Gabriel Olimpo Montiel Cazares
Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Gabriel Olimpo Montiel Cazares
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de once de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -DESTINO DEL EXPEDIENTE- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: - El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el once de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintidós de abril de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez completado el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente, e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. 202/2021-VIII.
- Principal
Visto el escrito presentado por ............, mediante el cual desahoga la prevención que se le hiciera mediante auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, se tiene al quejoso por desahogando la prevención que se le hizo en dicho auto, en los términos del ocurso de cuenta. Ahora, de la narración que éste realiza a los antecedentes del acto reclamado en el punto dos de su escrito aclaratorio, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, pues al respecto aduce: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, narro el acto reclamado: La resolución que califica de legal La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en fecha 11 de octubre del año 2019 y doce de agosto del año 2020, dictada dentro de la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de la carpeta digital 403/2019 seguida por el delito de fraude. La omisión por parte de la autoridad de resolver de la solicitud de la revisión de la medida cautelar con fundamento en el artículo 166 del código nacional de procedimientos penales dictada en fecha 12 de agosto del 2020 y 26 de enero 2021, en audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de la carpeta digital 403/2019 seguida por el delito de fraude. (.)" Del contenido de lo expuesto por el quejoso se observa con claridad que lo que reclama son las diversas determinaciones emitidas por el juez responsable en audiencia oral en las que se desestimaron sus sendas solicitudes de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se determinó, en consecuencia, que debería prevalecer ésta; siendo la última de estas determinaciones judiciales, la emitida en audiencia de veintiséis de enero del año dos mil veintiuno. -DESECHAMIENTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA- El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En la especie, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, del mismo ordenamiento. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...]". El artículo y fracción transcritos indican que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tal consentimiento, aquellos actos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el juicio debe promoverse dentro del plazo de quince días, salvo las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Se reclame una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) Cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. 4) Cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. A su vez, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de derechos debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. Ahora, como se anticipó, en el caso que nos ocupa, el quejoso señala como actos reclamados las diversas determinaciones emitidas por el juez responsable en audiencia oral en las que se desestimaron sus sendas solicitudes de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se determinó, en consecuencia, que debía prevalecer ésta; siendo la última de estas determinaciones judiciales la emitida en audiencia de veintiséis de enero del año dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, dicho acto no es de aquellos contemplados en las excepciones señaladas por las fracciones I a IV del referido artículo 17, pues no se reclama normas autoaplicativas o un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en materia penal ni afecta a un núcleo ejidal y tampoco aplica la última de las fracciones; aunado a que no se cuestionan actos privativos de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y si bien la determinación de la autoridad jurisdiccional afecta la libertad personal del quejoso, ésta fue adoptada dentro de un procedimiento legalmente instaurado, por lo que entonces no se ubica en la excepción prevista. Por consiguiente, el término para promover la demanda contra el acto reclamado, es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En mérito de lo expuesto, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en la última de las audiencias de revisión de medidas cautelares que se practicó respecto a sus diversas solicitudes realizadas ante el juez de control, como lo manifiesta en el escrito de cuenta, acorde a lo dispuesto por el artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Proveimientos Penales, que establece que las notificaciones personales en audiencia surtirán efectos al día siguiente de practicada, el plazo para promover el juicio de amparo inició el veintisiete de enero del año en curso y concluyó el dieciocho de febrero del mismo año, con exclusión de los días inhábiles, como se ilustra a continuación: ........................................................................................................................................................Luego, la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, tal como consta en el sello de recepción; entonces su presentación, respecto de los actos reclamados -incluyendo las determinaciones anteriores a la del veintiséis de enero pasado, ocurrió fuera del término de quince días que para tal efecto establece el multicitado numeral 17 de la ley de la materia. De ahí que se actualice el supuesto contemplado en el artículo 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria en consulta; por consiguiente, el presente juicio de amparo es improcedente. Orienta al respecto por identidad jurídica, la tesis I.9o.P.262 P (10a.), pronunciada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro digital: 2021463, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2558, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL EMITIDA ORALMENTE EN LA AUDIENCIA DEL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL TENERSE EN ESTE ACTO POR NOTIFICADAS LAS PARTES, EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS."1 Refuerza lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, con el rubro: "ACTOS CONSENTIDOS."2 En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. 202/2021-VIII.
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, representante legal del Poder Ejecutivo y de la Secretaría General de Gobierno, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. -DESIGNACION DE DELEGADOS Y DOMICILIO- Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señala para tal efecto. -MEDIOS DE CONTACTO- Por otro lado, téngase a la citada autoridad proporcionando medios de contacto y correo electrónico, tómese nota de lo anterior. -SE AUTORIZA CONSULTA ELECTRÓNICA- Como expresamente lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo dispuesto por los numerales 35, 36, 37, 38, 39 ,40, 41 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre de usuario "AlejandroLue", que se proporciona en la promoción de cuenta. Por tanto, se ordena a la analista jurídico SISE de este órgano jurisdiccional de amparo realice la asociación del nombre de usuario proporcionado, con la captura de los datos de las partes en el seguimiento del expediente. En el entendido de que conforme al artículo 13 del Acuerdo General en consulta, cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, adviertan una falla en los sistemas del CJF, deberán informar a la DGTI a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal. Notifíquese por lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 37/2020.... 256/2020-VI.
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