Gabriel Rodriguez Avendaño
Expediente 458/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gabriel Rodriguez Avendaño
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 458/2023-IX. Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 458/2023-VIII. Puebla, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, promovida por *******, en nombre y representación de su esposo ******, contra actos del Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Se descarta urgencia. De inicio, conviene precisar que la demanda fue presentada físicamente por *******, en nombre y representación de su esposo *******, y entre los actos -de los cuales solicita la suspensión de plano- que la primera intenta combatir en representación del directo quejoso, están los siguientes: "La indebida orden de Cateo llevado a cabo el día 03 de mayo del año en curso, en la cocina económica *******, ubicada en la carretera ******- *******, kilómetro ******* de la Ciudad de *******, ********, Puebla. El abuso de autoridad. La indebida detención que hicieron en contra de mi esposo ********. La violación a mis derechos fundamentales plasmado en los artículos 5.1, 5.2, 8, 24 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La violación de los derechos humanos plasmados en los artículos 1, 8, 14 y 16 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. .". Todo lo cual atañe a las autoridades responsables Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y los elementos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación citadas en la demanda. Sin embargo, tales manifestaciones resultan insuficientes para actualizar la suspensión de plano -solicitada en el capítulo correspondiente-, de los actos que sostiene en su demanda. Esto es así, ya que los mencionados actos no se tratan de los previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, pues no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se afirma lo anterior, dado que el cateo y la posterior detención que pretende reclamar la promovente, derivarían de carpetas de investigación o causas penales tramitadas bajo las reglas del sistema penal acusatorio, motivo por el cual encuadran en la hipótesis de actos dentro de procedimiento. Máxime, que incluso del capítulo correspondiente a los conceptos de violación vertidos en el escrito de demanda, se advierte que al parecer los actos atañen a una orden de aprehensión, la cual debe ser emitida por autoridades jurisdiccionales y cumplimentada por autoridades ministeriales, sin que en el caso se hubieran señalado como responsables a autoridades judiciales, lo cual tampoco le daría a los actos reclamados el carácter de urgente a fin de realizar pronunciamiento sobre la suspensión de plano, como lo pretendió la promovente. Ello basta para descartar los actos transcritos, de las hipótesis urgentes que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues los actos que pretende reclamar la promovente, emergen de carpetas de investigación o causas penales, es decir, de procedimientos ministeriales o jurisdiccionales, razón por la cual no puede considerarse que se ubiquen en la hipótesis ocurridas fuera de procedimiento, que menciona el invocado artículo 15. Por tanto, debe descartarse la urgencia en la tramitación de este juicio de amparo. Desechamiento. Precisado lo anterior, procede el desechamiento de plano de la demanda de amparo, bajo el siguiente argumento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" 2 . En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Debido a que de la lectura integral que se hizo a la demanda, permite descartar supuestos de representación legal en los que estuviera la promovente, por ejemplo, ser apoderada del quejoso y con esto legitimación para ejercer la acción de tutela constitucional respecto de los actos transcritos. Bajo ese contexto, debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la falta de legitimación que deriva del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, es necesario indicar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de tutela constitucional sólo puede promoverlo el gobernado a quien le afecte el acto, omisión o ley que se reclama. Ello, porque el objetivo del juicio de amparo se traduce en reparar las violaciones que determinado acto, omisión o ley de autoridad, hubiera generado sobre los derechos del quejoso.3 De modo que la orden de cateo y la posterior detención que pretende reclamar la promovente, así como la violación a los derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y la Convención interamericana de Derechos Humanos, sólo puede combatirlos el quejoso en forma directa, es decir, por derecho propio, dado que ningún supuesto de representación legal tiene la promovente, según se desprende de la solicitud de amparo. Sobre todo porque la promovente no ofreció algún documento que acredite un supuesto de representación legal, conforme al cual pueda combatir los actos transcritos, en representación del quejoso. Además porque la orden de cateo y la posterior detención que pretende reclamar la promovente, constituyen actos dentro de procedimiento porque su origen deriva de carpetas de investigación o causas penales tramitadas con las reglas del sistema penal acusatorio. Lo cual impide ubicar los actos transcritos, en la hipótesis de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, como también se explicó. Al hilo de lo apuntado, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia que descansa en la falta de legitimación, derivada del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5 fracción I, de la Ley de Amparo, que impacta en los actos reclamados en la demanda, en particular los que fueron transcritos en acápites precedentes. En otras palabras, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, porque la promovente no acreditó estar en algún supuesto de representación legal para combatir en nombre del quejoso, la orden de cateo y posterior detención, que de ninguna forma pueden subsumirse en las hipótesis de gravedad, previstas en el comentado numeral 15. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61 fracción XXIII, y 5 fracción I, de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de protección presentada por ******, en nombre y representación de su esposo *******. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis del tenor siguiente4 : "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Notificación por lista. De la demanda de amparo se observa que la promovente señaló las listas físicas de este juzgado, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, así como a través de correo electrónico y de forma telefónica para los mismos efectos. Hágase saber a la promovente que, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, el único medio electrónico de notificación procesal autorizado es mediante el uso de la firma electrónica, esto es, a través del nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, se toma nota del correo electrónico y teléfono indicados en la demanda, para ser utilizados como medios de contacto en caso de que exista una circunstancia extraordinaria; sin embargo, no constituyen medios procesales de notificación. Pero se deja establecido que las notificaciones de carácter personal serán a través de las listas físicas que se publican en este órgano jurisdiccional. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de manera personal (por lista) y cúmplase.
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