Gabriel Maldonado García
Expediente 672/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriel Maldonado García
Actuaciones
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO B), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la gestionante para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger el documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda, bajo apercibimiento que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo que presenta **********, en representación de **********, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 672/2017-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Como se desprende de la citada transcripción, el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona a quien perjudique el acto reclamado, esto es, quien haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela mediante las garantías individuales, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, o bien, tratándose de una causa criminal a través de su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Ahora bien, en el caso la promovente manifiesta que el directamente agraviado ********** es su esposo y que acude a esta instancia constitucional reclamando la orden de traslado del Centro Estatal de Prevención Social de esta localidad, en que se encontraba recluido, al Centro Estatal de Prevención Social de León, Guanajuato. Así, se tiene la certeza de que por la naturaleza del juicio que nos ocupa, existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover el juicio de amparo a nombre del quejoso, a saber: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 9 de la ley de la materia; b) por el defensor, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 15 de la ley reglamentaria. En el caso, se estima que la gestionante carece de legitimación para promover la demanda a nombre de su esposo y que manifiesta fue trasladado al Centro Estatal de Prevención Social de León, Guanajuato, porque no están acreditados los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Respecto del supuesto mencionado en último término conviene transcribir el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y hacer algunas consideraciones al respecto. "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". En el precepto de referencia se prevé una excepción al principio de instancia de parte agraviada establecido por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, que implica que sólo la persona que se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad puede instar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, por sí o por conducto de su representante legal. Esto es, el numeral transcrito regula la posibilidad de que cualquier persona pueda promover un juicio de amparo indirecto a favor de otra, sin necesidad de ser su legítimo representante, siempre y cuando concurran dos requisitos: 1) que los actos reclamados sean de aquéllos expresamente indicados en el precepto en comento; y, 2) que el agraviado se encuentre imposibilitado para solicitar directamente la protección constitucional. A este respecto, se reitera, para que una persona pueda promover a favor de otra, necesariamente deben actualizarse ambas situaciones; es decir, no basta que se reclame alguno de los actos enumerados en ese dispositivo legal, sino que también se debe señalar, o cuando menos inferir de los hechos narrados en la demanda, que el agraviado está imposibilitado para promover por sí o por conducto de un representante legal; de igual forma, si el quejoso no puede promover por sí mismo, sólo puede actuarse en su nombre sin ser representante legal, en caso de que el acto reclamado encuadre en alguno de los mencionados en el citado numeral. Ahora bien, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, la gestionante narra bajo protesta de decir verdad, que un Juez de Control les notificó que por obras de remodelación se trasladaría al directo quejoso, siendo que en el proceso penal aún no se ha dictado la sentencia definitiva. De lo anteriormente narrado, se advierte que en el caso no se colman los requisitos establecidos en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que tales manifestaciones evidencian que el acto reclamado versa sobre una orden de traslado emitida dentro de un procedimiento judicial. Por tanto, como en la especie la promovente de la demanda de amparo no acredita ser la representante legal del directo agraviado, no tiene la calidad de defensor dentro de un procedimiento judicial, ni se colman los requisitos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que carece de legitimación procesal activa para acudir a la presente instancia constitucional. Como se vio anteriormente, al haber intervenido una autoridad jurisdiccional en el traslado, se considera que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento penal instaurado en su contra; por tanto, el presente asunto no encuadra en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia, en el sentido de que el juicio de amparo puede promoverlo cualquier persona a nombre del quejoso, siempre y cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento. Consecuentemente, al quedar demostrado que **********, carece de legitimación para promover la demanda que se estudia a nombre de **********, es inconcuso que con ello se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí o por su representante o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la presente demanda. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yolanda Vanessa Naif Reyes, al contar con cédula profesional 3517884, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y a Marco Antonio Herrera Ramos en términos limitados del numeral en comento por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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