Gabriel Martinez Santos
Expediente 2370/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Gabriel Martinez Santos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
(CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 2370/2019, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EL CUAL DICE: "Vista la cuenta, se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo signada por Gabriel Martínez Santos, contra actos del Juez Segundo del Ramo Familiar, en esta ciudad y otra autoridad, consistente en la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 966/2019, en el que se fijó al quejoso el pago de 35% de su salario mensual por concepto de pensión alimenticia a favor de Paola Patricia Ruiz López, por sí y en representación de su menor hija. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2370/2019. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. (.)Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. (.) Por su parte, el numeral 61 de la Ley de la materia, señala las causales de improcedencia del juicio de garantías, entre las que destaca la fracción XVIII, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Para demostrar esta afirmación, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en consideración a que el acto que se reclama en el presente asunto es la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 966/2019, en el que se fijó al quejoso el pago de 35% de su salario mensual por concepto de pensión alimenticia a favor de Paola Patricia Ruiz López, por sí y en representación de su menor hija, determinaciones contra la cual el aquí quejoso puede promover el recurso de apelación previsto en el artículo 666 en relación con el 740 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, y a través de ese medio de defensa legal puede nulificar las actuaciones que considera se han realizado de manera ilegal. En ese orden, para determinar la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la materia, antes señalado, se advierte que los artículos 666 y 740 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, estatuyen: "Artículo. 666. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "Artículo. 740. el deudor de buena fe tiene derecho a alimentos cuando el valor de los bienes exceda al importe de los créditos, siempre que se reúnan además las condiciones fijadas en el articulo 525. De la resolución relativa a los alimentos pueden apelar el deudor y los acreedores. De la que los niegue se da la apelación en ambos efectos. Si en el curso del juicio se hace constar que los bienes son inferiores a los créditos, cesaran los alimentos, pero el deudor no devolverá lo que hubiere percibido". De lo anterior se aprecia que existe una causal de improcedencia del juicio de garantías, toda vez que antes de promover el presente juicio de amparo, el promovente debió promover el recurso de apelación previsto por el numeral antes invocado. Con lo que opera de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. (.) No obsta que el principio de definitividad, en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general y que la propia Ley Reglamentaria del juicio de amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos señalados expresamente en la ley o derivados de su interpretación por el Alto Tribunal del País, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguno de esos casos de excepción, que, a manera de ejemplo, se pueden citar: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Así las cosas, al no actualizarse ninguno de los supuestos de excepción antes mencionados, queda claro que el solicitante del amparo tenía la ineludible obligación de promover, previamente al juicio de amparo, el recurso de apelación previsto por el artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. En ese tenor, resulta inconcuso que ello actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Gabriel Martínez Santos, por improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de demanda, por autorizados para los mismos efectos al licenciado Pablo García Suriano, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, en términos del punto cuarto del Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que designa, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en términos del arábigo 24, párrafo segundo de la ley de la materia, por no tener cédula registrada en el aludido sistema. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consulta expediente electr onico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.Dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente".
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