Gabriel Maldonado Velázquez

Expediente 1537/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1537/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Gabriel Maldonado Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el telegrama del Director de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Ciudad de México, por el que informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al proveído de dieciocho de octubre del presente año. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, se concede una prórroga de cinco días a partir de que se encuentre legalmente notificado, para el efecto de que remita la documental que le fue requerida. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato ministerial 622/2016, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional. Por otro lado, en atención al tercer punto de peticiones del pedimento de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita una vez que sea dictada la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa, expídase copia de la misma. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Gabriel Maldonado Velázquez, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla: La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 1675/2014. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado, sin embargo, como se advierte de las constancias que remite como apoyo a su informe de ley, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, emitió el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral D-1675/2014 de origen, a las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que el acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a el quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Gabriel Maldonado Velázquez acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen D-1675/2014. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el lado de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral D-1675/2014, y cuya omisión se reclama en este sumario constitucional, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de que se duele el peticionario de amparo; toda vez que, los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión del quejoso al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintisiete de septiembre de dos mi dieciséis, la responsable emitió el laudo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Gabriel Maldonado Velázquez reclamó de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del once de octubre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Juicio de amparo: 317/2016 San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Jurídica de la Tesorería Municipal del Gobierno del Estado de Puebla, en atención al requerimiento de veintiséis de agosto de la presente anualidad, en el que manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo ya que el seis de septiembre del año en curso realizó la transferencia electrónica a la clave interbancaria 044650036013820123 de la institución bancaria denominada SCTOTIABANK, a favor de PROMOTORA DE CULTURA Y SERVICIOS, ASOCIACIÓN CIVIL, por la cantidad de $2,127.35 (dos mil ciento veintisiete pesos 35/100 MN), por concepto de derecho de alumbrado público únicamente respecto de los números de servicio 221 100 700 332 y 221 990 503 652, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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