Gabriel Méndez Gijón

Expediente 858/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
858/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Méndez Gijón
  • Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL. 858/2020 2[] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1. Se agregan oficios. Agréguense los dos oficios registrados con el número 804/2021, de la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante los que comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado, para conocer del juicio de amparo número 858/2020, promovido por ****; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. Ante ello, y como en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último destruible. 3. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 858/2020 MESA 2° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 111/2021, de la juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, mediante el que devuelve las constancias originales relativas a la diligenciación del despacho con números de orden *** y origen ***, del índice de este órgano de control constitucional, que se le envió a fin de que, entre diversas cuestiones, notificara al aquí quejoso *** el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, lo que se llevó a cabo el cinco del mes actual. Sin que se ordene dar de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, toda vez que en proveído de once de febrero del año en curso se acordó al respecto, al haberse recibido esas constancias, vía correo electrónico oficial. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 858/2020 2-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Cumplimiento a prevención. Agréguese el escrito del quejoso Gabriel Méndez Gijón, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, manifiesta que señala como acto reclamado en este juicio de amparo la resolución dictada el cuatro del mismo mes y año, en la que, dice, se aprobó el convenio de divorcio celebrado en la misma fecha y en la que se elevó ese acuerdo de voluntades a la categoría de cosa juzgada. Sin que sea necesario ordenar formar nuevo expediente ni llevar a cabo diverso registro en el libro de gobierno, debido a que se seguirá actuando en el en que se hizo la prevención que se formuló el veintinueve de diciembre último. 2. Incompetencia. En virtud que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues, de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no vulnerar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. 2.1. Acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo y de escrito aclaratorio de cuenta se advierte que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, reclamando del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtán de Juárez, Oaxaca, la resolución dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que, dice, se aprobó el convenio de divorcio celebrado en la misma fecha y en la que se elevó ese acuerdo de voluntades a la categoría de cosa juzgada, en específico, la parte en la que se determinó que debe proporcionar por concepto de alimentos a favor de su menor hijo, la cantidad de tres mil seiscientos veintidós pesos, sesenta centavos, moneda nacional, de forma mensual. Sobre esa base, se considera que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer de la demanda que se trata. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, pues señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". En el caso, se considera que el acto que se combate en esta instancia constitucional es impugnable a través del juicio de amparo directo, puesto que, conforme a lo que reclama el quejoso, ese acto consiste en una resolución que a) aprobó el convenio de divorcio y 2) elevó ese acuerdo de voluntades a la categoría de cosa juzgada. No obsta a lo anterior que en el procedimiento de origen las partes hayan celebrado un convenio, pues ello no cambia el carácter definitivo de la resolución combatida, en la que se da fuerza de cosa juzgada a dicho pacto de voluntades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 251, tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DIVORCIO VOLUNTARIO. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que le pongan fin al juicio, siempre y cuando sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley de Amparo establece que son sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, aunque en el divorcio por mutuo consentimiento no existe, en principio, una controversia entre los cónyuges que someten su decisión de disolver el vínculo matrimonial ante el Juez, y por ello podría considerarse, desde un punto de vista, que no se trata de un verdadero juicio, lo cierto es que la sentencia que en dicho procedimiento se dicte tiene el carácter de definitiva para los efectos de procedencia del juicio de garantías y, por ende, es impugnable a través del amparo directo. Ello es así porque en el juicio de divorcio voluntario se somete una causa (la disolución del vínculo matrimonial) a una autoridad jurisdiccional competente, quien definirá el derecho de las partes a través de una sentencia, la cual es susceptible de constituir derechos y obligaciones." Por lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo respecto del acto que, por esta vía constitucional, se reclama, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo se ordena remitir la demanda origen de este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, de este Circuito, para que proceda conforme a sus facultades legales; se le solicita el acuse de recibo respectivo. 3. Cuaderno de antecedentes. Se ordena formar cuaderno de antecedentes respectivo. 4. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el ubicado en Prolongación de Calzada Madero número mil novecientos tres, Santa Rosa Panzacola, en la ciudad de Oaxaca. 5. Autorización para establecer comunicación vía telefónica y correo electrónico. Debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, por la que atraviesa el país, se tiene a la parte quejosa señalando una cuenta de correo electrónico y un número telefónico, como medios para entablar comunicación, a fin de que, cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución, se acuerde previamente su realización con el (la) actuario (a) de la adscripción, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 858/2020 Acuerdo: PRAL. 858/2020 2-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Cumplimiento a prevención. Agréguese el escrito del quejoso Gabriel Méndez Gijón, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, manifiesta que señala como acto reclamado en este juicio de amparo la resolución dictada el cuatro del mismo mes y año, en la que, dice, se aprobó el convenio de divorcio celebrado en la misma fecha y en la que se elevó ese acuerdo de voluntades a la categoría de cosa juzgada. Sin que sea necesario ordenar formar nuevo expediente ni llevar a cabo diverso registro en el libro de gobierno, debido a que se seguirá actuando en el en que se hizo la prevención que se formuló el veintinueve de diciembre último. 2. Incompetencia. En virtud que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, se procede a abordar dicha figura, pues, de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal, situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no vulnerar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. 2.1. Acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo y de escrito aclaratorio de cuenta se advierte que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, reclamando del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtán de Juárez, Oaxaca, la resolución dictada el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que, dice, se aprobó el convenio de divorcio celebrado en la misma fecha y en la que se elevó ese acuerdo de voluntades a la categoría de cosa juzgada, en específico, la parte en la que se determinó que debe proporcionar por concepto de alimentos a favor de su menor hijo, la cantidad de tres mil seiscientos veintidós pesos, sesenta centavos, moneda nacional, de forma mensual. Sobre esa base, se considera que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer de la demanda que se trata. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, pues señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". En el caso, se considera que el acto que se combate en esta instancia constitucional es impugnable a través del juicio de amparo directo, puesto que, conforme a lo que reclama el quejoso, ese acto consiste en una resolución que a) aprobó el convenio de divorcio y 2) elevó ese acuerdo de voluntades a la categoría de cosa juzgada. No obsta a lo anterior que en el procedimiento de origen las partes hayan celebrado un convenio, pues ello no cambia el carácter definitivo de la resolución combatida, en la que se da fuerza de cosa juzgada a dicho pacto de voluntades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 251, tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DIVORCIO VOLUNTARIO. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que le pongan fin al juicio, siempre y cuando sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley de Amparo establece que son sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, aunque en el divorcio por mutuo consentimiento no existe, en principio, una controversia entre los cónyuges que someten su decisión de disolver el vínculo matrimonial ante el Juez, y por ello podría considerarse, desde un punto de vista, que no se trata de un verdadero juicio, lo cierto es que la sentencia que en dicho procedimiento se dicte tiene el carácter de definitiva para los efectos de procedencia del juicio de garantías y, por ende, es impugnable a través del amparo directo. Ello es así porque en el juicio de divorcio voluntario se somete una causa (la disolución del vínculo matrimonial) a una autoridad jurisdiccional competente, quien definirá el derecho de las partes a través de una sentencia, la cual es susceptible de constituir derechos y obligaciones." Por lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo respecto del acto que, por esta vía constitucional, se reclama, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo se ordena remitir la demanda origen de este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, de este Circuito, para que proceda conforme a sus facultades legales; se le solicita el acuse de recibo respectivo. 3. Cuaderno de antecedentes. Se ordena formar cuaderno de antecedentes respectivo. 4. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el ubicado en Prolongación de Calzada Madero número mil novecientos tres, Santa Rosa Panzacola, en la ciudad de Oaxaca. 5. Autorización para establecer comunicación vía telefónica y correo electrónico. Debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, por la que atraviesa el país, se tiene a la parte quejosa señalando una cuenta de correo electrónico y un número telefónico, como medios para entablar comunicación, a fin de que, cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución, se acuerde previamente su realización con el (la) actuario (a) de la adscripción, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano