárquico, de manera indistinta, en virtud de no diferenciar su actuación por materia o jurisdicción en operativos. De igual forma al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura y titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Puebla de los Ángeles, Puebla. IV.-ACTOS RECLAMADOS: 1. La violación Constitucional de garantizar el libre tránsito en todo el territorio nacional como lo establece el artículo 112 de la Carta Magna por parte de las autoridades responsables, al imponer una obligación carente de sustento legal de solicitar un permiso para poder ingresar en los límites territoriales de su entidad federativa y principalmente en su ciudad capital, para estar en un tiempo determinado limitarme a solicitarlo en determinadas veces y de no hacerlo condenarme al pago de una infracción ilegal y contraria al estado de derecho y principio de legalidad que garantiza la Constitución, esto al decretar el denominado "Pase Turístico Puebla" pues como lo establece dicho numeral a su texto fiel, que indica: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, ya las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país..." Y el suscrito quejoso, soy ciudadano del estado de Oaxaca, con placas de circulación expedidas por el estado de Oaxaca con número TMJ-76-66, no puedo ser obligado a solicitar un permiso para ingresar en dicho territorio lo que es a todas luces carente de sustento legal y violatorio a lo que establece la Constitución Federal, toda vez que el de la voz tengo el derecho y la libertad garantizada por la Carta Magna de transitar por todo el Territorio nacional sin limitación, ya sea por trabajo o por esparcimiento, no puede detenerme ningún elemento policiaco, cuestionarme o solicitarme dicho pase turístico ni infraccionarme por no contar con él, ni mucho menos verme obligado a realizar un pago por el incumplimiento de una disposición inconstitucional. 2. La violación a la Constitución de la República, al someter el decreto del "Pase Turístico Puebla" al criterio discriminatorio, selectivo y de restricción, al determinar que son exentos de dicho "Pase Turístico Puebla" los habitantes de la denominada Megalópolis, es decir, los habitantes con placas de circulación expedidas por los gobiernos de los Estados como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, lo que se traduce en que los habitantes del estado de Oaxaca y de las demás entidades federativas no somos reconocidos como iguales, siendo una evidente discriminación, violentando lo consagrado por el artículo 1° de la Carta Magna, el cual reza lo siguiente: "...Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pues como se puede observar, dicha disposición del gobierno del estado de Puebla, atenta contra la dignidad humana, es discriminatoria por considerar que los ciudadanos que no somos habitantes o no contarnos con placas de circulación expedidas por los gobiernos de los estados de las entidades federativas enunciadas con antelación no somos iguales y necesitarnos como obligación solicitar un permiso para ingresar y transitar en dicho territorio de lo contrario seremos sancionados, esto evidentemente menoscaba los derechos y libertades de las personas y ciudadanos de esta nación y de nuestra ley suprema. Cabe señalar que es importante señalar lo que establece el artículo 2 de la Carta Magna, pues establece que: "Artículo 20. La Nación Mexicana es única e indivisible." Es decir, que no se puede coartar para ningún ciudadano el derecho constitucional de libre tránsito por el territorio nacional. 3. La violación Constitucional a los preceptos de legalidad consagrado en el artículo 16° de la Carta Magna, por parte de las responsables en calidad de ordenadoras al decretar el "Pase Turístico Puebla" y por parte de las responsables ejecutoras al vigilar y sancionar el cumplimiento de dicha disposición ilegal y contraria a derecho por parte de los ciudadanos discriminados que no pertenecernos a la denominada megalópolis, en virtud de ello, y por ser habitante del estado de Oaxaca solicito el amparo y protección solicitando dicho amparo en el presente circuito, pues tengo el temor de no poder ingresar al estado de puebla y ser sancionado, asimismo, porque la presente autoridad jurisdiccional es federal. El denominado "Pase Turístico Puebla", es una disposición contraria a derecho, al principio de legalidad, toda vez que carece de sustento legal y de fundamentación como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. La violación constitucional a lo establecido por el artículo 117 fracción IV de la Carta Magna, el cual establece que: "Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio..." Pues como lo establece el numeral antes invocado, el vigilar, sancionar y obligar a los ciudadanos que no pertenecernos a la Megalópolis a tramitar el denominado "Pase Turístico Puebla" es discriminatorio, ilegal y carente de sustento legal, rotundo y notoriamente contrario a los preceptos constitucionales que rigen a nuestra nación...."" Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". Por su parte, los artículos 37 de la Ley de Amparo previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora bien, en el caso, se aprecia que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional controvirtiendo el decreto denominado "Pase Turístico Puebla". En ese sentido, al reclamarse una norma general, la aplicación de los preceptos normativos impugnados corresponderá a la autoridad del lugar en donde deban acatarse, pues una norma heteroaplicativa constituye un acto que amerita ejecución material en el lugar en el que los gobernados deban dar cumplimiento a sus determinaciones, en el caso concreto, en el Estado de Puebla, pues es en este lugar donde el quejoso va ocasionalmente por ocupaciones laborales o personales y en él se ejecuta el acto de aplicación del decreto "Pase Turístico Puebla" para trámite y permanencia. En efecto, el acto de aplicación a que hace referencia el quejoso, consistente en el trámite denominado "Pase Turístico Puebla" dado que se implementó bajo ciertas reglas específicas para su tramitación, limitando y obligando el tiempo de permanencia y sancionando la omisión de trámite para ingresar en el Estado de Puebla. Lo que se corrobora con los antecedentes del acto reclamado, en los que la quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: ".ANTECEDENTES El suscrito quejoso, soy habitante de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, cuento con placas de circulación expedidas por el gobierno del estado de Oaxaca y debido a mis ocupaciones laborales y en ocasiones por cuestiones personales o vacacionales, me traslado al estado de puebla, a su ciudad o debo atravesar el estado ya sea por la ciudad o por los libramientos vehiculares, esto lo he realizado sin restricción alguna, hasta que me enteré en el mes de diciembre del año 2022 pasado que el gobierno del estado de puebla a partir del día primero de enero del presente año 2023, decretará el uso y trámite del denominado "Pase Turístico Puebla" bajo ciertas reglas específicas para su tramitación, limitando y obligando el tiempo de permanencia y sancionando la omisión de trámite para ingresar en el territorio del estado de Puebla, lo que es contrario a derecho y que me ocasiona perjuicios y vulnera mis derechos humanos fundamentales como lo son el libre tránsito por todo el territorio nacional sin limitación o menoscabo alguno sin que vulnere mis derechos, asimismo me discrimina pues al determinar que el suscrito al no ser ciudadano de los estados que integran la llamada megalópolis, debo ser obligado a solicitar un permiso para ingresar, transitar y permanecer en el estado de puebla, o seré sancionado con una multa económica, y esto a todas luces no puede ser legal ni procedente, toda vez que el criterio de tramitología establece que cada 6 meses puedo tramitar dicho pase hasta por 14 días, sin embargo esta medida contraria a derecho me es insuficiente y violatoria a mis derechos humanos fundamentales y los consagrados por la Constitución pues por mis actividades laborales debo ir al estado de puebla hasta dos veces por semana y el mismo sistema de tramite me impide acceder, motivo de ello solicito el amparo y protección de la justicia federal del poder judicial de la federación a partir de este circuito y del que se sitúa en el estado de puebla para que me permita, haga valer y garantice la libertad constitucional con que cuento como mexicano y oaxaqueño, sin que me detengan cuestionen sobre la tenencia del "Pase Turístico Puebla" y no me puedan sancionar a falta de este, pues las acciones encaminadas a esta disposición ilícita por parte de las responsables ordenadoras y ejecutoras son contrarias a derecho y al principio de legalidad constitucional." Por tanto, es evidente que este juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto, sino el Juez de Distrito, con residencia en el Estado de Puebla; pues acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: VI. SEXTO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa.". Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Cholula, Puebla, los que ejercen jurisdicción en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, lugar de residencia de algunas autoridades que emitieron dicha determinación "Pase Turístico Puebla" y que a decir del quejoso, se trata del primer acto de aplicación de la "Pase Turístico Puebla", que en vía de amparo reclama. Orienta tal consideración, la Jurisprudencia, con número de registro 175360, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006, página 201, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ EL LUGAR EN QUE SE HAYA REALIZADO DICHA APLICACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa contra el primer acto de aplicación del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, con motivo de la prestación del servicio público de despacho o trámite aduanero realizado por operaciones reguladas en la Ley Aduanera, es aquel bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se hayan realizado los actos de las autoridades aduaneras, consistentes en: a) la recepción del pedimento de importación donde consta el pago del derecho de trámite aduanero; b) la revisión del pedimento y del pago respectivo; y, c) la práctica del reconocimiento aduanero." Así como la Tesis V.2o.P.A.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2054, Décima Época, con número de registro 2003246, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA UNA LEY HETEROAPLICATIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA APLICÓ, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben observarse para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, una de las cuales, según su párrafo primero, establece que si el acto reclamado es susceptible de ejecución, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde aquél deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Sin embargo, ni el citado dispositivo ni algún otro aplicable al caso, disponen que las reglas para determinar la indicada competencia territorial, aplicarán siempre y cuando la autoridad involucrada en algún grado de ejecución del acto impugnado, hubiera sido señalada como responsable en el juicio de amparo. Consecuentemente, si se impugna la constitucionalidad de una ley heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra, por razón de territorio, el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad que aplicó dicha norma, no obstante que aquélla no hubiera sido señalada como responsable, pues de otra manera, se dejaría al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, por el solo hecho de no señalar como autoridad responsable a aquella que aplicó la ley. Así también la jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Séptima Parte, Página: 88, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Así como la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 134, del Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución". Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, EN TURNO, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, el expediente principal del presente juicio de amparo y las demás copias de demanda de amparo, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Cuaderno de antecedentes Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados, únicamente para recibir notificaciones a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente el promovente, y tratarse el presente asunto de naturaleza administrativa. Correo electrónico y número telefónico Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, toda vez que de autos no se advierte que la parte quejosa tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, instrúyase al Actuario que podrá emplear dichos medios como comunicación procesal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano