Gabriel Perez Solis

Expediente 652/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
652/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Perez Solis
  • Congreso del Estado de Querétaro
  • GABRIEL PEREZ SOLIS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Por otra parte, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración.

  2. Principal

    Informa que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin dictar mayor proveído, lo anterior en virtud de que mediante acuerdo que antecede se tuvieron por recibidas las constancias con las que dicha autoridad aduce haber dado cumplimiento a la mencionada ejecutoria, acordándose lo conducente.

  3. Principal

    Comparece al requerimiento formulado en autos y al efecto, allega diversas constancias con las que afirma dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dese vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio de mérito y con el diverso agregado en auto de veinte de agosto del año en curso, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior; por tanto, resulta procedente que este órgano se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En tal virtud, este Juzgador procede al análisis de las constancias que integran la etapa de ejecución, con la finalidad de determinar, si el fallo protector ha sido cumplido. Primero se tiene que el amparo y protección de la justicia federal se concedió a la parte quejosa de acuerdo a lo que a continuación se transcribe: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Atento a lo previsto en los artículos 74, fracción V, y 77, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, corresponde al último considerando de la sentencia de amparo, precisar los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. En tal virtud, ante lo fundado de los conceptos de violación, la concesión del amparo y protección otorgado al quejoso Gabriel Pérez Solís, contra la inconstitucionalidad de los artículos 137 y 273 del Código Civil del Estado de Querétaro, en las porciones normativas que de manera injustificada excluye a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio o de la figura del concubinato, hacen referencia al sexo de los contrayentes, mientras tales leyes contengan su actual redacción. Y, en consecuencia, los efectos del presente amparo vinculan a todas las autoridades del Estado de Querétaro, a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por los preceptos impugnados, por lo cual no podrán utilizarlo como base para negar al quejoso beneficios o establecer cargas relacionadas con la regulación del matrimonio o del concubinato, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes, que es la inaplicación futura de la ley. En ese orden de ideas, el quejoso no debe ser expuesto al mensaje discriminador de las citadas normas, tanto en lo presente como en el futuro. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192846, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Igualmente, apoya lo expuesto, la diversa jurisprudencia número 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, Octava Época, registro 205965, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual "las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare", debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si esta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada la declaración de inconstitucionalidad que, en su caso, proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Y finalmente, también aplica al particular, la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, registro 172605, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Sin que en el caso, proceda precisar como efecto de la concesión de amparo otorgada en el presente asunto, el ordenar a las autoridades del Registro Civil u otras que residan dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, que en caso de que el quejoso acudiera ante ellas a solicitar el trámite del matrimonio o del reconocimiento del concubinato, se avoquen a efectuar una interpretación extensiva del resto de las normas sustantivas civiles de la localidad (vinculadas con las que aquí fueron declaradas inconstitucionales), bajo el principio general de igualdad." En esa tesitura, la autoridad responsable Gobernador del Estado de Querétaro, remitió los acuses originales de los oficios a través de los cuales instruyó a las dependencias a su cargo a fin de que dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, los cuales se encuentran glosados al sumario. Sin embargo, debe decirse que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida a plenitud, pues aunque la autoridad responsable Gobernador del Estado de Querétaro, remitió los acuses originales de los oficios a través de los cuales instruyó a las dependencias a su cargo a fin de que dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, la diversa autoridad Director del Registro Civil del Estado de Querétaro, no ha realizado acción alguna tendiente a acatar el fallo protector, puesto que no se ha recibido información alguna en este Juzgado con relación a ello. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Registro Civil del Estado de Querétaro, para que en el plazo de TRES DÍAS previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copias debidamente certificadas, de las constancias con las acredite haber dado cabal cumplimiento al fallo protector En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos, asimismo, en caso de reticencia, se procederá en términos del párrafo segundo del artículo 192 de la ley invocada con antelación; además, de no cumplir, podrá ser sujeto de imposición de sanciones de carácter penal, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 262 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que corresponda, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Ramón Hernández Cuevas, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, asistido del licenciado Marco Vinicio García González, Secretario que autoriza y da fe.

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