Gabriel Martínez Cavazos
Expediente 1363/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Gabriel Martínez Cavazos
Actuaciones
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Gabriel Martínez Cavazos, a través del cual comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y la autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 1363/2019-IX, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues se advierte la improcedencia de la misma. En efecto, el segundo de los preceptos de referencia faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época, página sesenta y cuatro, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridades responsables, las siguientes: Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Secretaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional; Asimismo, como actos reclamados los que a continuación se transcriben: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo el acuerdo dictado dentro de la Audiencia Preliminar, en la etapa de depuración del procedimiento; dentro del expediente número 789/2019, celebrada siendo las trece horas del día 04 del mes de Diciembre del año 2019 en el que considera por acreditada la personalidad del Licenciado Jaime Adrián García García como apoderado de uno de los bancos demandados (El Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte) y al licenciado Víctor Manuel Hernández Sandoval autorizado por éste en los términos del artículo 1069 del Código de Comercio; en la que la autoridad responsable tiene por solventada la asistencia de la parte demandada (le mencionada institución El Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte con los documentos allegados, escritura pública número 197,860, contenida en el Libro número Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Dos, de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Notario Público CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ Notario Público número 151 en ejercicio en México, Distrito Federal; ya que el suscrito compareció por su propio derecho; sin considerar a juicio del suscrito que con los documentos anexados al escrito de contestación de la demanda por el licenciado Jaime Adrián García García, sean suficientes para acreditar la representación; en virtud de que contienen una serie de irregularidades fundamentales, que mencioné en escrito de fecha 20 de Noviembre del 2019 y que la responsable acordó que no ha lugar, que debía presentarse en la audiencia ya que se trata de un Juicio Mercantil Oral, por lo que en dicha audiencia oral celebrada en la Audiencia Preliminar, fase de depuración; argumentos y fundamentos legales que considero son suficientes para tener por no acreditado el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas que ostenta el licenciado Jaime Adrián García García y el del licenciado Víctor Manuel Hernández Sandoval, autorizado por el primero en los términos del artículo 1069 del Código de Comercio, sin tener facultades para ello. De la Secretaria de acuerdos se reclama la manifestación que hace que no existe excepción procesal admitida al respecto; al responder al Juez de que dé cuenta si existe alguna excepción procesal por resolver; ello en virtud de que es el demandado a quien le corresponde oponer excepciones y defensas y al suscrito actos el ejercicio de acciones y ser la Audiencia Preliminar y en la fase de depuración, cuando conforme a derecho debe de hacerse el estudio correspondiente de la falta de personalidad de los representantes de la parte demandada y; al no hacerlo violenta en mi perjuicio los derechos fundamentales de defensa y de debido proceso." Igualmente, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: "a).- Mediante escrito de fecha 1°., de Octubre del 2019 promovió demanda en la vía ordinaria mercantil en contra del El Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Banorte y del Banco Nacional de México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANAMEX, reclamándoles a).- La devolución de la cantidad de $119,500.00 8CEINTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por el concepto de suerte principal.- b).- El pago de intereses moratorios legales generados desde el 26 de Julio de 2019, hasta la fecha en que me haga la devolución de la cantidad mencionada en el inciso que antecede.- c).- El pago de los daños y perjuicios que se me hayan ocasionado por virtud de la indebida disposición de la cantidad que se describe en el inciso a), por los demandados.- d).- El pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación de este juicio. Fundamento la demanda en los hechos descritos en la misma, los que en obvio de repeticiones, solicito se tengan por reproducidos en éste apartado como si se insertasen a la letra; la que fue presentada en la oficialía de partes adscrita a los Juzgados de Primera Instancia y Menores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas; correspondiéndole conocer el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, quien me previno aclarara la demanda en la Vía Intentada, la que fue aclarada en escrito de fecha 09 de Octubre del 2019 en el sentido de que la misma debería tramitarse en la vía Mercantil Oral; por lo que por acuerdo de fecha 14 de Octubre del 2019 la radicó asignándole el expediente número 789/2019, admitiendo el trámite de la demanda en la Vía Oral Mercantil, en contra de los demandados, el Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Banorte y el Banco Nacional de México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANAMEX; ordenado fueron legalmente emplazados a juicio, lo que aparece que así se hizo. b) Mediante escrito de fecha 31 de Octubre de 2019 el licenciado Jaime Adrián García García ostentándose como apoderado general para pleitos y cobranzas del Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; quien a su vez autorizó en los términos del artículo 1060 del Código de Comercio autorizó al licenciado Víctor Manuel Hernández Sandoval; contestó la demanda oponiendo las excepciones y defensas que se contienen en dicho ocurso. Por auto de fecha cinco de noviembre del 2019, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, tuvo al licenciado Jaime Adrián García García, como apoderado del Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la que acredita y justifica con la copia certificada por el licenciado Gabriel Alfonso Bolaños Cacho Martínez, Notario Público número 127 en ejercicio den la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, de la escritura Pública número 197,860 del Libro número 4, 692 de fecha 05 de Abril del 2017, del protocolo a cargo del licenciado Cecilio González Márquez, titular de la notaría pública número 151, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal; quien a nombre de su poderdante opuso las excepciones y defensas que se contienen en dicho escrito. c) En cuanto al codemandado el Banco Nacional de México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANAMEX, se hizo constar que no contestó la demanda y se le tuvo por acusada su rebeldía. d).- Mediante escrito electrónico de fecha 11 de Noviembre de 2019, el suscrito Gabriel Martínez Cavazos desahogo la vista que se me mando dar del escrito de contestación de la demanda producida por el Licenciado Jaime Adrián García García, en los términos de su contenido; vista que se tuvo por desahogada por auto de fecha 12 de Noviembre del 2019. e).- Por auto de fecha 12 de Noviembre del 2019, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, autoridad responsable ordenadora en ésta demanda de amparo, señaló las 13:00 horas del día 04 de Diciembre del 2019 para que tuviera verificativo la Audiencia Preliminar. f).- Mediante escrito de fecha 28 de Noviembre del 2019 presente escrito relacionado con la personalidad reconocida por la responsable en auto de fecha 5 de Noviembre del 2019 al licenciado Jaime Adrián García García y al autorizado por éste en los términos del artículo 1060 del Código de Comercio, como sigue: [.] El cual por auto de fecha 02 de Diciembre del 2019 dijo que no es dable acordar de conformidad a su solicitud, toda vez que conforme al artículo 1390 bis 9 del Código de Comercio las promociones de las partes deberán formularse oralmente durante las audiencias. g).- Siendo las 13:00 horas del día 4 de Diciembre del 2019, día y hora en que fue celebrada la audiencia preliminar, debe constar en el Audio Video, que en la fase de depuración de dicha audiencia en forma oral el suscrito, como lo adujo la responsable en su acuerdo de fecha 02 de Diciembre del 2019, oralmente impugne la personalidad del licenciado Jaime Adrián García García y la del licenciado Víctor Manuel Hernández Sandoval; exponiendo las irregularidades que se contienen en la copia fotostática certificada de la escritura pública número 197, 860 de fecha 05 de abril del 2017,; las que deben constar en el Audio Video elaborado con motivo de la celebración de la Audiencia Preliminar." De los antecedentes del acto reclamado que narra el promovente bajo protesta de decir verdad, en relación al acto reclamado, así como del concepto de violación planteado, se desprende lo siguiente: El acto reclamado deriva de un juicio oral mercantil, promovido por el quejoso Gabriel Martínez Cavazos, en contra de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Banorte y del Banco Nacional de México, S. A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banamex; el cual se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad, bajo el número de expediente 789/2019. 2. Que el hoy quejoso presentó un escrito ante el juez responsable, oponiendo la falta de personalidad del licenciado Jaime Adrián García García, como apoderado de la parte demandada Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 3. Que el juez de primera instancia dentro de la audiencia preliminar relativa al procedimiento oral mercantil, emitió un auto en el sentido de tener por acreditada la personalidad del licenciado Jaime Adrián García García, como apoderado de la parte demandada Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y al licenciado Víctor Manuel Hernández Sandoval, como su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Dicha resolución constituye el acto aquí reclamado. En esas condiciones, en el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 6º, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Hipótesis dentro de la cual encuadra en el acto reclamado, ya que este órgano jurisdiccional determina que el acto combatido en esta instancia deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, ya que no se advierte que exista alguna afectación irreparable a la promovente y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente. Ello es así, ya que por perjuicio debe entenderse el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afecten de manera inmediata derechos sustantivos, en forma tal que el perjuicio irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; por tanto, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación y ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso a estudio no se actualiza puesto que no se desprende que de la resolución reclamada se derive algún perjuicio a la hoy promovente del amparo y, por tanto, al no causarle perjuicio debe determinarse que no existe interés jurídico para promover la presente demanda de garantías. Atento a lo anterior, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación adoptada dentro del audiencia preliminar celebrada en el juicio oral mercantil número 789/2019, por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ya que el auto que reconoce la personalidad de una de las partes demandadas, así como la manifestación que hizo la secretaria a su titular de que no existe excepción procesal admitida, no son actos de imposible reparación, toda vez que no producen una afectación material a sus derechos sustantivos, pues únicamente produce una lesión adjetiva que no necesariamente pudiera llegar a trascender a la sentencia que en definitiva se dicte en el juicio de origen, lo que no le afecta en su persona o en sus bienes y, precisamente, el juicio de amparo tiene por objeto proteger a la promovente frente a un menoscabo que en su persona o bienes pueda resultarle del acto inconstitucional, lo cual en el acto reclamado a estudio no se observa que vulnere los derechos del aquí quejoso. En efecto, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Tales consideraciones encuentran sustento en la contradicción de tesis 377/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Tesis P./J. 37/2014 (10a.), página 39 la cual establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, página 1539 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Igualmente la tesis II.1o.C.1 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1890, misma que establece: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." Por lo anterior, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas de los actos reclamados son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio, no constituyen un acto de imposible reparación y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlos; puesto que, se trata de una determinación adoptada dentro del audiencia preliminar celebrada en el juicio oral mercantil número 789/2019, por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, como lo es el auto que reconoce la personalidad de una de las partes demandadas, y la manifestación que hizo la secretaria a su titular de que no existe excepción procesal admitida, los cuales no producen una afectación material a los derechos sustantivos del mismo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha la demanda de garantías promovida por Gabriel Martínez Cavazos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se tiene como domicilio de la parte promovente el que se indica en el escrito de cuenta, y por autorizado para en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Liliana Martínez Garza. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Gabriel Martínez Cavazos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
IX. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso el proveído de diez de diciembre del año en curso, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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