Gabriel Montaño Ledesma
Expediente 711/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Gabriel Montaño Ledesma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III, último párrafo relativa del punto vigésimo primero del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por el juez responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 711/2018, promovido por Gabriel Montaño Ledesma, contra un acto del juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dos de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El demandante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 16, 18, 21, 73, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto del día siguiente se registró la demanda bajo el orden 711/2018, y se previno al inconforme a efecto de que manifestara si reconocía como propia la firma que calzaba el impreso de demanda y si ratificaba el contenido del mismo, así como para que precisara el o los actos reclamados del juez Cuadragésimo Tercero Penal de esta ciudad, al haber sido totalmente omiso al respecto. IV. Desahogada la mencionada prevención en los dos aspectos que la integraron, el diecisiete del mes y año de referencia se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la única autoridad responsable, que no fue materia de la prevención; se dio intervención a la representación social de la Federación adscrita a ese órgano de control constitucional; se corrió traslado al agente del Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se aprecia y precisa que el acto reclamado del juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, es el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho emitido en la carpeta de ejecución 424/2018, en que desechó de plano el planteamiento del quejoso, con motivo de que no desahogó la prevención formulada en auto de once anterior. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir informe justificado (foja 30), lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicho comunicado, entre cuyas constancias se advierte la resolución descrita en el considerando anterior (fojas 33 a 35, anexo); documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son inoperantes los conceptos de violación que formuló el quejoso, sin que se advierta materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Incuestionablemente que el acto reclamado constituye un acto de molestia, y como tal, debe ajustarse a las exigencias descritas en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De la interpretación del segmento transcrito, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que la impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Asentado lo anterior, para mejor comprensión del asunto es necesario relatar los antecedentes de la resolución reclamada. Así, mediante escrito presentado el diez de julio del año en curso, el justiciable solicitó al juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, en turno, se le concediera de nueva cuenta la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta por el juez Cuadragésimo Tercero Penal de esta ciudad (fojas 2 a 7, anexo). Del asunto correspondió su conocimiento al juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, quien al radicar el asunto por auto de once de julio pasado bajo el orden 424/2018 (fojas 19 a 27), estableció lo siguiente: ".este juzgado, es legalmente competente para conocer de la solicitud realizada por el sentenciado, consecuentemente regístrese en el libro de gobierno bajo el número correspondiente. Ahora bien, toda vez que el referido Acuerdo General V-103/2017 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, reitera el diverso 62-48/2011, que establece que los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales de esta Ciudad, 'Sólo conocerán de solicitudes de beneficios penitenciarios', el escrito firmado por el sentenciado Gabriel Montaño Ledesma, se advierte que es impreciso en virtud de que señala que solicita de nueva cuenta la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual no se encuentra contemplado en los catálogos de beneficios penitenciarios o preliberacionales, establecidos en las legislaciones de ejecución de penas aplicables a su situación jurídica; asimismo, precise relato de su controversia en lo relativo a la legislación aplicable y el objeto de la prueba, a fin de colmar las exigencias establecidas en el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la formulación de la controversia. Consecuentemente, a fin de no vulnerar los principios de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva y legalidad, en términos de la fracción II y párrafo segundo del artículo 123 de la Ley en comento, se previene al sentenciado Gabriel Montaño Ledesma, para que en el plazo de 72 setenta y dos horas, a efecto de que aclare y corrija su solicitud, en virtud de que resulta necesario que señale que beneficio penitenciario de los previstos en las legislaciones de ejecución de penas, la fundamentación aplicable en la sustanciación del procedimiento de la presente carpeta de ejecución, y que ofrezca medios de prueba y la pertinencia de los mismos, apercibido para el caso no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, se desechara de plano su petición. ." En ese contexto, en razón de que no desahogó la prevención formulada, el dieciocho de julio siguiente se emitió el acto reclamado en este controvertido (fojas 33 a 35, anexo), en que se hizo efectivo el apercibimiento con que se había conminado al demandante del amparo, por lo que se dijo que "de conformidad con el párrafo segundo del numeral 123 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desecha de plano la solicitud del referido sentenciado". Asentados los antecedentes del acto reclamado, incluso la referencia del mismo, es imprescindible establecer dos cuestiones previas que en esencia sustentarán, por una parte, lo inoperante de los conceptos de violación formulados, y por otra, lo adecuado del proceder de la responsable. Respecto del primer aspecto destacado, se precisa que la advertencia de que se desechará la solicitud en caso de no desahogar una prevención, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que hace efectivo el apercibimiento, ya que este último depende de la falta de observancia al citado requerimiento. Lo anterior quiere decir que el desechamiento no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación u omisión del interesado, por lo que para el análisis en el amparo de este último, es indispensable sea destacado como acto reclamado, pues sólo así se cumplirá, en sentido estricto, con el principio de instancia de parte agraviada. No obsta a lo anterior, que en cierta medida, el auto de prevención y el diverso de desechamiento constituyan una unidad indivisible que como tal, dé lugar a la decisión asumida por el juzgador y posibilite el análisis del contexto que se genera con base en sus consecuencias, pues para proceder a de esa forma, se insiste, deben constituir materia de la controversia ambos pronunciamientos y no sólo este último. Es por ello que si el demandante del amparo se limitó a exponer motivos de disenso relacionados con el acto de prevención, así como con el contexto que llevó a que se revocara la suspensión condicional de la pena que en su momento le fue concedida, y no cuestionó los argumentos que recayeron en el auto que fue consecuencia de la omisión en desahogo del requerimiento formulado, válidamente se puede establecer que no controvirtió la determinación asumida al respecto, por lo que procede declarar inoperantes sus manifestaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, publicada en la página 116 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que en su rubro dispone "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO". En ese contexto es que este pronunciamiento se limitará a establecer lo adecuado del proceder de la responsable para desechar la solicitud planteada. Así, de acuerdo con la norma que prevé el acuerdo inicial en asuntos como el de origen, en específico, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que el juez correspondiente cuenta con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. En el entendido que cuando se realiza una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para aclarar o corregir la solicitud, y en caso de no hacerlo, se desechará de plano, como finalmente ocurrió en la especie. Con base en lo anterior, es evidente que en lo que constituye la materia de esta controversia, el proceder de la responsable fue el adecuado, en tanto el quejoso no desahogó la prevención formulada en el plazo concedido para tal efecto. Y es que al margen de que fuera o no necesaria la prevención formulada para que se aclarara o corrigiera la solicitud, pues el planteamiento del quejoso se aprecia suficientemente claro y preciso, también lo es que -sólo se puntualiza para establecer que no se aprecia materia para suplir la deficiencia en la queja-, los juzgados de Ejecución sólo conocen de asuntos relacionados con el trámite y resolución de beneficios penitenciarios, con base en las disposiciones administrativas que como fueron invocadas emitió el Consejo de la Judicatura de esta ciudad; situación que fue precisada así por la responsable previo a prevenir al justiciable, lo cual implica que hizo alusión a su incompetencia para analizar la solicitud del quejoso en la forma planteada, y de cierto modo justificó al requerimiento de referencia. Por tanto se concluye que el acto reclamado está fundado y motivado de manera adecuada, acorde con el artículo 16 constitucional. En razón de lo expuesto, al resultar inoperantes los conceptos de violación planteados por el amparista, desde luego, sin advertir materia para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó contra el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho emitido en la carpeta de ejecución 424/2018. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de este fallo, se niega el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó Gabriel Montaño Ledezma, contra el proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciocho emitido por el juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución 424/2018, en que desechó de plano el planteamiento del quejoso, con motivo de que no desahogó la prevención formulada en auto de once anterior.
- Principal
Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense en autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la ley reglamentaria, se tiene como prueba de la autoridad remitente la documental que adjunta a su informe de ley, que se desahoga en este acto en virtud de su naturaleza jurídica, sin perjuicio de relacionarla el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de dicha constancia, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbricas y folio.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso ratifica el escrito presentado el veintitrés del mes en curso (foja 24). En atención al contenido del citado ocurso, se tiene por revocado cualquier nombramiento efectuado con anterioridad. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizados en los términos que se precisan a las personas que menciona en el escrito mencionado.
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