Gabriel Muñoz Montoya
Expediente 968/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Muñoz Montoya
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: GABRIEL MUÑOZ MONTOYA. Remisión del juicio de amparo al archivo Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 14 a 26vuelta), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Gabriel Muñoz Montoya, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Valoración del cuaderno de amparo Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Devolución de documento al quejoso En otro orden de ideas, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió en el sumario, en la inteligencia que de no hacerlo será destruido junto con el expediente. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: GABRIEL MUÑOZ MONTOYA. Demanda y radicación Con la demanda de amparo de cuenta, Gabriel Muñoz Montoya solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: ? Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con residencia en la Ciudad de México; y, ? Delegación en Michoacán de dicha dependencia, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número III-968/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Antecedentes del acto reclamado Ahora, para mejor comprensión de lo que se combate en esta instancia constitucional, conviene hacer una relación de antecedentes, misma que se aprecia de la demanda de amparo. En atención a esto, se puede resumir de la manera siguiente: 1. Gabriel Muñoz Montoya instó el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia contra Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio González Silva y José Luis Silva Andrade, en razón de que, a dicho del quejoso, sustrajeron madera del predio -a modo de aprovechamiento forestal - de la propiedad del quejoso denominado Pítzcuaro, ubicado en Ciudad Hidalgo, Michoacán; 2. Procedimiento administrativo que se radicó ante la Delegación de Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el cual se registró con el número PFPA/22.3/2C.27.2/00066-17. 3. Seguido por sus cauces dicho procedimiento, el ocho de septiembre de dos mil diecisiete se dictó resolución con número PFPA/22.5/2C.27.2/00434-17, en la que se condenó a Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio González Silva y José Luis Silva Andrade a una multa por la cantidad de $2, 191,200.00 (dos millones ciento noventa y un mil doscientos pesos M.N.), así como diversas medidas correctivas accesorias al monto pecuniario. 4. Dichos condenados interpusieron recurso de revisión el siete de noviembre de dos mil diecisiete, el cual se radicó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con residencia en la Ciudad de México, la cual quedó registrada con el número RR/00002/MICH/2018. 5. Medio de impugnación que se resolvió el veinte de junio de dos mil diecinueve, en la que se declara la nulidad de la resolución administrativa primigenia y, por ende, se absuelve a Rolando Silva Andrade, J. Asarías Silva Pérez, Antonio González Silva y José Luis Silva Andrade a lo que se les condenó, dejando insubsistente el procedimiento administrativo instado por la parte quejosa. Esta última determinación es de la cual se duele la parte quejosa. Fijación del acto reclamado Con esta narración de antecedentes, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta oportuno fijar el acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual es el siguiente: La resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve dictada por la Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, con residencia en la Ciudad de México, dentro del recurso de revisión RR/00002/MICH/2018, derivado del expediente de inspección y vigilancia PFPA/22.3/2C.27.2/00066-17, radicado ante la Delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Principio de definitividad Hecho este pronunciamiento, en la especie, este órgano de control constitucional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho artículo consagra el principio de definitividad que debe imperar previo a instar la acción constitucional. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los juicios, recursos o medios de defensa correspondientes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación; lo anterior con excepción de los casos previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que una vez que se han agotado medios ordinarios de defensa se abre la posibilidad de acudir al juicio de amparo, ello como medio extraordinario de defensa. Pensar lo contrario haría inocuo el principio de definitividad, pues las partes afectadas por actos administrativos acudirían al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos legalmente previstos para la defensa de los actos, haciendo nugatorio el medio extraordinario de defensa del juicio constitucional. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el precepto legal en estudio también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, que esté previsto en la ley y no en reglamento alguno; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo; f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación; y, g) Cuando no sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; Respecto al marcado con el inciso a), esto es, que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe decirse que se encuentra satisfecho, toda vez que el acto que se reclama lo emitió la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, con residencia en la Ciudad de México; autoridad que es distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al elemento señalado en el inciso b), consistente en que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal, también se actualiza ya que los artículos 83, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracciones XII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevén que dicho órgano jurisdiccional sea el competente para conocer del juicio promovido contra actos administrativos. En efecto, los preceptos en comento establecen lo siguiente: "ART. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda." "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; (.)