Gabriel Robles Contreras
Expediente 572/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriel Robles Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por el quejoso --; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, pues aún no se cuenta con la constancia de notificación correspondiente, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en tanto, que en cumplimiento de la fracción III del acuerdo en cita, el original del cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que respecta al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, devuélvanse al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a la Mujer, con sede en Salamanca, Guanajuato, las copias autentificadas de la carpeta de investigación -- de su índice, en un tomo, que se sirvió acompañar en apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
CONSTANCIA.- Como está ordenado en auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado el cinco de septiembre del año en curso, que señala: Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la Jefa de Unidad de Causa y Gestión Interina de la Sede Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, mediante el cual, remite en disco compacto, copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de veinticuatro de agosto del presente año, decretado éste último en contra del aquí quejoso ******. Ahora bien, debe destacarse que en el juicio de amparo indirecto puede decretarse el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, cuando durante el trámite se acredita la existencia de una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, según lo dispone la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, materia común, de la novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, que dice: En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del numeral 61, del propio ordenamiento legal, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Del artículo anterior, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Con base en lo expuesto, en relación con los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la orden de aprehensión cumplimentada el veintitrés de agosto de este año en contra del quejoso, emitida dentro del expediente ***/***/2016, del índice del Juzgado Penal de oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca, Guanajuato, se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que así se advierte del contenido del disco compacto en el cual obra copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso de veinticuatro de agosto de la presente anualidad y al cual se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del que se obtiene que en la propia data se emitió auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ***********, al haberse acreditado la probabilidad de su participación en hechos que la ley constitutivos de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por el artículo 138 relacionado con el artículo 153, fracción I y sancionado por los artículos 13; 18 y 20, párrafo primero, primer supuesto del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de *******y el diverso delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto por el artículo 153-a, fracciones V y VI, en relación con los diversos ordinales 138, 13, 18 y 20, párrafo primero, primer supuesto, del ordenamiento legal antes invocado, en agravio de *****. Lo anterior es de tal manera pues, en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. En apoyo de lo anterior, cobra aplicación, el criterio jurisprudencial de la Décima Época, Registro: 2004362, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), página: 703, del tenor literal que sigue: En el caso concreto, la causa y supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: a. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso ***/***/2016, del índice del Juzgado Penal de oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca, Guanajuato; b. Con posterioridad a la presentación de la demanda (dieciocho de julio de dos mil dieciséis), el veinticuatro de agosto de la propia anualidad, la juez de Control del Juzgado Penal de oralidad de la Segunda región del Estado de Guanajuato, con sede en Salamanca, Guanajuato, dictó en contra del peticionario del amparo *****, auto de vinculación a proceso, al haberse acreditado la probabilidad de su participación en hechos que la ley constitutivos de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto por el artículo 138 relacionado con el artículo 153, fracción I y sancionado por los artículos 13; 18 y 20, párrafo primero, primer supuesto del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de Lucía Yépez Ramírez y el diverso delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto por el artículo 153-a, fracciones V y VI, en relación con los diversos ordinales 138, 13, 18 y 20, párrafo primero, primer supuesto, del ordenamiento legal antes invocado, en agravio de *****. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. d. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, el auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso, puede subsistir con independencia de que el acto originario materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, en el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden de captura, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de vinculación a proceso citado, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso; en tal virtud, con fundamento en el artículo 61 fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al actualizarse en el caso una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable, es que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa, ello con el propósito de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial, por las razones que lo informan, el criterio de jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2002240, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P.20 P (10a.), página: 1287, del tenor literal que sigue: En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (foja 60).
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, que signa la Encargada de la Sala de la Sede Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa a este Juzgado Federal, que en fecha de veintitrés de los actuales, se cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso *****, asimismo refiere que en la misma data se dictó auto de vinculación a proceso, imponiéndole la medida cautelar personal de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. Ahora bien, en apoyo de su oficio acompaña un disco en formato DVD, relativa a la carpeta digital ***** misma que contiene la audiencia en cuestión; el cual para su resguardo se ordena glosar a los autos en sobre cerrado; sin embargo, de la reproducción del formato en comento, se advierte que el mismo está incompleto, toda vez que culmina a las trece horas con cincuenta y siete minutos del veinticuatro de los corrientes, no así del día veintitrés como refiere en su oficio. Misma en que la Juez de Control decreta un receso indeterminado, para su reanudación y resolución que refiere, empero de la revisión integral del disco en mención y de la totalidad de los archivos que contiene no se advierte la existencia de algún otro en el que conste la reanudación de la audiencia de formulación de imputación ni de su culminación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias completas de prosecución de la audiencia a que refiere en su oficio, lo anterior, por ser necesarias para resolver el presente juicio. En la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo.
- Incidental
Téngase por recibido el oficio de cuenta, que signan el Sub Jefe del Grupo Especializado en Mandamientos Judiciales de la Policía Ministerial, adscrito a la Agencia de Investigación Criminal, y Agentes de la Policía Ministerial, todos con sede en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual informan a este órgano jurisdiccional, que en fecha veintitrés de agosto del año en curso, cumplimentaron la orden de aprehensión girada en contra de *****. Y que tienen conocimiento, que con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *****, que el quejoso quedó a disposición de este Juzgado Federal en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento.
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