Gabriel Pelfini Campos y Otros.
Expediente 849/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Pelfini Campos y Otros.
- Gabriel Pelfini Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 4561/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del informe justificado rendido por este Juzgado Federal, comunica que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de siete de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo e informa que se registró con el número 94/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el memorial signado por el quejoso Gabriel Pelfini Campos, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de siete de agosto del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, y remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 849/2018-I y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que se antecede, se tiene por presentado el escrito del quejoso Gabriel Pelfini Campos, por medio del cual cumple con la prevención de veintisiete de julio del año en curso. Ahora bien, no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción IX, relacionado con el 170, fracción I, párrafo final, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo y su aclaración, en la que se reclama el acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por el demandado, ahora quejoso, en contra del acuerdo que le otorgó la suspensión del acto reclamado y fijó garantía de subsistencia y caución, con motivo del juicio de amparo directo promovido en contra del laudo dictado en el juicio laboral número 597/2010. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, en relación con el 170, fracción I, párrafo final, ambos de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. . Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; ..." De conformidad con el primer numeral, el improcedente el juicio de amparo indirecto, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. A ese respecto, cabe precisar que en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial. Criterio emitido en aplicación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. La citada jurisprudencia fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, Octava Época, registro digital 206461, página 125, es del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda."(3) Asimismo, es pertinente señalar que el criterio citado se confirmó en el texto del artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, al disponer que para efectos de ésta, el juicio de amparo directo se inicia con la presentación de la demanda. Así, atendiendo a lo anteriormente expuesto y determinado en los referidos preceptos relativos a la tramitación del amparo directo, debe considerarse lo siguiente: 1. El juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda. 2. La autoridad responsable en el amparo directo actúa con carácter de auxiliar de la Justicia Federal, en la recepción de la demanda, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento del o los terceros perjudicados y remisión de la demanda de amparo ante el tribunal competente para su conocimiento. 3. Los actos que emite la autoridad responsable, en torno a la citada presentación de la demanda de amparo contra su resolución, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, en tanto que el órgano competente para su conocimiento lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. De conformidad con lo anterior, se toma en consideración que en la demanda de amparo y su ampliación, el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra del acuerdo que le otorgó la suspensión del acto reclamado y fijó garantía de subsistencia y caución, con motivo del juicio de amparo directo que con su carácter de demandado promovió en contra del laudo dictado en el juicio laboral número 597/2010, seguido en su contra. En ese sentido, no es factible la impugnación de dicho acto en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. Por consecuencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, actualizándose la causal prevista en la fracción IX del artículo 61, en relación al 170, fracción I, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Jurisprudencia, registro 2009870, visible en la página 453, del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." En consecuencia de lo anterior, queda de manifiesto la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, en relación al 170, fracción I, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, quien autoriza y da fe.
- Principal
I. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que se antecede, se tiene por presentado el escrito del quejoso Gabriel Pelfini Campos, por medio del cual cumple con la prevención de veintisiete de julio del año en curso. Ahora bien, no obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción IX, relacionado con el 170, fracción I, párrafo final, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo y su aclaración, en la que se reclama el acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por el demandado, ahora quejoso, en contra del acuerdo que le otorgó la suspensión del acto reclamado y fijó garantía de subsistencia y caución, con motivo del juicio de amparo directo promovido en contra del laudo dictado en el juicio laboral número 597/2010. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, en relación con el 170, fracción I, párrafo final, ambos de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. . Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; ..." De conformidad con el primer numeral, el improcedente el juicio de amparo indirecto, cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. A ese respecto, cabe precisar que en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el juicio de amparo se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial. Criterio emitido en aplicación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. La citada jurisprudencia fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, Octava Época, registro digital 206461, página 125, es del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda."(3) Asimismo, es pertinente señalar que el criterio citado se confirmó en el texto del artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, al disponer que para efectos de ésta, el juicio de amparo directo se inicia con la presentación de la demanda. Así, atendiendo a lo anteriormente expuesto y determinado en los referidos preceptos relativos a la tramitación del amparo directo, debe considerarse lo siguiente: 1. El juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda. 2. La autoridad responsable en el amparo directo actúa con carácter de auxiliar de la Justicia Federal, en la recepción de la demanda, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento del o los terceros perjudicados y remisión de la demanda de amparo ante el tribunal competente para su conocimiento. 3. Los actos que emite la autoridad responsable, en torno a la citada presentación de la demanda de amparo contra su resolución, forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, en tanto que el órgano competente para su conocimiento lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. De conformidad con lo anterior, se toma en consideración que en la demanda de amparo y su ampliación, el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que desechó de plano el recurso de revisión que interpuso en contra del acuerdo que le otorgó la suspensión del acto reclamado y fijó garantía de subsistencia y caución, con motivo del juicio de amparo directo que con su carácter de demandado promovió en contra del laudo dictado en el juicio laboral número 597/2010, seguido en su contra. En ese sentido, no es factible la impugnación de dicho acto en vía de amparo indirecto, pues ésta tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo directo, violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. Por consecuencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado, actualizándose la causal prevista en la fracción IX del artículo 61, en relación al 170, fracción I, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Jurisprudencia, registro 2009870, visible en la página 453, del rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." En consecuencia de lo anterior, queda de manifiesto la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, en relación al 170, fracción I, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, quien autoriza y da fe.
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