Gabriel Mancera Huante

Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1092/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Mancera Huante y Otros.
  • Gabriel Mancera Huante
  • Laura Vieyra Jaramillo
  • Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramitó. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1092/2022, promovido por Gabriel Mancera Huante, Laura Vieyra Jaramillo, Rosenda Erika Vieyra Jaramillo, José Francisco Aparicio, Antonio Palomares Díaz, Lorena Peñaloza Argüello, Hugo Lúa García, Mitzi Daniela Torres Castillo, Ricardo Gómez Lule y José Alberto Soto Rodríguez, en cuanto Secretario General, Secretario de Organización, Secretario de Actas, Archivo y Estadística, Secretario de Trabajo y Conflictos, Secretario de Finanzas, Secretario de Difusión y Comunicación, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte, Secretario de Capacitación, Seguridad e Higiene, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Previsión Social, Jubilaciones y Pensiones, respectivamente, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica (SITEST), por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo: El auto de once de agosto de dos mil veintidós, que negó el registro sindical en el expediente 17/2021. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en las copias certificadas del expediente de solicitud de registro sindical 17/2021, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTA. Estudio de fondo. Son inoperantes en una parte, y en otra infundados, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Previo a su estudio, es pertinente establecer los principales antecedentes que permitan conocer la cronología del acto reclamado, y que a saber, son los siguientes: Mediante escrito presentado el dos de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, Gabriel Mancera Huante, en cuanto Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica (SITEST), solicitó el registro de dicha asociación sindical. Con motivo de la solicitud, se formó el expediente de solicitud de registro sindical 17/2021, y en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable se pronunció en torno a la misma, negando el registro correspondiente por considerar esencialmente: Que la asamblea constitutiva se llevó a cabo en un domicilio distinto al establecido en la convocatoria; b) dos de las trabajadoras afiliadas, Laura Vieyra Jaramillo y Rosenda Érika Vieyra Jaramillo deben ser excluidas del conteo, al laborar para la Universidad Tecnológica de Morelia, pues las relaciones de trabajo del personal que labora para dicha institución educativa no se encuentran reguladas por la Ley Federal del Trabajo, sino por la diversa de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios, y por tanto la autoridad responsable carece de facultades para pronunciarse sobre su afiliación; y al haber sido excluidas del conteo, el número total de afiliados es de diecinueve, es decir, menor al mínimo legal de veinte trabajadores en activo, previsto en el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento; y, c) el estatuto no reúne los requisitos mínimos establecidos en las fracciones XI y XIII del precepto 371 de la Ley Federal del Trabajo. Contra esa determinación, la parte actora interpuso demanda de amparo indirecto, registrada bajo el número 183/2022 del índice de este órgano jurisdiccional -por razón de turno-, en la cual se dictó sentencia el dieciséis de junio de dos mil veintidós, resolviéndose de manera esencial que la Junta responsable, al emitir su resolución: Inobservó el contenido del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, interpretado por el Comité de Libertad Sindical, al restringir el derecho de los socios de asociarse libremente y elegir su organización interna por el solo hecho de que las relaciones laborales de las trabajadoras Laura Vieyra Jaramillo y Rosenda Érika Vieyra Jaramillo se encuentran reguladas por la legislación burocrática estatal; Excedió su facultad de revisar la documentación prevista en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de origen, al abordar cuestiones de fondo o validez de las mismas, y no únicamente de forma; y, Citó como motivo adicional para negar el registro, el que el estatuto no reúne los requisitos mínimos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, sin ofrecer explicaciones que justifiquen su decisión. Por tanto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que la Junta responsable, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada; Emita otra en la que se abstenga de citar como motivo para negar el registro del sindicato, o para incluirlas en el conteo del padrón de socios, el que las relaciones laborales de las trabajadoras Laura Vieyra Jaramillo y Rosenda Érika Vieyra Jaramillo se encuentren reguladas por la legislación burocrática estatal, pues debe únicamente verificar que quienes están en el padrón de socios son trabajadores en activo, en términos de los artículos 364 y 366 fracción II de la Ley Federal del Trabajo; Al valorar la documentación prevista en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo para efectos de verificar si se actualiza el supuesto de negativa del registro previsto en la fracción III del numeral 366 del mismo cuerpo normativo, se limite a revisar cuestiones formales; y, De insistir que los estatutos del sindicato no reúnen los requisitos mínimos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 371, motivar y justificar adecuadamente dicha aseveración. Una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se requirió su cumplimiento; y, en ese sentido, se tuvo por cumplida con el auto de once de agosto de dos mil veintidós, en el que con libertad de jurisdicción resolvió negar el registro sindical en el expediente 17/2021, por las consideraciones esenciales siguientes: Luego de cumplir con los efectos I, II y III de la ejecutoria, la autoridad responsable resolvió negar el registro a la asociación quejosa toda vez que -dijo- el estatuto en su CAPÍTULO XI, DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO, no reúne los requisitos mínimos establecidos por el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo de 2012, específicamente en sus fracciones XI y XIII, porque son imprecisas o parciales en cuanto a los puntos que se pretende normar con su interpretación. Respecto a la fracción XI, tiene imprecisión en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso en términos del artículo 83 estatutario, así como los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". Aplicando el mismo supuesto para el Comité Ejecutivo General, ya que en sus artículos 84 y 85 de los estatutos, de manera ambigua, únicamente se señala que el patrimonio estará a su cargo con las atribuciones que le otorgue el Estatuto sin especificar el alcance de las atribuciones y procedimientos para la adquisición, enajenación o gravamen de patrimonio del sindicato. Y, por lo que ve a la fracción XIII, el estatuto sindical es inconcluso, toda vez que no se reglamenta de manera específica el periodo en que se presentarán cuentas y cuáles son las sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento en su presentación, así como el establecimiento de instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo d la gestión de fondos sindicales. Sobre este aspecto, señaló tomar en consideración la importancia que representa la transparencia en el funcionamiento de los sindicatos, para que cumplan con el objetivo de su creación, que es el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, así como a las reformas en materia de acceso a la información hechas a la Ley Federal del Trabajo en 2012 y al artículo 6° Constitucional, en las que se contempla a los sindicatos como sujetos obligados, con la finalidad de transparentar a las agrupaciones en el ejercicio de su rendición de cuentas; por ello precisó que la propia Ley Federal del Trabajo, en la fracción XIII, establece la necesidad de que los estatutos de los sindicatos, contemplen en su normatividad, la de establecer los mecanismos que garanticen el correcto cumplimiento sobre el manejo del patrimonio del sindicato y la accesibilidad transparente a la información que rinden a través de sus propias instancias, de no hacerlo, traería como consecuencia el incumplimiento a la norma constitucional y legal, y los agremiados resultarían afectados en su derecho a una transparente información sobre la rendición de cuentas, respecto de la administración y destino de las cuotas aportadas con motivo de su afiliación, las ordinarias y extraordinarias, al desconocer el periodo en que los representantes sindicales deben presentar cuentas; y desconocer además el proceder a seguir al considerar la existencia de irregularidades en su rendición y las sanciones aplicables en esa situación. En apoyo citó las Jurisprudencias de rubros: "SINDICATOS. LOS ARTÍCULOS 371, FRACCION XIII Y 373 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER UN MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN TORNO A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE AQUÉLLOS, NO VIOLAN EL PRINCIPÍO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012) y "SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. EL ARTÍCULO 358, FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER EL DEBER DE SU DIRECTIVA DE RENDIR CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, NO VIOLA EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). El auto reseñado constituye el acto reclamado. Expuesto lo anterior, en el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales y humanos, porque las observaciones al estatuto son desafortunadas, debido a que es falso que las fracciones XI y XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, sean ambiguas, puesto que su lectura permite entenderlas con toda claridad. Tales argumentos son inoperantes, pues se trata de simples afirmaciones carentes de razonamiento jurídico concreto, que no atacan los fundamentos del acto que con ellos pretende combatirse. Ello es así, pues un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Resulta aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por otro lado, en el segundo concepto de violación se sostiene que la autoridad responsable no precisa en qué consiste la supuesta ambigüedad del estatuto, o por qué razón son parciales, dejándola en estado de indefensión. Lo anterior es infundado. Contrario a lo que sostiene, tal como se advierte de las consideraciones esenciales del acto reclamado, la responsable sí señaló el porqué de la imprecisión respecto a la fracción XI del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, al exponer que en el CAPÍTULO XI, DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO, aquélla existe en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso en términos del diverso 83 estatutario, así como los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". También dijo aplicar ese mismo supuesto para el Comité Ejecutivo General, ya que en los estatutarios 84 y 85, de manera ambigua, únicamente se señala que el patrimonio estará a su cargo con las atribuciones que le otorgue el Estatuto sin especificar el alcance de las atribuciones y procedimientos para la adquisición, enajenación o gravamen de patrimonio del sindicato. De igual forma, por lo que ve a la fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, expuso que el estatuto sindical es inconcluso, toda vez que no se reglamenta de manera específica el periodo en que se presentarán cuentas y cuáles son las sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento en su presentación, así como el establecimiento de instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de fondos sindicales; de ahí lo infundado de su argumento. En el tercer concepto de violación la parte quejosa sostiene que, respecto a la fracción XI del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, sí se surten a cabalidad sus extremos, ello si se considera lo establecido en los normativos 22 fracciones VI y X, 25, fracción X, 56, 83, 84 y 85 del referido estatuto. Tal motivo de inconformidad resulta infundado. Primeramente, resulta pertinente mencionar que si bien es derecho de las organizaciones de trabajadores redactar sus estatutos, ello no significa que éstos no deben guardar una composición estructural que permitan ser entendidos como el conjunto de disposiciones relativas a la organización, dirección, distribución de funciones, derechos y obligaciones que acuerden los miembros de una asociación profesional para el mejor desarrollo de sus actividades gremiales y para la defensa y protección de sus intereses comunes, ello en ejercicio del principio de libertad sindical. Dicho de otra manera, su redacción deber ser clara en la cuestión sujeta a reglamentar, con el único objetivo de garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados; asegurando con ello, incluso, el acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, en caso de controversia. Sentado lo anterior, se destaca que las imprecisiones señaladas por la autoridad responsable para negar el registro sindical, derivan del análisis que realizó únicamente al apartado denominado DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO establecido en el CAPITULO XI, de los ESTATUTOS, al considerar de manera esencial que éste contiene aspectos ambiguos en cuanto normas de administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento, de acuerdo a las propias normas que en ese capítulo se redactaron. Al respecto, la parte quejosa pretende subsanar las imprecisiones destacadas, recurriendo a los artículos que cita -se entiende-, con la finalidad de complementar el capítulo que fue motivo de estudio por parte de la autoridad responsable; no obstante, es insuficiente. Para sustento de ello, cabe recordar que, respecto a la fracción XI del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable expuso que en el CAPÍTULO XI, DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO, existe imprecisión en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso en términos del estatutario 83, así como los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". Supuesto que también dijo aplicar para el Comité Ejecutivo General, ya que en los artículos 84 y 85 de los estatutos, de manera ambigua, únicamente se señala que el patrimonio estará a su cargo con las atribuciones que le otorgue el Estatuto, sin especificar el alcance de éstas ni los procedimientos para la adquisición, enajenación o gravamen de patrimonio del sindicato. Ahora, se retoma que las normas estatutarias que cita la parte quejosa para demostrar la ilegalidad en que incurre la responsable disponen: "Artículo 22. Corresponderá conocer y decidir al Congreso Estatal sobre: . VI. La enajenación de bienes inmuebles; .X. Conocer y en su caso aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Sindicato, teniendo como base el dictamen de la Comisión Autónoma de Hacienda.". "25. Son facultades del Consejo Estatal: .X. Conocer y decidir sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles; asimismo, sobre la enajenación de los segundos;.". "56. Los Comités Ejecutivos Seccionales deben presentar, para su análisis y aprobación en su caso, los informes generales y de finanzas cada seis meses ante su Sección Sindical, informando de ello al Consejo Estatal.". En ese contexto, los preceptos sindicales transcritos no son acordes a las imprecisiones que expone la autoridad responsable, pues dijo que aquéllas existen en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso, pero en términos del artículo 83 estatutario -que de acuerdo a su redacción es referente al total de ingresos que cada Comité Ejecutivo Seccional recaude mensualmente, por concepto de cuotas ordinarias de los miembros del Sindicato-; así como también dijo existir respecto a los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". Lo anterior es así, porque los dos primeros preceptos estatutarios que cita el quejoso hacen referencia al Congreso Estatal y al Consejo Estatal; no así a los Comités Ejecutivos Seccionales; asimismo, es de resaltar que aluden a bienes muebles e inmuebles, más no a los ingresos que cada Comité Ejecutivo Seccional recaude mensualmente, por concepto de cuotas ordinarias de los miembros del Sindicato, a que hace referencia el artículo 83. Ahora, respecto al normativo 56, si bien es cierto menciona a los Comités Ejecutivos Seccionales, también lo es que su redacción es imprecisa -como lo señaló la autoridad responsable- al no establecer procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional", entendido al que el sindicato quejoso pretende regular en el precepto 83. Ese supuesto de imprecisión, también dijo la responsable aplica para el Comité Ejecutivo General respecto de los artículos 84 y 85 de los estatutos; sin que de los estatutarios que propone la parte quejosa para controvertir la determinación de la responsable, se advierta por lo menos la mención de ese órgano del sindicato; de ahí que no queda más que reiterar lo infundado de sus argumentos. Finalmente, en el último concepto de violación la parte quejosa también sostiene que, respecto de la fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, el estatuto surte sus extremos si se atiende a los diversos preceptos 28, fracción VIII, 39, fracción II y 44, fracción IV, 76, fracción V y tercero transitorio. Lo expuesto también es infundado. Los preceptos estatutarios que cita la parte quejosa, para demostrar sus afirmaciones señalan: "Artículo 28. Son funciones y facultades del Comité Ejecutivo General: .VIII. Presentar el informe semestral de cada una de las Secretarías del Comité Ejecutivo General quien deberá hacerlo llegar a las Asambleas Seccionales por conducto del Consejo Estatal para su aprobación;.". "Artículo 39. Las Comisiones Autónomas son los órganos encargados de