Gabriel Maldonado Velázquez

Expediente 6/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
6/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Gabriel Maldonado Velázquez
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio con anexo de cuenta, signado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, de la que se advierte que la parte demandada no realizó pago alguno. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente auto, remita a este juzgado de Distrito copia certificada de las constancias con las que acredite que logró el cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral ********************de su índice. Apercíbase que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, le impondrá a los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla ********************Magistrado Presidente********************Magistrado representante de los trabajadores y ********************, Magistrado Representante del Estado una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 3°, 4° y 5°de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $********************, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En el entendido que, en términos del artículo 193 primer párrafo de la Ley de Amparo, el citado titular requerido seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de seis de noviembre de 2014, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Sin que haya lugar a requerir al tribunal responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en virtud de que dicha autoridad es un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que a la fecha en que se actúa el quejoso ********************, no dio cumplimiento requerimiento que se le hizo por auto de tres de enero de dos mil dieciocho, no obstante encontrarse debidamente notificado. En tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo en cita y con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, al tenor de las constancias que adjunta a su comunicación oficial. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal.

  4. Principal

    ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio con anexo de cuenta signado por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Puebla, por medio del cual manifiesta la imposibilidad de notificar al perito oficial ********* el oficio 58580/2017, en razón de que se encuentra en periodo vacacional el cual fenece el doce de enero de dos mil diecisiete. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 297, fracción II del código federal adjetivo en comento requiérase al perito oficial William Jiménez Martínez, a través del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Puebla, para que en el término de tres días siguientes a que fenezca el periodo vacacional en que se encuentra, emita el dictamen correspondiente al incidente planteado en el presente juicio, toda vez que ya cuenta con los elementos técnicos que le son necesarios para la emisión del mismo. Apercíbase que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.

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