Gabriel Ríos Hernández

Expediente 165/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
165/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
22/09/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Ríos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 121 a 141), en la que se negó el amparo solicitado; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B A

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso GABRIEL RÍOS HERNÁNDEZ, contra actos del Juez de Control y, Agente Estatal de Investigaciones encargado del servicio de la comandancia local, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; así como del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra el doce de julio de dos mil dieciséis, en la causa penal número 223/2016 de su índice y su ejecución, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; por lista al quejoso y a los terceros interesados, en cumplimiento a lo ordenado por auto inicial y uno de agosto del actual. IIIB-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos; advirtiéndose que por acuerdo que antecede, se ordenó notificar por lista a Xóchilt Ramírez Lujano y Carmela Rojas Cruz, en representación de los menores terceros interesados, Axel Arath García Ramírez y Felipe Azael Rojas Cruz, el proveído de veintiuno de julio del actual, en el que se les tuvo apersonándose a este juicio, así también, se les indicó que la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la podrán obtener con el correo electrónico que se les proporcionó, a efecto de que se le realizaran sus notificaciones vía electrónica. En consecuencia, a fin de no hacer nugatorios los derechos de los terceros interesados y para dar margen para que manifiesten lo que a sus intereses convienen, se difiere la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, fijándose las nueve horas con quince minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, para llevarla a cabo. Notifíquese. III-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la constancia que antecede, deducida del correo electrónico oficial del Actuario adscrito, licenciado Alejandro Rito Pensamiento, de la que se advierte que no se pudo realizar la entrega del acuerdo dictado el veintiuno del julio del actual, al correo electrónico proporcionado por Xóchilt Ramírez Lujano y Carmela Rojas Cruz, progenitoras de los menores terceros interesados, Axel Arath García Ramírez y Felipe Azael Rojas Cruz; en consecuencia, notifíqueseles por lista dicho acuerdo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo Cúmplase. "INSERCION" Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio número PJEO/JGMPPE/939/2017-J, recibido vía correo electrónico, signado por el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, por el que devuelve diligenciado el despacho con números de origen 92/2017 y de orden 404/2017, que se le giró para que notificara y emplazara a este juicio a los terceros interesados, Axel Arath García Ramírez y Felipe Azael Rojas Cruz, a través de sus progenitoras Xóchilt Ramírez Lujano y Carmela Rojas Cruz, respectivamente; en consecuencia, dése de baja la citada comunicación y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del correo electrónico y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra su apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". Por otra parte, agréguense a sus autos los telegramas signados por Xóchilt Ramírez Lujano y Carmela Rojas Cruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se les tiene apersonándose en su carácter de progenitoras de los menores de edad Axel Arath García Ramírez y Felipe Azael Rojas Cruz, respectivamente. Ahora bien, toda vez que señalan el correo electrónico rosyrojasmk@.com para oír y recibir notificaciones, por esta única ocasión, a efecto de no hacer nugatorios los derechos de las menores víctimas, notifíqueseles el presente acuerdo en dicho correo electrónico. Hágase del conocimiento de las promoventes Xóchilt Ramírez Lujano y Carmela Rojas Cruz, que podrán recibir sus notificaciones vía electrónica, pero previamente deberán obtener la firma electrónica en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así también, hágaseles de su conocimiento que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la podrán obtener ingresando al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJE) en la dirección: http://www.pjf.gob.mx./firel III-B

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