Gabriel Rodriguez Aguirre

Expediente 311/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
311/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Rodriguez Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda intentada en esta vía constitucional; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción d), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Rodríguez Aguirre, contra actos del Juez Oral de lo Penal del Distrito Cuarto del Poder Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora; regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 311/2022-4. Desechamiento Ahora bien, a efecto de determinar la procedencia de la acción de amparo, es menester precisar el acto reclamado a partir del cual se hace valer conforme las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. De la lectura de la demanda, se obtiene que el quejoso reclama de la autoridad Juez Oral de lo Penal del Distrito Cuarto del Poder Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, la determinación de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 548/2021, en la que se negó su solicitud de diferir la audiencia intermedia. Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto consentido, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". El precepto transcrito establece como causa de improcedencia el consentimiento tácito de los actos reclamados, al no promover el juicio de amparo en los plazos previstos; sobre el tema, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos legales anteriores, se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional por regla general debe realizarse dentro de los quince días siguientes y cómo se debe de computar dicho plazo. Ahora, del escrito de demanda, el propio quejoso indica que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el mismo día de su emisión, es decir, el diecisiete de enero de dos mil veintidós. Por tanto, conforme al 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo comenzó a computarse a partir del día siguiente del conocimiento del acto reclamado, por lo que transcurrió del dieciocho de enero al ocho de febrero de dos mil veintidós, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero, así como cinco, seis y siete de febrero, todos del mismo año, por ser inhábiles. Además, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción previsto por alguna de las fracciones del numeral 17 de la ley de la materia. Bajo esa tesitura, resulta inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -catorce de marzo de dos mil veintidós-, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso promoviera juicio de amparo contra el acto reclamado, había transcurrido; lo que pone de manifiesto la presentación extemporánea de su demanda respecto al acto reclamado y su consentimiento tácito. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII- Enero 2011, página 5, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En tales condiciones, al actualizarse de forma y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de la misma ley, se desecha de plano la demanda que se trata. Domicilio y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio procesal y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Ramón Gatelum Gastelum, Alvaro Meza Luna y María de Jesús Gastelum Payan y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto, en días y horas inhábiles. Exhortación al uso de medios electrónicos No obstante, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, con excepción del quejoso, se exhorta a la parte quejosa que de ser posible realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano