Gabriel Ponce Molina

Expediente 666/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
666/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Ponce Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 666/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO....Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 666/2019 promovido por Gabriel Ponce Molina. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo núero 666/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Gabriel Ponce Molina, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Juez Segundo de Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Tercero de Primera Instancia en Material Familiar del Distrito Judicial de Tabares, reclamo: La omisión en cumplimentar su propio mandato ordenado en el auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, auto que a la letra dice: INICIA TRANSCRIPCIÓN: Auto.- Visto al estado procesal que guardan los presentes autos, y en cumplimiento al oficio número 30328/2016, de fecha once de noviembre del año en curso, signado por la licenciada María del Rocío Romero Delgado, Secretaría del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, y a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 734/2016, se deja insubsistente el auto de fecha veinte de junio del año en curso, y en su lugar se dicta otro en los siguientes términos: "Acapulco, Guerrero, a veinte de junio del año dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, se tiene al ocursante en su carácter de abogado patrono de la parte demandada exhibiendo la copia del acuse del cheque número 259407 de fecha cuatro de enero del año en curso, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A. por la cantidad de $56,850.00 (cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de Trinidad Ávila González, el que se ordena agregar a los autos para los efectos legales conducente, y con dicha documental y las manifestaciones que vierte el ocursante, se da vista a la actora para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; por otra parte, y toda vez que se ha dejado de actuar por más de tres meses, con apoyo en el artículo 151, fracción III, inciso a), del Código Procesal Civil en vigor, notifíquese personalmente a las partes el presente proveído", lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese y Cúmplase, Así lo acordó y firma la licenciada SARAY DIAZ ROJAS, Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, por parte de la licenciada Cecilia Pimentel Dávalos, Primera Secretaria de Acuerdos que da fe. Doy fe. TERMINA TRANSCRIPCIÓN. Como consecuencia de lo anterior, pronunciarse sobre lo solicitado por mi abogado patrono ERNESTO FLORES MONTOR, en el escrito de fecha quince de junio del año dos mil dieciséis, y recibido por la autoridad responsable en fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis en el cual específicamente SE SOLICITÓ lo siguiente INICIA TRANSCRIPCION: Que por medio del presente y con relación al último requerimiento que se le hizo a mi representado GABRIEL PONCE MOLINA y que consta en autos, vengo a justificar que mi representado aseguró la pensión alimenticia en favor de los beneficiarios, toda vez que la actora alimentista recibió mediante cheque no. 259404 de fecha 04 de enero del presente año, la cantidad de $56,860.12 (cincuenta y seis mil ochocientos sesenta pesos 12/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia, expedido por YOLI DE ACAPULCO, S.DE R.L. DE C.V., mismo que se hace constar con la copia del cheque, identificación y razón de recibido de la actora, la cual se agrega al presente escrito como anexo 1, para sus efectos legales correspondientes de ENERO 2015 a MARZO del 2017. TERMINA TRANSCRIPCIÓN. La omisión de la Autoridad Responsable en tomar en cuenta como mi único acreedor alimentario a favor de mi menor hijo AXEL GABRIEL PONCE ÁVILA, y tomar el cincuenta por ciento de la pensión alimenticia que me impuso por el equivalente a TREINTA DÍAS DE SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES EN LA REGIÓN, esto es absurdo, porque el juicio de alimentos terminó por convenio efectuado por las partes, en el que únicamente me obligue en otorgar los alimentos para mi acreedor alimentario mi hijo AXEL GABRIL PONCE ÁVILA, y no a favor de la actora TRINIDAD ÁVILA GONZÁLEZ, por lo que únicamente se debe tomar en cuenta QUINCE DÍAS DE SALARIO MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES EN LA REGIÓN, POR SER ÚNICAMENTE UN solo ACREEDOR ALIMENTARIO Y NO DOS COMO ERRONEAMENTE LO viene CONSIDERANDO LA RESPONSABLE." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 666/2019; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a la tercera interesada Trinidad Ávila González y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama la omisión de dictar un auto dentro de un juicio especial de alimentos por parte de un órgano jurisdiccional con residencia en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del estudio integral de la demanda en relación con las constancias de autos, se obtiene que Gabriel Ponce Molina, como parte demandada en el juicio Especial de Alimentos número 1539/2013-1, reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares con residente en esta ciudad, lo siguiente: 1.- La omisión de pronunciarse respecto de la vista otorgada a la parte actora Trinidad Ávila González, en el proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis, relativa a la exhibición del cheque número 259407 de fecha cuatro de enero del dos mil dieciséis, expedido por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A. en cantidad de $56,850.00 (cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de alimentos en beneficio de su menor hijo. 2.- El acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis, en que se fijó el equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en la región mensuales por concepto de alimentos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familia del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le atribuyen y que quedaron precisados en el considerado que antecede. Negativa que se acepta en sus términos únicamente en lo que se refiere al acto señalado con el número 1, pues de las documentales remitidas, que como sustento a dicho informe allegó relativas al juicio especial de alimentos 1539/2013-I, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo; y de las que se advierte lo siguiente: 1.- El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis la autoridad responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 734/2016 emitida por este Juzgado Octavo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, regularizó el procedimiento, dejo insubsistente el proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis (transcrito en el resultando primero) y en su lugar dictó otro de misma fecha en el que recibió el citado cheque por concepto de alimentos -con el que el demandado aseguró que cubrió los alimentos de enero de dos mil quince a marzo de dos mil diecisiete- y dio vista a la parte actora para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, ordenando personalmente su notificación. 2.- Dicho proveído fue notificado a la parte actora Trinidad Ávila González hasta el nueve de octubre de dos mil dieciocho y ésta desahogó la vista otorgada a través del escrito presentado el quince de octubre de dos mil dieciocho, manifestando que no es cierto que con la cantidad exhibida a través del citado cheque se hayan cubierto las mensualidades que el demandado afirma. 3.- El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogando la vista y se señaló que una vez que fuera notificado el demandado, se tomarían en cuenta sus manifestaciones. 4.- Es el día trece de noviembre de dos mil dieciocho, en se notificó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, al demandado Gabriel Ponce Molina, por conducto de su abogado patrono. 5.- El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho la actora Trinidad Ávila González, solicitó a la autoridad responsable que resolviera lo que en derecho correspondiera respecto a la vista que le fue obsequiada y desahogada respecto al cheque exhibido por el deudor alimentista. 6.- El once de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio vista al demandado con las manifestaciones de la actora presentadas el quince de octubre de dos mil dieciocho y la solicitud que antecede, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 7.- Una vez que feneció el término otorgado, mediante escrito de quince de enero de dos mil diecinueve, la actora nuevamente solicitó a la responsable resolviera lo que en derecho correspondiera respecto del cheque exhibido por el demandado. 8.- Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dispuso lo siguiente: ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante, y en relación a su petición, dígasele que es lo que desea se resuelva, en virtud de que como consta en autos la cantidad que ampara el cheque que refiere, fue por concepto de finiquito." En este proveído es donde la responsable hace el pronunciamiento en cuanto a la vista otorgada en el acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, repuesto a través del diverso de dieciséis de noviembre del mismo año. Por lo tanto, al momento de la presentación de la demanda (el tres de julio de dos mil diecinueve) la omisión atribuida a la autoridad responsable era inexistente, lo que impide a este órgano de control constitucional analizarla. Sin que sea factible analizar la legalidad del acuerdo recaído a la vista antes precisado al no constituir el acto reclamado. Máxime que en el presente juicio se dio vista con dichas actuaciones al quejoso sin que hiciera ninguna manifestación al respecto. En tal virtud, si el quejoso no demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto reclamado en la fecha en que presentó la demanda de garantías, o en su defecto, con anterioridad a tal evento, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de garantías. Es aplicable el criterio aislado que sustentó la entonces Tercera Sala del máximo tribunal de la Nación, visible en la página 273, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda. CUARTO. Existencia del acto de reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado señalado con el número 2 en el considerando segundo, consistente en el acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis, en que se fijó el equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en la región mensuales por concepto de alimentos, en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de su existencia. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se notificó el acto reclamado. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. En efecto, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Ahora, del estudio de la demanda se advierte que el quejoso señala como sus antecedentes bajo protesta de decir verdad que en proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, se fijó por concepto de alimentos a favor de su menor hijo el equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en la región mensuales. Acerca de la emisión de dicho acuerdo, se invocan con hecho notorio las actuaciones del juicio de amparo 734/2016, del índice de este juzgado, promovido por Trinidad Ávila González, de las que se desprende que la autoridad responsable remitió copias certificadas de los autos del juicio especial de alimentos 1539/2013-I y en las que específicamente en su foja 145 se encuentra el proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, donde también consta que fue publicado el día quince de abril de dos mil dieciséis, constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo y cuya copia certificada se ordena se agregue al presente fallo. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada; y en ese sentido, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, establece en su artículo 129, que los plazos comienzan a correr desde el día siguiente en que surta efectos la fecha de la notificación y de no ser personal esto ocurrirá el día siguiente a que se haya efectuado; entonces, tomando en consideración la fecha de publicación del acto reclamado, surtió efectos al día siguiente, es decir, el dieciocho de abril de dos mil dieciséis y el término de quince días con que disponía para promover la acción de tutela constitucional transcurrió del diecinueve de abril al diez de mayo de dos mil dieciséis, descontando los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, así como uno, cinco, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis, por haber sido inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada hasta el tres de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad Por lo que se concluye que dicha demanda fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente el acto reclamado, sin que se ubique en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere en el artículo 17, fracciones I a la IV, del de la ley de la materia, para estimar que deba considerarse otro el plazo con que contaba la parte quejosa para acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 666/2019 promovido por Gabriel Ponce Molina. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el seis de septiembre de dos mil diecinueve, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano