Gabriel Preciado Calixto

Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
390/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Preciado Calixto

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciocho de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. archívese y remítase al lugar de guarda.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 14 DE JUNIO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciocho de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. archívese y remítase al lugar de guarda.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. I. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 390/2021-V. II. Parte quejosa. Gabriel Preciado Calixto. III. Autoridades responsables. Agente del Ministerio Público Número 01 de la Unidad de Tramitación Común de esta ciudad y otra autoridad. IV. Precisión del acto reclamado. Ahora, de una lectura integral a la demanda de amparo que aquí se provee, se advierte que la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: El citatorio de doce de mayo de dos mil veintiuno, librado en la carpeta 9236/2021. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. También la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Sentado lo anterior, es preciso señalar que en el presente caso, se impugna el citatorio de doce de mayo de dos mil veintiuno, librado en la carpeta 9236/2021. Este tribunal estima que por cuanto hace al acto reclamado, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, los numerales que contemplan la causa de improcedencia actualizada son: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Por otro lado, del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el procedimiento penal comprende de tres etapas: 1.1 La de investigación, que abarca las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. 1.2 La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 1.3 La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidas al Agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado, consistente en la citación del imputado dentro de una carpeta de investigación, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación del imputado es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Surte aplicabilidad al caso, la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), que literalmente dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Además, se reitera que no puede considerarse que la citación para llevar a cabo la actuaciones de investigación, ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, pues si bien el citatorio que le fue girado contiene el apercibimiento que en caso de inasistencia se le impondrá una amonestación conforme al artículo 104, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho medio de apremio acontecerá siempre y cuando el quejoso no haya comparecido sin justificación, y el representante social lo haga efectivo; por lo que el acto de comunicación reclamado, como tal, no incide en los derechos sustantivos del quejoso. En el entendido que, si bien el imputado debe comparecer para llevar a cabo la diligencia sobre la cual se imponga de lo actuado en la carpeta de investigación que se instruye en su contra, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca respetar sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, pero no privar de la libertad al imputado. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, concluye que los actos reclamados consistentes en la citación para acudir a la etapa de investigación, no ocasionan un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que procede es desechar la presente demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a todo lo anterior, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia 78/2018 (10a.), con número de registro 2018828; sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; del rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado calle Lerdo de Tejada, número 102, primer piso, colonia Obregón, de esta ciudad y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Valadez Laguna, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a Martín Ramos Estrella y Felipe negrete Vázquez, por así haberlo solicitado. Del mismo modo, téngasele proporcionando la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que refiere con la finalidad de establecer contacto no procesal en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Finalmente, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Martha Paola Castro López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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