Gabriel Robles Espinosa

Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
624/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Robles Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mesa II Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, los oficios de cuenta signados por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante los cuales comunica el auto de dieciocho de febrero del año en curso mediante el cual adquirió firmeza el diverso de seis de octubre pasado por el cual se desechó el recurso de queja interpuesto en el presente juicio de amparo; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes toda vez que el presente asunto se encuentra completamente concluido. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa a quien pudiere causarle perjuicio, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticuatro de noviembre pasado, por el que se sobreseyó en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El asunto en que se actúa es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, dentro del plazo de tres años, posteriores a la emisión de este proveído, pues se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva del acto reclamado (artículo 21, inciso c) del citado acuerdo). 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se les dé a conocer el presente acuerdo se encuentren gozando de su período vacacional, o en su caso, en suspensión de labores en razón de la pandemia provocada por el virus denominado SARS COV-2; comisiónese al actuario adscrito a este juzgado para que una vez que reanuden labores, sin ulterior acuerdo, entregue los oficios notificatorios, mismos que en tanto deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta que sean debidamente entregados a su receptor. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA II Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de cuenta suscrito por Marco Antonio Mejía Mendieta, delegado del Instituto de Salud del Estado de México, a través del cual, remite copia certificada del oficio 208C010100200S-3731/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte; en cumplimiento al requerimiento formulado el once de noviembre pasado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en términos del 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el presente juicio, consiste en: El emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento instaurado en contra del quejoso ********, quien se desempeña como Verificador y/o Dictaminador Sanitario A adscrito a la Coordinación de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COMPRISEM) y su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas por el Coordinador de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México, consistentes en una acta administrativa por faltas de probidad u honradez de catorce de septiembre de dos mil veinte y el dictamen contenido en el oficio 208C0101000200S/3731/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, se advierte que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción II y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, debido a que el acto que se reclama, no resulta ser de autoridad, sino se trata de una actuación respecto de la relación laboral entre trabajador (quejoso) y el Instituto de Salud del Estado de México. En efecto, el acto que reclama el peticionario de amparo no deriva de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que surgen en un plano de carácter laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernada y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De dicho criterio se sostiene que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, como acontece en la especie, en el que mediante dictamen contenido en el oficio 208C0101000200S/3731/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se decretó la recisión de la relación laboral entre el Instituto de Salud del Estado de México y el quejoso; el referido juicio constitucional resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En ese contexto, de la demanda se advierte que el acto reclamado deviene de una relación laboral, esto es, el quejoso como trabajador del Instituto de Salud del Estado de México. Entonces, el acto reclamado, no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre la demandante del amparo y el referido organismo es de carácter laboral. Así, el acto reclamado carece de las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de acontecimientos suscitados en la relación laboral que guarda la quejosa con el referido organismo, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación laboral, en la que el ente público actúa como patrón y no con el carácter de autoridad. Por tanto, se colige que atento a la relación que guarda el quejoso y el Instituto de Salud del Estado de México, en la que éste tiene la calidad de patrón y aquel el de trabajador, en el caso, para efectos del juicio de amparo el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción II y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para el catorce de diciembre de dos mil veinte. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, de forma electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA II El estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, evidencian que la audiencia constitucional fue fijada para el día de la fecha; empero, no se dan las condiciones necesarias para su celebración, toda vez que en autos no obra constancia de notificación a las autoridades responsables del auto por el que se les requirió copia certificada del oficio 208C010100200S-3731/2020 de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la cual se considera necesaria para la resolución del presente juicio. Por ende, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas fundamentales del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2 y los subsecuentes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

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