Gabriel Rodriguez Hernandez
Expediente 1496/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1496/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gabriel Rodriguez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo. En esas condiciones y para evitar dilaciones procesales, se ordena enviar al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el ocurso de agravios, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, para su substanciación. Asimismo, se ordena rendir el informe correspondiente, manifestando a la superioridad que es cierto que este órgano jurisdiccional dictó el proveído recurrido. Instrúyase al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que vincule el presente asunto con el expediente electrónico del Tribunal que conozca del medio de impugnación presentado. Integración del expediente. De igual manera, conforme al artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese; por oficio al tribunal aludido. Mesa I
- Principal
CITATORIO: Se notifica por medio de lista al quejoso el proveído de once de diciembre del año en curso, cuya síntesis dice: "Recepción. Agréguense los comunicados provenientes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa que dicho tribunal declaró carecer de competencia legal por razón de vía, por lo que remite las constancias del juicio de amparo directo ***, que trae adjunto el oficio 7337, donde el Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, rinde su informe justificado; asimismo, envía copia certificada del expediente ***, de su índice, así como un legajo de constancias del mismo. Ahora, con las constancias remitidas, ante la dificultad en su digitalización, con fundamento en los artículos 22, in fine, y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena formar por separado dos cuadernos auxiliares, identificados como tomos I y II, los cuales estarán a disposición de las partes en la mesa de trámite correspondiente para su consulta y, en su caso, se tendrán a la vista al momento de emitirse el fallo respectivo; en el entendido de que se continuará actuando en el expediente principal. En consecuencia, este órgano de control se avoca al conocimiento del asunto y se provee: Recepción de demanda. Se recibe la demanda promovida por ***, contra actos de la Titular y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, así como del Notario Público Sesenta y Tres, todos de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1496/2023-I. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: El acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el expediente ***, en el que se ordena la firma de escritura del inmueble materia del litigio. Ahora, es dable puntualizar que de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que el propio quejoso interpuso recurso de apelación en contra del proveído aquí reclamado, mismo que fue admitido en efecto devolutivo por acuerdo de veintinueve de septiembre del presente año. Partiendo de esa base, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que en su literalidad expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado (.)". De la interpretación del numeral transcrito, se concluye que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que no existan otros recursos o medios ordinarios o simultáneos que se encuentren tramitando conjuntamente con el amparo que se promueve. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando concurren los siguientes requisitos: Que haya sido el propio peticionario de amparo quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicite el amparo; Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se promueva el juicio constitucional; y, Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Cabe precisar que el primer elemento mencionado, en realidad exige dos condiciones, la primera es que en el medio ordinario de defensa se impugne el mismo acto que fue reclamado en el juicio de amparo, y la segunda, que ambos medios de defensa, ordinario y extraordinario, hayan sido promovidos por el propio solicitante de amparo. En el caso, se actualizan las citadas condiciones, pues en contra del acto reclamado consistente en el auto en el que se ordena la escrituración del inmueble materia de la litis de origen, interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de enviarse a la sala que así corresponda, tal y como se advierte de las copias certificadas de las constancias que obran por separado (foja 746 del tomo I). Por lo tanto, si del tomo mencionado se hace notar que el aquí promovente optó previo al juicio de amparo, el agotamiento del recurso de apelación establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, ya no está en la factibilidad jurídica de solicitar, antes de que se resuelva el citado medio ordinario de defensa, el amparo, ya que sólo podrá acogerse a los beneficios del juicio constitucional, en su caso, contra la resolución que resuelva el recurso o medio de defensa hecho valer con preeminencia a la acción constitucional, toda vez que si existe la posibilidad de optar entre este y el juicio constitucional, y si se prefiere a aquéllos cualquiera que sea, entonces, es manifiesta la voluntad del agraviado de someterse a la potestad jurisdiccional común. De lo que se concluye que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que aún se encuentra pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el propio promovente, por virtud de los cuales pudiera ser modificado, revocado o nulificado el auto combatido en el presente sumario constitucional, así como sus efectos y consecuencias. En este sentido, es dable puntualizar que las constancias indicadas se tienen a la vista, ya que el presente asunto fue promovido como amparo directo y, el juez primigenio, cumpliendo con los requisitos que señala el artículo 178 de la Ley de Amparo, envío copia certificada, al tribunal colegiado en turno, de todo lo actuado en el sumario natural, por lo que posteriormente dicho tribunal al declararse legamente incompetente por razón de la vía, remitió dos tomos de copias certificadas, mismas que obran por separado. Así, los documentos apuntados tienen el carácter de públicos, por lo que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, basta con que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario de defensa contra el acto reclamado, para que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos de la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, independientemente de que no se haya admitido por la sala correspondiente, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Sustenta el razonamiento expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, tomo VII, junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196114, que dice: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado en ***. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a ***, al contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico. Se permite a la parte quejosa mediante el usuario ********************, lo anterior de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tribunal aludido."
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