." Se afirma lo anterior, dado que en el acto reclamado se caracteriza en revocar la resolución primigenia mediante el recurso de revisión hecho valer por una de las partes. Por lo que es patente que tal requisito se encuentra satisfecho, pues en el acto reclamado, por virtud del juicio de que se habla, puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo requiere la causa de improcedencia que se estudia según lo dicho en el inciso c). Por lo que respecta al elemento consistente en que se puedan suspender los efectos del acto reclamado, es decir, el precisado en el inciso d), también se actualiza, pues el artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé: "Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley". Por lo que es claro que sí se pueden suspender los efectos del acto reclamado. En relación al requisito marcado con el inciso e) inmediatamente relacionado con el anterior, consistente en que proceda tal suspensión sin que la ley exija mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. Así, del examen comparativo de los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, frente al artículo 28 de Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, atendiendo a las razones legales siguientes: 1) Del análisis del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su inciso a), se aprecia que éste exige que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, además que conforme a la fracción III del propio numeral, la medida suspensional podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo también exige que se cumpla con este requisito (artículo 128, fracción II) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). 2) Asimismo el inciso b) del citado numeral 28, precisa que los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión deban ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto reclamado; al igual que el artículo 139 de la Ley de Amparo. 3) Finalmente, ambas disposiciones son coincidentes en señalar que, a efecto de que la suspensión concedida surta efectos, se deberá garantizar el interés fiscal, de acuerdo al artículo 28 ante la autoridad ejecutora y conforme a la Ley de Amparo ante la autoridad exactora, como lo prevé el numeral 135. Así, ambos ordenamientos coinciden en que: Una vez solicitada la suspensión, ésta se podrá conceder si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contraviene disposiciones de orden público; Que a efecto de que sea concedida la medida solicitada, se debe tratar de actos que produzcan al solicitante con su ejecución daños o perjuicios que sean de difícil reparación; Que a fin de que surta efectos la suspensión concedida, se debe garantizar el interés fiscal. De conformidad con los anteriores textos legales se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales a efecto de que se conceda la suspensión del acto reclamado. La jurisprudencia con registro 2a./J. 130/2013 (10a.) , emitida por la referida Segunda Sala, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Ahora bien, el requisito marcado con el inciso f), también se cumple, pues de la lectura de la demanda se advierte que es un acto en el que se aplican diversas disposiciones normativas relativas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Se afirma lo anterior, dado que, como se aprecia de la narración de antecedentes de la misma -hecha bajo protesta de decir verdad-, de los que se duele la parte quejosa es de la determinación administrativa que recayó al recurso de revisión el cual tiene como fundamento el capítulo V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente; todo lo cual se realiza con base en el marco normativo bajo el cual se sustanció el medio de impugnación el cual se resolvió por la autoridad responsable. Por lo que hace al inciso g), se estima que se encuentra actualizado, ya que si bien es cierto que el quejoso adujo que el acto reclamado resultaba violatorio de derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que la parte promovente considera una aplicación incorrecta de la ley reglamentaria del juicio de origen por indebida apreciación de las pruebas. Aspecto este que tiene que ver con la debida fundamentación y motivación del acto impugnado. En ese sentido, el hecho de que a la parte promovente del amparo cuestione que se haya resuelto el recurso de revisión, en el que se deja insubsistente las multas y demás condenas accesorias; dichos aspectos se tornan en un tópico de legalidad, cuyo ámbito de análisis y decisión corresponde a la autoridad competente para conocer del medio legal ordinario previsto para tal efecto. Así, la parte quejosa no aduce violaciones directas a la constitución en sus conceptos de violación, sino que los mismos radican en temas de legalidad, como lo es la resolución de un medio de impugnación previsto en la ley aplicable. Aunado a que no basta que la parte quejosa cite preceptos constitucionales para estimar que aduce violaciones directas a la Constitución, pues ante ello imperaría el arbitrio de aquélla, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley secundaria. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". En esas condiciones, contra el acto reclamado la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad, como lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además que el acto que por esta vía se reclama no importa a la parte quejosa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tal virtud, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Son aplicables los siguientes criterios: La jurisprudencia 2a./J. 139/99 (19a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las 'vías judiciales correspondientes' como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario." La jurisprudencia 155 (H) sustentada también por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO [TESIS HISTÓRICA]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". La jurisprudencia con registro 2a./J. 130/2013 (10a.) , emitida por la referida Segunda Sala, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Protesta de ley No es inadvertido el hecho de que en este auto no se cuenten con los elementos suficientes y objetivos que permitan arribar a la determinación de desechar la demanda. Sin embargo, no debe soslayarse que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, que las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Domicilio y autorizados Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, únicamente para ese efecto, a las que señala en su escrito de demanda. Habilitación de horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Gabriel Julio Anguiano Cancino739/2018
- Gabriel Julio Anguiano Cancino721/2018
- Gabriel Lira Saucedo942/2019
- Gabriel Martínez Chávez600/2021
- Gabriel Martínez Chávez185/2020
- Gabriel Maza y Ferrer878/2019
- Gabriel Ortiz Tapia544/2019
- Gabriel Páez Sandoval898/2018
- Gabriel Pedraza Alemán205/2019
- Gabriel Pedraza Villicaña1129/2018
- Gabriel Quetzalcóatl Bernal Coss620/2020
- Gabriel Rosales Cortés451/2020