Gabriel Martínez Juárez

Expediente 735/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
735/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Martínez Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual, remite testimonio de la resolución de once de enero de dos mil dieciocho, dictado en el Conflicto Competencial 43/2017, suscitado entre este órgano jurisdiccional con el diverso Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Ahora bien, por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, es LEGALMENTE COMPETENTE para conocer del juicio de amparo promovido por GABRIEL MARTÍNEZ JUÁREZ. SEGUNDO. REMÍTASE testimonio de esta ejecutoria a los jueces contendientes; y envíese al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Oaxaca, el expediente de amparo número 375/2016 de su índice. (sic) Al respecto se acuerda: Acúsese recibo respectivo. A.- ARCHIVO. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B.- VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida de en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto de incompetencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C.- REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis.

  2. Principal

    Visto; el oficio suscrito por el Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; mediante cual hace del conocimiento el contenido del proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se admite a trámite la controversia competencial. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, téngase por recibido el oficio de cuenta y agréguese a los autos para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto; el oficio suscrito por la Secretaria del juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Pedro, Oaxaca; mediante cual hace del conocimiento el contenido del proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, por el cual remitió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por conducto de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados para que dirima lo procedente respecto al conflicto competencial.

  4. Principal

    Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 735/2017-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Antes de proveer sobre la aceptación o no de la competencia declinada a favor de este Juzgado, es menester dejar precisado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual se desprende del contenido íntegro de la demanda de amparo, el cual se hace consistir en lo siguiente: "La grave violación sistemática de mis derechos humanos y fundamentales, consistentes en la violación del debido proceso, de la garantía de seguridad jurídica, la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad reviste. La garantía de acceso a la impartición de justicia, la garantía de audiencia y la garantía de defensa dentro del proceso penal 97/2009 del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se instruye en mi contra y la de otros, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro. Actos de autoridad que vulneran y violan el debido procedimiento del proceso que se me instruye, toda vez que de este proceso del cual soy acusado yo desconozco totalmente[..] nunca se me dio la notificación y documentación legal fundada y motivada del auto de formal prisión de mencionada causa penal" . Ahora bien, la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, deriva de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 37 de la Ley de amparo, del cual se advierten tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor compresión técnica de puntualizan a continuación: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así conforme la cuestión normativa, la tercera regla supone que la competencia se surte cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Respecto a la cuestión fáctica, se evidencia que la parte quejosa reclama violaciones en el procedimiento dentro de la causa penal 97/2009 (antes 361/2008), que se instruye en el Juzgado Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapas, con residencia en Cintalapa, siendo estas, la falta de intervención y la omisión de notificarle el auto de formal prisión dictado en la referida causa; es decir, omisiones propiamente. Por otra parte, del informe justificado de la responsable se desprende que el proceso está en la etapa de instrucción, por lo que este impacta en la restricción de la libertad del quejoso, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En ese sentido, no se comparte lo argumentado por el Juez de Distrito declinante, quien sostuvo lo siguiente: ". debe precisarse que la parte quejosa esencialmente reclama de la autoridad responsable Juez Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapas, con residencia en Cintalapa, la falta de intervención dentro de la causa penal 97/2009 de su índice, así como la omisión de notificarle el auto de formal prisión dictado en ese proceso, por el cual se encuentra en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por tanto este órgano jurisdiccional considera que corresponde conocer de este asunto a un Juez de Distrito donde radica la causa penal ante cuya potestad se encuentra sujeto el aquí quejoso, aun cuando éste continuará privado preventivamente de su libertad en un ámbito territorial distinto de aquel en el cual se sigue la causa." Esto es así ya que del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, se observa en su primer párrafo que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama, debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado, y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por tanto, se está ejecutando dentro de la jurisdicción del juzgado declinante. No se soslaya que funde su competencia en la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, a consideración del suscrito juzgador, ese criterio jurisprudencial no es aplicable al caso que nos ocupa, ya que el caso es excepción a que alude ese criterio para el conocimiento del amparo a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción donde se sigue el proceso, se refiere a un auto de formal prisión; sin embargo, en el presente asunto, se reclaman violaciones al procedimiento por omisiones. Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada, cuyo rubro y epígrafe señalan: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Establecidas las cuestiones normativas y fácticas, conforme el artículo 48 de la Ley de Amparo, el suscrito no acepta el conocimiento del presente asunto, por las razones siguientes: DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, tomando en consideración lo manifestado en líneas precedentes que el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como los Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 y 16/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, éste órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer el juicio de amparo respecto del acto reclamado en esta instancia. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones el libro de gobierno y reenvíese al Juez declinante el juicio de amparo 375/2016 y anexos de su índice, en su oportunidad acuse el recibo de estilo respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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