vigilar, supervisar y dictaminar el cumplimiento de las normas y principios estatutarios, por parte de los miembros y otros órganos de gobierno del Sindicato. .II. La Comisión Autónoma de Transparencia y Rendición de Cuentas.". "Artículo 44. Son funciones de la Comisión Autónoma de Transparencia y Rendición de Cuentas: .IV. Atender en primera instancia las solicitudes de los socios sobre el estado que guarda el patrimonio del sindicato, debiendo dar respuesta a las mismas dentro de un término que no exceda de 20 días hábiles. En caso de evasivas o de incumplimiento a la solicitud, los interesados acudirán ante la Comisión de Honor y Justicia a efecto de que realice la investigación correspondiente y se apliquen las sanciones que procedan.". "Artículo 76. Serán objeto de suspensión y/o inhabilitación de sus derechos sindicales hasta por un año los miembros que: .V. Los integrantes del Comité Ejecutivo General y de los Comité Ejecutivos Seccionales que incumplan con sus obligaciones respecto de las leyes de transparencia y rendición de cuentas.". "Tercero. El primer informe del estado que guarda el patrimonio del sindicato será a partir de que quede debidamente registrado ante las autoridades correspondientes." Tales artículos sindicales tampoco dan certeza de la reglamentación relativa a la época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento, contenido que prevé la fracción XIII del diverso 371 de la Ley Federal del Trabajo, tal como lo resolvió la autoridad responsable. Ello, porque si bien es cierto el artículo 28 alude al órgano del Sindicato denominado Comité Ejecutivo General, cuya función entre otras es la de presentar el informe semestral de cada una de las Secretarías del Comité Ejecutivo General quien deberá hacerlo llegar a las Asambleas Seccionales por conducto del Consejo Estatal para su aprobación. También lo es que ello no puede ser apreciado para los fines pretendidos, si se considera que el normativo 56 que también cita en diverso apartado, prevé que los Comités Ejecutivos Seccionales -entiéndase como diverso órgano del sindicato al tenor del artículo 76 transcrito- deben presentar, para su análisis y aprobación en su caso, los informes generales y de finanzas cada seis meses ante su Sección Sindical, informando de ello al Consejo Estatal. Así, tales redacciones generan incertidumbre sobre el directivo u órgano encargado de la presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical a que se refiere la fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. No se inadvierte que de manera esencial los estatutos citados establecen de manera coincidente una periodicidad de seis meses; sin embargo, no se tiene certeza que esa época sea respecto de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Por consecuencia, los subsecuentes estatutarios que cita para robustecer su argumentación, resultan insuficientes para normar los aspectos destacados por la responsable, relativos a las sanciones aplicables a sus directivos en caso de incumplimiento en su presentación, así como al establecimiento de instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de fondos sindicales; pues como ya quedó establecido, el derecho de las organizaciones de trabajadores a redactar sus estatutos, es en ejercicio del principio de libertad sindical; sin embargo, ello no significa que se encuentren al margen del principio de legalidad, que se ve reflejado en el artículo 371, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, en tanto señala que los estatutos deben contener los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; lo que sin duda representa un ejemplo de que en la redacción de los estatutos, las organizaciones sindicales deben respetar el principio de legalidad, el que incluso se aprecia en la redacción del invocado 76, que establece que serán objeto de suspensión y/o inhabilitación de sus derechos sindicales hasta por un año los miembros o integrantes del Comité Ejecutivo General y de los Comité Ejecutivos Seccionales que incumplan con sus obligaciones respecto de las leyes de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, resulta necesario ser precisos en esas reglas internas sobre qué conductas respecto del patrimonio sindical serán consideradas motivo de sanción y el procedimiento para su imposición en caso de incumplimiento; además de la época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Lo anterior, para garantizar a sus agremiados el respeto al derecho de audiencia, con el fin de preservar ese principio como fundamento jurídico y social de la organización; de ahí lo infundado del concepto de violación formulado. Por tanto, al no advertir deficiencia que suplir en favor del sindicato quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gabriel Mancera Huante, Laura Vieyra Jaramillo, Rosenda Erika Vieyra Jaramillo, José Francisco Aparicio, Antonio Palomares Díaz, Lorena Peñaloza Argüello, Hugo Lúa García, Mitzi Daniela Torres Castillo, Ricardo Gómez Lule y José Alberto Soto Rodríguez, en cuanto Secretario General, Secretario de Organización, Secretario de Actas, Archivo y Estadística, Secretario de Trabajo y Conflictos, Secretario de Finanzas, Secretario de Difusión y Comunicación, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte, Secretario de Capacitación, Seguridad e Higiene, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Previsión Social, Jubilaciones y Pensiones, respectivamente, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica (SITEST), contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el quince de noviembre de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1092/2022, promovido por Gabriel Mancera Huante, Laura Vieyra Jaramillo, Rosenda Erika Vieyra Jaramillo, José Francisco Aparicio, Antonio Palomares Díaz, Lorena Peñaloza Argüello, Hugo Lúa García, Mitzi Daniela Torres Castillo, Ricardo Gómez Lule y José Alberto Soto Rodríguez, en cuanto Secretario General, Secretario de Organización, Secretario de Actas, Archivo y Estadística, Secretario de Trabajo y Conflictos, Secretario de Finanzas, Secretario de Difusión y Comunicación, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte, Secretario de Capacitación, Seguridad e Higiene, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Previsión Social, Jubilaciones y Pensiones, respectivamente, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica (SITEST), por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo: El auto de once de agosto de dos mil veintidós, que negó el registro sindical en el expediente 17/2021. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en las copias certificadas del expediente de solicitud de registro sindical 17/2021, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTA. Estudio de fondo. Son inoperantes en una parte, y en otra infundados, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Previo a su estudio, es pertinente establecer los principales antecedentes que permitan conocer la cronología del acto reclamado, y que a saber, son los siguientes: Mediante escrito presentado el dos de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, Gabriel Mancera Huante, en cuanto Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica (SITEST), solicitó el registro de dicha asociación sindical. Con motivo de la solicitud, se formó el expediente de solicitud de registro sindical 17/2021, y en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable se pronunció en torno a la misma, negando el registro correspondiente por considerar esencialmente: Que la asamblea constitutiva se llevó a cabo en un domicilio distinto al establecido en la convocatoria; b) dos de las trabajadoras afiliadas, Laura Vieyra Jaramillo y Rosenda Érika Vieyra Jaramillo deben ser excluidas del conteo, al laborar para la Universidad Tecnológica de Morelia, pues las relaciones de trabajo del personal que labora para dicha institución educativa no se encuentran reguladas por la Ley Federal del Trabajo, sino por la diversa de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios, y por tanto la autoridad responsable carece de facultades para pronunciarse sobre su afiliación; y al haber sido excluidas del conteo, el número total de afiliados es de diecinueve, es decir, menor al mínimo legal de veinte trabajadores en activo, previsto en el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento; y, c) el estatuto no reúne los requisitos mínimos establecidos en las fracciones XI y XIII del precepto 371 de la Ley Federal del Trabajo. Contra esa determinación, la parte actora interpuso demanda de amparo indirecto, registrada bajo el número 183/2022 del índice de este órgano jurisdiccional -por razón de turno-, en la cual se dictó sentencia el dieciséis de junio de dos mil veintidós, resolviéndose de manera esencial que la Junta responsable, al emitir su resolución: Inobservó el contenido del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, interpretado por el Comité de Libertad Sindical, al restringir el derecho de los socios de asociarse libremente y elegir su organización interna por el solo hecho de que las relaciones laborales de las trabajadoras Laura Vieyra Jaramillo y Rosenda Érika Vieyra Jaramillo se encuentran reguladas por la legislación burocrática estatal; Excedió su facultad de revisar la documentación prevista en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de origen, al abordar cuestiones de fondo o validez de las mismas, y no únicamente de forma; y, Citó como motivo adicional para negar el registro, el que el estatuto no reúne los requisitos mínimos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, sin ofrecer explicaciones que justifiquen su decisión. Por tanto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para que la Junta responsable, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada; Emita otra en la que se abstenga de citar como motivo para negar el registro del sindicato, o para incluirlas en el conteo del padrón de socios, el que las relaciones laborales de las trabajadoras Laura Vieyra Jaramillo y Rosenda Érika Vieyra Jaramillo se encuentren reguladas por la legislación burocrática estatal, pues debe únicamente verificar que quienes están en el padrón de socios son trabajadores en activo, en términos de los artículos 364 y 366 fracción II de la Ley Federal del Trabajo; Al valorar la documentación prevista en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo para efectos de verificar si se actualiza el supuesto de negativa del registro previsto en la fracción III del numeral 366 del mismo cuerpo normativo, se limite a revisar cuestiones formales; y, De insistir que los estatutos del sindicato no reúnen los requisitos mínimos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 371, motivar y justificar adecuadamente dicha aseveración. Una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se requirió su cumplimiento; y, en ese sentido, se tuvo por cumplida con el auto de once de agosto de dos mil veintidós, en el que con libertad de jurisdicción resolvió negar el registro sindical en el expediente 17/2021, por las consideraciones esenciales siguientes: Luego de cumplir con los efectos I, II y III de la ejecutoria, la autoridad responsable resolvió negar el registro a la asociación quejosa toda vez que -dijo- el estatuto en su CAPÍTULO XI, DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO, no reúne los requisitos mínimos establecidos por el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo de 2012, específicamente en sus fracciones XI y XIII, porque son imprecisas o parciales en cuanto a los puntos que se pretende normar con su interpretación. Respecto a la fracción XI, tiene imprecisión en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso en términos del artículo 83 estatutario, así como los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". Aplicando el mismo supuesto para el Comité Ejecutivo General, ya que en sus