Gabriel Peraza Castillo

Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
733/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Peraza Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    SE R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el estado de Sinaloa, asistido del secretario del Juzgado Julio César Cortés Rafael, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 20024/2023, firmado autógrafamente por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que habilitó la consulta del expediente ********************, de su estadística interna, mediante vinculación vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comunicado que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como constancia.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió el oficio 4571/2023 firmado autógrafamente por el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación 1 Especializada en el Delito de Robo, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual rindió su informe justificado; en consecuencia, para dar margen a que las partes se impongan de su contenido, de conformidad con el párrafo segundo del numeral 117 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del quince de noviembre del año en curso. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el quince de febrero del año dos mil, la contradicción de tesis número 29/98-PL. Así mismo, del referido informe justificado, la responsable hace del conocimiento que el aquí quejoso y otros, promovieron diverso juicio de amparo 276/2023 ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, exhibiendo ante dicho órgano jurisdiccional la citación de la que se duele en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento oficio vía interconexión al titular del nombrado órgano jurisdiccional, a fin de que, de no existir inconveniente legal o material alguno, ordene a quien corresponda, realice las gestiones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el propósito de que el juicio de amparo indirecto 276/2023, de su índice sea vinculado al presente juicio 733/2023, lo anterior, a fin de proveer lo que corresponda en el presente asunto.

  4. Incidental

    Audiencia incidental. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con cinco minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga lugar esta audiencia en el incidente de suspensión 733/2023. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Yadira Coronado Rubí, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se desprende promoción dirigida a este sumario con el propósito de comparecer a la presente audiencia, en términos de lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Enseguida, se procedió a dar lectura a las constancias que obran en autos: copia simple del escrito inicial de demanda, resolución de veintiocho de agosto del año en curso en la que se concedió la suspensión provisional solicitada; resolución de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se negó la suspensión definitiva respecto de diversas autoridades; e informe previo rendido por el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación 1 Especializada en el Delito de Robo, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el ordinal 140 de la aludida ley de la materia, rendido el informe previo de referencia. Abierto el período de pruebas: la secretaria hace constar que no se ofrecieron medios de convicción en la presente incidencia, por lo que se cierra este periodo. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento. Por tanto se cierra dicha etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la resolución. Visto para resolver, el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 733/2023 promovido por Gabriel Peraza Castillo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda recibida en este juzgado el veinticinco de agosto del año en curso, la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y ulterior definitiva en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Tramitación Común de la Región Sur, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en las órdenes de presentación, comparecencia, localización y privación de su libertad dictadas en su contra, así como su pretendida ejecución. SEGUNDO. Suspensión provisional y definitiva . En proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se concedió la medida cautelar provisional del acto reclamado a la quejosa y se solicitó el informe previo a las autoridades responsables. En resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se resolvió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, respecto a las autoridades de esta ciudad, y se reservó su dictado por la diversa foránea. El día de hoy tuvo verificativo la audiencia incidental, la que se desahogó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Existencia del acto reclamado. Del informe previo rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación 1 Especializada en el Delito de Robo, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se aprecia la existencia del acto que se les reclama. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número VI.20.J/19, visible en la página ciento treinta y tres, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de 1995, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128, 138 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, SE CONCEDE al quejoso la suspensión provisional solicitada, para los siguientes efectos: No se ejecuten las órdenes de comparecencia, presentación, localización o detención reclamadas. Apoya lo anterior, por las razones que informal, la jurisprudencia 86/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 573, materia penal, registro 162694, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador. Lo anterior es así, en razón de que, si bien es cierto, la presencia ante el Agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de una orden de comparecencia, localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la investigación, si así lo estima conveniente, no tiene como propósito lograr su detención; cierto es también que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse a la parte indiciada, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Tiene aplicación, la jurisprudencia 109/2011, visible en la página 1059, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre de 2011, bajo el rubro y texto siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida- podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." GARANTÍA. De conformidad con el artículo 168 de la Ley de Amparo, debe exigirse a la parte quejosa la exhibición de garantía, respecto de los actos reclamados, la que se fijará tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito por el que se le investiga, características personales y situación económica del quejoso, así como la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. En ese contexto, por tratarse de actos que afectan la libertad deambulatoria de la parte quejosa, y al no contar hasta el momento con mayores elementos que los aportados por ésta en su demanda constitucional, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es fijar discrecionalmente una garantía por la suma de $********************). En la inteligencia de que no se trata de una garantía para reparar a un tercero del daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaron, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, sino como medida de aseguramiento del quejoso dentro de esta instancia. Además, se hace de su conocimiento que la medida cautelar que se concede se revocará si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de esta determinación, la garantía antes determinada, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. FORMAS DE EXHIBIR LAS GARANTÍAS. Cantidad fijada que deberá presentar el quejoso, en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligaciones (billetes de depósito, pólizas de fianza, etcétera), ya sea de manera conjunta o separada y, en el supuesto de que decida hacerlo mediante pólizas de fianza, la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del juzgado de distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si opta por hacerlo mediante billetes de depósitos expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de esos depósitos, y la relativa a que los depósitos no generan interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor de la depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio consejo. Del mismo modo, se hace la aclaración en el sentido de que en caso de exhibir póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 46 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, en relación con el diverso numeral 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la compañía respectiva deberá comprometerse en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el ordinal 95 del preindicado ordenamiento.

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