Gabriel Ricardo Quadri De la Torre
Expediente 1118/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gabriel Ricardo Quadri De la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo vigente, para inconformarse contra la citada determinación de dieciséis de octubre de dos mil veinte, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.
- Incidental
... se declara que los cuadernos del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en virtud de que se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, además este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 16/OCTUBRE/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el representante legal de Petrorack, sociedad anónima de capital variable; atento a su contenido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, la empresa antes mencionada no es parte dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de uno de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".SEXTO. Decisión. En términos de las consideraciones expuestas en el presente fallo, lo procedente es negar el amparo a la parte quejosa contra el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y conceder la protección constitucional respecto del Acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana ***, especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Al respecto, adquiere relevancia tener en cuenta que la parte quejosa acudió al juicio de amparo en defensa de un interés legítimo y de carácter abstracto que, por ende, atañe a una colectividad; de ahí que, bajo la apreciación del principio de relatividad conforme a la interpretación más favorable a la persona y en relación con el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de supremacía constitucional, los efectos de la presente ejecutoria de amparo deben concretarse más allá de la esfera jurídica del propio quejoso, como una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo modificatorio reclamado. Ciertamente, en el caso, se concluyó la existencia de violaciones a bienes jurídicos supra individuales, es decir, que pertenecen a un grupo y que, por ende, son indivisibles, a saber: el medio ambiente; de ahí que los efectos de la protección constitucional no pueden referirse únicamente a la parte quejosa, pues ello sería insuficiente para lograr una efectiva restitución de los derechos violados en términos del artículo 77, fracción I, en relación con el 78 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis LXXXIV/2018 de esta Segunda Sala de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD ADMITE MODULACIONES CUANDO SE ACUDE AL JUICIO CON UN INTERÉS LEGÍTIMO DE NATURALEZA COLECTIVA ". Por tanto, la referida concesión de amparo conlleva, ineludiblemente, a la concreción de efectos generales respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, específicamente en lo que fue materia de la litis constitucional, a saber: ?La observación 5 de la tabla 1 "Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad", contenida en el numeral 4.2. ?Las observaciones 4 y 7 de la tabla 6 "Especificaciones adicionales de gasolinas por región", contenida en el numeral 4.2; en cuanto al incremento en el parámetro de oxígeno permitido hasta 10% (diez por ciento) en volumen de etanol en las gasolinas Regular y Premium fuera de las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Ahora bien, en tanto en la especie se trata de la regulación técnica de cuestiones que pueden afectar el ambiente, debe señalarse que la invalidez del Acuerdo reclamado, únicamente en las secciones u observaciones ya referidas y que fueron materia del presente juicio de amparo, no debe entenderse como la posibilidad de que se deje un vacío regulatorio en la materia concreta de hidrocarburos. Por el contrario, al decretarse la inconstitucionalidad de la modificación unilateral y sumaria de la norma oficial mexicana en comento, es inconcuso que, para los efectos relativos al porcentaje de etanol en las gasolinas, así como de las especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas, debe seguirse aplicando la ***, especificaciones de calidad de los petrolíferos, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, esto es, conforme a las especificaciones estipuladas por esa norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Sin perjuicio de lo anterior y, con el objeto de no afectar derechos de terceros y situaciones jurídicas generadas a virtud de la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas y previstas en la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", cuya inconstitucionalidad se ha decretado en el presente juicio, esta Segunda Sala considera necesario conceder a la autoridad responsable y a las demás que resulten competentes en la materia, un plazo de ciento ochenta días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique esta sentencia, dentro del cual deberán permitir, sin poder ejercer sus facultades sancionatorias, que se lleven a cabo actos relativos a la producción y comercialización de gasolinas Premium y Magna que empleen etanol como oxigenante, en volumen de hasta un ***, así como una presión máxima de vapor en ***, en términos de las porciones normativas reclamadas. Una vez finalizado tal plazo, deberá observarse y aplicarse inmediatamente la ***, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, por lo que la Comisión Reguladora de Energía debe poner fin a las importaciones y ventas del tipo de gasolinas a que se refiere el acuerdo de modificaciones reclamado. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad responsable, si así lo estima conveniente, inicie el procedimiento ordinario para la modificación de la NOM referida, conforme a las reglas y formalidades establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que se discuta en forma plural, con la mayor información científica posible y mediante la participación ciudadana, así como en observancia al principio de precaución ambiental y a las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado Mexicano para reducir sus emisiones de gas invernadero y respetar, proteger y tutelar el medio ambiente sano, si es dable aumentar los niveles máximos de etanol permitidos en las gasolinas." Del análisis a lo transcrito, se desprende que el amparo se concedió por lo que hace a la concreción de efectos generales respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, específicamente en lo que fue materia de la litis constitucional, a saber: ? La observación 5 de la tabla 1 "Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad", contenida en el numeral 4.2. ? Las observaciones 4 y 7 de la tabla 6 "Especificaciones adicionales de gasolinas por región", contenida en el numeral 4.2; en cuanto al incremento en el parámetro de oxígeno permitido hasta *** en volumen de etanol en las gasolinas Regular y Premium fuera de las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Ahora bien, en tanto en la especie se trata de la regulación técnica de cuestiones que pueden afectar el ambiente, debe señalarse que la invalidez del Acuerdo reclamado, únicamente en las secciones u observaciones ya referidas y que fueron materia del presente juicio de amparo, no debe entenderse como la posibilidad de que se deje un vacío regulatorio en la materia concreta de hidrocarburos. Por el contrario, al decretarse la inconstitucionalidad de la modificación unilateral y sumaria de la norma oficial mexicana en comento, es inconcuso que, para los efectos relativos al porcentaje de etanol en las gasolinas, así como de las especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas, debe seguirse aplicando la ***, especificaciones de calidad de los petrolíferos, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, esto es, conforme a las especificaciones estipuladas por esa norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Sin perjuicio de lo anterior y, con el objeto de no afectar derechos de terceros y situaciones jurídicas generadas a virtud de la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas y previstas en la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", cuya inconstitucionalidad se ha decretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario conceder a la autoridad responsable y a las demás que resulten competentes en la materia, un plazo de ciento ochenta días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique la sentencia de amparo, dentro del cual deberán permitir, sin poder ejercer sus facultades sancionatorias, que se lleven a cabo actos relativos a la producción y comercialización de gasolinas Premium y Magna que empleen etanol como oxigenante, en volumen de hasta un ***-, así como una presión máxima de vapor en *** -una libra por pulgada cuadrada-, en términos de las porciones normativas reclamadas. Una vez finalizado tal plazo, deberá observarse y aplicarse inmediatamente la ***, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, por lo que la Comisión Reguladora de Energía debe poner fin a las importaciones y ventas del tipo de gasolinas a que se refiere el acuerdo de modificaciones reclamado. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad responsable, si así lo estima conveniente, inicie el procedimiento ordinario para la modificación de la NOM referida, conforme a las reglas y formalidades establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que se discuta en forma plural, con la mayor información científica posible y mediante la participación ciudadana, así como en observancia al principio de precaución ambiental y a las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado Mexicano para reducir sus emisiones de gas invernadero y respetar, proteger y tutelar el medio ambiente sano, si es dable aumentar los niveles máximos de etanol permitidos en las gasolinas. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el diez y treinta, ambos de septiembre de dos mil veinte, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía remitió los siguientes documentos: ? Acuerdo *** de diez de marzo de dos mil veinte. ? Diario Oficial de la Federación publicado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa en proveídos de once de septiembre y uno de octubre, ambos de dos mil veinte para que en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que SI realizó la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, registrado con el número 11757, en el cual manifestó que la autoridad responsable al emitir el acuerdo de cumplimiento acató los extremos de la sentencia de amparo. Dicho autos fueron notificados a la parte quejosa mediante notificaciones personales realizadas el veinticuatro de septiembre y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que en el Acuerdo *** de diez de marzo de dos mil veinte, se dejaron sin efectos las modificaciones previstas en el diverso acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana ***, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. Asimismo, indicó que la Comisión Reguladora de Energía, una vez finalizado el plazo de ciento ochenta días otorgado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ejercer sus facultades sancionadoras a aquellos permisionarios que incumplan con las obligaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana ***, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. Del mismo modo, el acuerdo *** fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Ma. Esther Prado Olvera, que autoriza y da fe. Doy fe.".
- Principal
* ...SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, archívese el expediente como asunto concluido.
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