GABRIEL REYES RIVAS y Otros.

Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 28 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
785/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • GABRIEL REYES RIVAS y Otros.
  • Ma. Francisca Rocío Urbán Arroyo y Otros.
  • Gabriel Reyes Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    I.-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, por el cual, en atención al requerimiento formulado en acuerdo de cuatro de enero del año en curso, acusa recibo de dos tomos de pruebas consistentes en copia certificada del expediente 76/2021 de su índice, y del procedimiento judicial no contencioso, radicado bajo el número...de su estadística; constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación. De lo anterior, se toma conocimiento...

  2. Principal

    I.- se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos, ***********, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que esa determinación ha causado estado...archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido...devuélvanse al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, dos tomos de pruebas consistentes en copia certificada del expediente 76/2021 de su índice, y del procedimiento judicial no contencioso, radicado bajo el número 1403/2018 de su estadística; constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación.

  3. Principal

    I.- Vistas las certificaciones de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el término de veinte días concedido en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno para que los quejosos, ****************, acreditaran haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar al tercero interesado, Adrián Javier Aguilar Ramos, o bien, demostraran su incapacidad económica para sufragar su pago; sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante de estar debidamente notificados para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Ello, en virtud de que, ante la imposibilidad para emplazar al tercero interesado de referencia, una vez agotados los medios de investigación a que se refiere la fracción III, inciso b), del artículo 27 Ley de Amparo, para su localización, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarlo por medio de edictos, a costa de la parte quejosa. No obstante, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, legalmente computados acreditara haber realizado los tramites respectivos para su publicación, o bien, demostrara que no cuenta con la capacidad económica para sufragar su pago; lo anterior, tomando en consideración que dicho término se concedió a partir del día siguiente al que surtió efectos la notificación del proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se dejaron a su disposición en el local de este juzgado de Distrito dichos edictos; con el apercibimiento que de no acreditar los trámites respectivos, en el término indicado, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo; lo cual evidencia su desinterés para localizar a la moral tercero interesada. Al respecto, el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, lo que estará en contravención con el precepto constitucional aludido. Del texto del artículo 17 constitucional, se desprende que el derecho fundamental consagrado garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, ya que los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Atento a lo expuesto, es dable sostener que la impartición de justicia, para que sea expedita, no puede obstaculizarse como en el caso, con la falta de interés de la parte quejosa, pues ello denota su intención de paralizar el procedimiento, cuando debe prevalecer lo ordenado por la Constitución, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetas los derechos fundamentales que ella otorga. Por ello, la reserva de ley en virtud de la cual el referido precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador ordinario la facultad de reglamentar el derecho de la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se paraliza el procedimiento jurídico ante la inactividad de una de las partes para la prosecución del proceso. En la especie, en el juicio de amparo en que se actúa, los quejosos, Gabriel Reyes Rivas y Ma. Francisca Rocío Urbán Arroyo, no acreditaron haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado, Adrián Javier Aguilar Ramos, o bien, demostraran su incapacidad económica para sufragar su pago; por tanto, resulta evidente la obstrucción o entorpecimiento de la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual, indefectiblemente contraviene el precepto constitucional en mención.Atento a lo expuesto, resulta inconcuso que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe emplazarse a juicio al tercero interesado, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél...El segundo de los preceptos transcritos, prevé como causa de sobreseimiento del juicio de amparo el hecho de que la parte quejosa, una vez requerida para el efecto, no comparezca a recoger los edictos o exhiba, en su caso, ante el juzgador de amparo la publicación de éstos para emplazar a juicio a la parte tercero interesada. En este sentido, se llega al convencimiento de que la omisión en que incurren los quejosos, Gabriel Reyes Rivas y Ma. Francisca Rocío Urbán Arroyo, al no acreditar haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado, Adrián Javier Aguilar Ramos, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no observarse, imposibilita que el juzgado de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; de ahí, que se actualice la causa de sobreseimiento prevista. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgado de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la partequejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la parte tercero interesada; en esta hipótesis si se advierte, que no se conoce el domicilio de la citada parte tercero interesada, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, como sucedió en el presente asunto y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa recoja y publique los edictos respectivos, pues el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional; por ello, en atención a la posición jurídica que guarda un tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, el emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, impide al juzgado pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver trasgredida con su resolución. En tales circunstancias, en virtud de que se agotaron los medios de investigación para obtener el domicilio del tercero interesado, Adrián Javier Aguilar Ramos, sin éxito y que, no obstante, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa; por tanto, no se siguió el trámite respectivo para que los solicitantes del amparo acreditaran haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar a juicio al citado tercero interesado, o bien, demostraran su incapacidad económica para sufragar su pago, se concluye que en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse emplazado al citado tercero interesado, se incumple el presupuesto procesal consistente en el derecho de audiencia, lo que a su vez, provoca que quien suscribe no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por los quejosos, Gabriel Reyes Rivas y Ma. Francisca Rocío Urbán Arroyo, por propio derecho...Por lo anterior, queda sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, para el caso de que las autoridades a quien se gira oficio en la presente determinación se encuentren gozando del periodo vacacional correspondiente, se instruye al actuario judicial de la adscripción para que el día en que aquéllas reanuden sus labores entregue los oficios respectivo, sin necesidad de ulterior acuerdo; además, dichos oficios deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus destinatarios.

  4. Principal

    I.- Agréguense a los autos únicamente para debida constancia legal, el oficio y anexo de cuenta, remitidos por quien se ostenta como el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; lo anterior toda vez que mediante oficio registrado con el folio 12700, remitió información en los mismos términos que en el oficio de cuenta, aunado a que por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente.

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