artículos 84 y 85 de los estatutos, de manera ambigua, únicamente se señala que el patrimonio estará a su cargo con las atribuciones que le otorgue el Estatuto sin especificar el alcance de las atribuciones y procedimientos para la adquisición, enajenación o gravamen de patrimonio del sindicato. Y, por lo que ve a la fracción XIII, el estatuto sindical es inconcluso, toda vez que no se reglamenta de manera específica el periodo en que se presentarán cuentas y cuáles son las sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento en su presentación, así como el establecimiento de instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo d la gestión de fondos sindicales. Sobre este aspecto, señaló tomar en consideración la importancia que representa la transparencia en el funcionamiento de los sindicatos, para que cumplan con el objetivo de su creación, que es el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, así como a las reformas en materia de acceso a la información hechas a la Ley Federal del Trabajo en 2012 y al artículo 6° Constitucional, en las que se contempla a los sindicatos como sujetos obligados, con la finalidad de transparentar a las agrupaciones en el ejercicio de su rendición de cuentas; por ello precisó que la propia Ley Federal del Trabajo, en la fracción XIII, establece la necesidad de que los estatutos de los sindicatos, contemplen en su normatividad, la de establecer los mecanismos que garanticen el correcto cumplimiento sobre el manejo del patrimonio del sindicato y la accesibilidad transparente a la información que rinden a través de sus propias instancias, de no hacerlo, traería como consecuencia el incumplimiento a la norma constitucional y legal, y los agremiados resultarían afectados en su derecho a una transparente información sobre la rendición de cuentas, respecto de la administración y destino de las cuotas aportadas con motivo de su afiliación, las ordinarias y extraordinarias, al desconocer el periodo en que los representantes sindicales deben presentar cuentas; y desconocer además el proceder a seguir al considerar la existencia de irregularidades en su rendición y las sanciones aplicables en esa situación. En apoyo citó las Jurisprudencias de rubros: "SINDICATOS. LOS ARTÍCULOS 371, FRACCION XIII Y 373 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER UN MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN TORNO A LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE AQUÉLLOS, NO VIOLAN EL PRINCIPÍO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012) y "SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. EL ARTÍCULO 358, FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER EL DEBER DE SU DIRECTIVA DE RENDIR CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, NO VIOLA EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). El auto reseñado constituye el acto reclamado. Expuesto lo anterior, en el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales y humanos, porque las observaciones al estatuto son desafortunadas, debido a que es falso que las fracciones XI y XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, sean ambiguas, puesto que su lectura permite entenderlas con toda claridad. Tales argumentos son inoperantes, pues se trata de simples afirmaciones carentes de razonamiento jurídico concreto, que no atacan los fundamentos del acto que con ellos pretende combatirse. Ello es así, pues un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Resulta aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Por otro lado, en el segundo concepto de violación se sostiene que la autoridad responsable no precisa en qué consiste la supuesta ambigüedad del estatuto, o por qué razón son parciales, dejándola en estado de indefensión. Lo anterior es infundado. Contrario a lo que sostiene, tal como se advierte de las consideraciones esenciales del acto reclamado, la responsable sí señaló el porqué de la imprecisión respecto a la fracción XI del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, al exponer que en el CAPÍTULO XI, DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO, aquélla existe en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso en términos del diverso 83 estatutario, así como los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". También dijo aplicar ese mismo supuesto para el Comité Ejecutivo General, ya que en los estatutarios 84 y 85, de manera ambigua, únicamente se señala que el patrimonio estará a su cargo con las atribuciones que le otorgue el Estatuto sin especificar el alcance de las atribuciones y procedimientos para la adquisición, enajenación o gravamen de patrimonio del sindicato. De igual forma, por lo que ve a la fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, expuso que el estatuto sindical es inconcluso, toda vez que no se reglamenta de manera específica el periodo en que se presentarán cuentas y cuáles son las sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento en su presentación, así como el establecimiento de instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de fondos sindicales; de ahí lo infundado de su argumento. En el tercer concepto de violación la parte quejosa sostiene que, respecto a la fracción XI del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, sí se surten a cabalidad sus extremos, ello si se considera lo establecido en los normativos 22 fracciones VI y X, 25, fracción X, 56, 83, 84 y 85 del referido estatuto. Tal motivo de inconformidad resulta infundado. Primeramente, resulta pertinente mencionar que si bien es derecho de las organizaciones de trabajadores redactar sus estatutos, ello no significa que éstos no deben guardar una composición estructural que permitan ser entendidos como el conjunto de disposiciones relativas a la organización, dirección, distribución de funciones, derechos y obligaciones que acuerden los miembros de una asociación profesional para el mejor desarrollo de sus actividades gremiales y para la defensa y protección de sus intereses comunes, ello en ejercicio del principio de libertad sindical. Dicho de otra manera, su redacción deber ser clara en la cuestión sujeta a reglamentar, con el único objetivo de garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados; asegurando con ello, incluso, el acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, en caso de controversia. Sentado lo anterior, se destaca que las imprecisiones señaladas por la autoridad responsable para negar el registro sindical, derivan del análisis que realizó únicamente al apartado denominado DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO establecido en el CAPITULO XI, de los ESTATUTOS, al considerar de manera esencial que éste contiene aspectos ambiguos en cuanto normas de administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento, de acuerdo a las propias normas que en ese capítulo se redactaron. Al respecto, la parte quejosa pretende subsanar las imprecisiones destacadas, recurriendo a los artículos que cita -se entiende-, con la finalidad de complementar el capítulo que fue motivo de estudio por parte de la autoridad responsable; no obstante, es insuficiente. Para sustento de ello, cabe recordar que, respecto a la fracción XI del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable expuso que en el CAPÍTULO XI, DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO, existe imprecisión en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso en términos del estatutario 83, así como los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". Supuesto que también dijo aplicar para el Comité Ejecutivo General, ya que en los artículos 84 y 85 de los estatutos, de manera ambigua, únicamente se señala que el patrimonio estará a su cargo con las atribuciones que le otorgue el Estatuto, sin especificar el alcance de éstas ni los procedimientos para la adquisición, enajenación o gravamen de patrimonio del sindicato. Ahora, se retoma que las normas estatutarias que cita la parte quejosa para demostrar la ilegalidad en que incurre la responsable disponen: "Artículo 22. Corresponderá conocer y decidir al Congreso Estatal sobre: . VI. La enajenación de bienes inmuebles; .X. Conocer y en su caso aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Sindicato, teniendo como base el dictamen de la Comisión Autónoma de Hacienda.". "25. Son facultades del Consejo Estatal: .X. Conocer y decidir sobre la adquisición de bienes muebles e inmuebles; asimismo, sobre la enajenación de los segundos;.". "56. Los Comités Ejecutivos Seccionales deben presentar, para su análisis y aprobación en su caso, los informes generales y de finanzas cada seis meses ante su Sección Sindical, informando de ello al Consejo Estatal.". En ese contexto, los preceptos sindicales transcritos no son acordes a las imprecisiones que expone la autoridad responsable, pues dijo que aquéllas existen en cuanto a los procedimientos o condiciones bajo las cuales los Comités Ejecutivos Seccionales deberán administrar y disponer del patrimonio al cual tienen acceso, pero en términos del artículo 83 estatutario -que de acuerdo a su redacción es referente al total de ingresos que cada Comité Ejecutivo Seccional recaude mensualmente, por concepto de cuotas ordinarias de los miembros del Sindicato-; así como también dijo existir respecto a los procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional". Lo anterior es así, porque los dos primeros preceptos estatutarios que cita el quejoso hacen referencia al Congreso Estatal y al Consejo Estatal; no así a los Comités Ejecutivos Seccionales; asimismo, es de resaltar que aluden a bienes muebles e inmuebles, más no a los ingresos que cada Comité Ejecutivo Seccional recaude mensualmente, por concepto de cuotas ordinarias de los miembros del Sindicato, a que hace referencia el artículo 83. Ahora, respecto al normativo 56, si bien es cierto menciona a los Comités Ejecutivos Seccionales, también lo es que su redacción es imprecisa -como lo señaló la autoridad responsable- al no establecer procedimientos para la rendición de cuentas sobre el manejo de dicho patrimonio "seccional", entendido al que el sindicato quejoso pretende regular en el precepto 83. Ese supuesto de imprecisión, también dijo la responsable aplica para el Comité Ejecutivo General respecto de los artículos 84 y 85 de los estatutos; sin que de los estatutarios que propone la parte quejosa para controvertir la determinación de la responsable, se advierta por lo menos la mención de ese órgano del sindicato; de ahí que no queda más que reiterar lo infundado de sus argumentos. Finalmente, en el último concepto de violación la parte quejosa también sostiene que, respecto de la fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, el estatuto surte sus extremos si se atiende a los diversos preceptos 28, fracción VIII, 39, fracción II y 44, fracción IV, 76, fracción V y tercero transitorio. Lo expuesto también es infundado. Los preceptos estatutarios que cita la parte quejosa, para demostrar sus afirmaciones señalan: "Artículo 28. Son funciones y facultades del Comité Ejecutivo General: .VIII. Presentar el informe semestral de cada una de las Secretarías del Comité Ejecutivo General quien deberá hacerlo llegar a las Asambleas Seccionales por conducto del Consejo Estatal para su aprobación;.". "Artículo 39. Las Comisiones Autónomas son los órganos encargados de vigilar, supervisar y dictaminar el cumplimiento de las normas y principios estatutarios, por parte de los miembros y otros órganos de gobierno del Sindicato. .II. La Comisión Autónoma de Transparencia y Rendición de Cuentas.". "Artículo 44. Son funciones de la Comisión Autónoma de Transparencia y Rendición de Cuentas: .IV. Atender en primera instancia las solicitudes de los socios sobre el estado que guarda el patrimonio del sindicato, debiendo dar respuesta a las mismas dentro de un término que no exceda de 20 días hábiles. En caso de evasivas o de incumplimiento a la solicitud, los interesados acudirán ante la Comisión de Honor y Justicia a efecto de que realice la investigación correspondiente y se apliquen las sanciones que procedan.". "Artículo 76. Serán objeto de suspensión y/o inhabilitación de sus derechos sindicales hasta por un año los miembros que: .V. Los integrantes del Comité Ejecutivo General y de los Comité Ejecutivos Seccionales que incumplan con sus obligaciones respecto de las leyes de transparencia y rendición de cuentas.". "Tercero. El primer informe del estado que guarda el patrimonio del sindicato será a partir de que quede debidamente registrado ante las autoridades correspondientes." Tales artículos sindicales tampoco dan certeza de la reglamentación relativa a la época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento, contenido que prevé la fracción XIII del diverso 371 de la Ley Federal del Trabajo, tal como lo resolvió la autoridad responsable. Ello, porque si bien es cierto el artículo 28 alude al órgano del Sindicato denominado Comité Ejecutivo General, cuya función entre otras es la de presentar el informe semestral de cada una de las Secretarías del Comité Ejecutivo General quien deberá hacerlo llegar a las Asambleas Seccionales por conducto del Consejo Estatal para su aprobación. También lo es que ello no puede ser apreciado para los fines pretendidos, si se considera que el normativo 56 que también cita en diverso apartado, prevé que los Comités Ejecutivos Seccionales -entiéndase como diverso órgano del sindicato al tenor del artículo 76 transcrito- deben presentar, para su análisis y aprobación en su caso, los informes generales y de finanzas cada seis meses ante su Sección Sindical, informando de ello al Consejo Estatal. Así, tales redacciones generan incertidumbre sobre el directivo u órgano encargado de la presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical a que se refiere la fracción XIII del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. No se inadvierte que de manera esencial los estatutos citados establecen de manera coincidente una periodicidad de seis meses; sin embargo, no se tiene certeza que esa época sea respecto de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Por consecuencia, los subsecuentes estatutarios que cita para robustecer su argumentación, resultan insuficientes para normar los aspectos destacados por la responsable, relativos a las sanciones aplicables a sus directivos en caso de incumplimiento en su presentación, así como al establecimiento de instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de fondos sindicales; pues como ya quedó establecido, el derecho de las organizaciones de trabajadores a redactar sus estatutos, es en ejercicio del principio de libertad sindical; sin embargo, ello no significa que se encuentren al margen del principio de legalidad, que se ve reflejado en el artículo 371, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, en tanto señala que los estatutos deben contener los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; lo que sin duda representa un ejemplo de que en la redacción de los estatutos, las organizaciones sindicales deben respetar el principio de legalidad, el que incluso se aprecia en la redacción del invocado 76, que establece que serán objeto de suspensión y/o inhabilitación de sus derechos sindicales hasta por un año los miembros o integrantes del Comité Ejecutivo General y de los Comité Ejecutivos Seccionales que incumplan con sus obligaciones respecto de las leyes de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, resulta necesario ser precisos en esas reglas internas sobre qué conductas respecto del patrimonio sindical serán consideradas motivo de sanción y el procedimiento para su imposición en caso de incumplimiento; además de la época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Lo anterior, para garantizar a sus agremiados el respeto al derecho de audiencia, con el fin de preservar ese principio como fundamento jurídico y social de la organización; de ahí lo infundado del concepto de violación formulado. Por tanto, al no advertir deficiencia que suplir en favor del sindicato quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gabriel Mancera Huante, Laura Vieyra Jaramillo, Rosenda Erika Vieyra Jaramillo, José Francisco Aparicio, Antonio Palomares Díaz, Lorena Peñaloza Argüello, Hugo Lúa García, Mitzi Daniela Torres Castillo, Ricardo Gómez Lule y José Alberto Soto Rodríguez, en cuanto Secretario General, Secretario de Organización, Secretario de Actas, Archivo y Estadística, Secretario de Trabajo y Conflictos, Secretario de Finanzas, Secretario de Difusión y Comunicación, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte, Secretario de Capacitación, Seguridad e Higiene, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Previsión Social, Jubilaciones y Pensiones, respectivamente, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica (SITEST), contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el quince de noviembre de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas del diez de noviembre de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1092/2022. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez con la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado y constancias anexas; para tal efecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el período probatorio y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. No habiendo medio de convicción pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que las partes no los formularon; a lo que el Juez acuerda: téngase a las partes por omisas en realizar manifestaciones en esta vía. No habiendo pendientes por relacionar, se decreta el cierre de esta etapa y se procede a dictar la siguiente:. Sergio Santamaría Chamú Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán

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