Gabriel Luna Garcia
Expediente 1409/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Luna Garcia
Actuaciones
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA... DEL AUTO DE FECHA, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO ". Vista la demanda de amparo promovida por..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil en este Distrito Judicial, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1409-2019-2, misma que se promueve contra el acto consistente en: ...Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. ...En esa virtud, si la tercería excluyente de dominio tiene una sustantividad propia y diversa a la del juicio preexistente, es evidente que la cuantía del negocio que se ventila en éste de ninguna manera puede tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería excluyente de dominio. Atendiendo a lo anterior, si en las tercerías excluyentes de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes involucrados en el juicio respecto del cual promueve la citada tercería, debe concluirse que las tercerías de referencia son de cuantía indeterminada, en tanto que a través de ellas el tercerista no persigue el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o dominio respecto del bien o bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería....Por tanto, si conforme a lo antes señalado, las tercerías excluyentes de dominio deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que, en términos de lo dispuesto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, la sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicha tercería admite en su contra el recurso de apelación, el cual, atendiendo al principio de definitividad consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal,(21) así como a lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158(22) de la Ley de Amparo en vigor hasta el 2 de abril de dos mil trece, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor,(23) deberá agotarse antes de promover el juicio de amparo directo, a menos que el quejoso demuestre estar en un caso de excepción a dicho principio.(.)" ...Por virtud del referido recurso, los proveídos reclamados pueden ser nulificados por el Magistrado responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (recurso de apelación); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ..., contra los actos reclamados al Juez ... en este Distrito Judicial, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.NOTIFICACIÓN QUE SE LE HACE POR LISTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil en este Distrito Judicial, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-1409/2019-2, misma que se promueve contra el acto consistente en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS. Señalo como Acto que se Reclama a la Responsable, la Sentencia Definitiva de fecha 04 cuatro de diciembre de 2019, dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero Menor Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del Expediente número ..., relativo a la Tercería Excluyente de Dominio promovida por ..., en cuanto tercer opositor, frente (sic) a ... (parte ejecutante) y ... (parte ejecutada), mediante la cual la responsable declara improcedente la tercería excluyente de dominio promovida por el quejoso Gabriel Luna García, con el carácter de tercer opositor, frente a las partes contendientes dentro del juicio ejecutivo mercantil número ..., promovido por ..., en contra de ... Precisado lo anterior, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, con relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe precisar que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance los quejosos para impugnar la determinación del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste pudieron hacer valer el recurso de apelación conforme al artículo 1339 bis, del Código de Comercio. Se sostiene lo anterior, en base a las siguientes consideraciones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la regla establecida en el artículo 1340 del Código de Comercio, se refiere a juicios mercantiles que cuando por su monto se ventilen en juzgados de paz o de cuantía menor, siendo precisamente el monto lo que determina su competencia; sin embargo, que en el caso que nos ocupa, la competencia es determinada por el juez que conoce el procedimiento mercantil de donde derivó el embargo de los bienes que se pretenden excluir, lo que de ninguna manera cambia el hecho que la sentencia pronunciada en la tercería es de cuantía indeterminada. Por principio, los artículos 1339 bis y 1340 del Código de Comercio, disponen: ".Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. .Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Que el artículo 1340 contiene dos hipótesis, la primera que se refiere a que la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor; y que en ese supuesto normativo, debería asumirse que el vocablo "monto", no se relaciona únicamente con la acepción pecuniaria, sino a la prestación objetivamente reclamada, es decir, a lo que se debate en el juicio y que en el caso lo era la declaración judicial del derecho de propiedad de un tercero; Que el segundo supuesto contenido en el referido dispositivo 1340, es el que dice que no procede la apelación cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal; y, Que en el caso, la tercería excluyente de dominio interpuesta en un juicio ejecutivo mercantil que se ventila ante un juzgado de cuantía menor, claramente se ubica en el primer supuesto establecido en el artículo 1340, por el hecho de tramitarse y de ser de la competencia de un juzgado de cuantía menor, razón por la que en contra de la sentencia emitida en el procedimiento de tercería excluyente de dominio, no resultaba procedente el recurso de apelación. Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, la resolución que en esta vía se reclama, se advierten tres aspectos; el primero, el artículo 1340 sólo establece un criterio para la procedencia del recurso de apelación y es el relativo a la cuantía del negocio; el segundo, porque existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la tercería excluyente de dominio es de cuantía indeterminada y que por ende, procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 1339, Bis del Código de Comercio; y, el tercero, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no establece impedimento para que las salas civiles conozcan del recurso de apelación contra las resoluciones que los jueces menores dicten en juicios mercantiles. Lo anterior, porque aunque es cierto que contiene dos hipótesis para la procedencia del recurso de apelación, el criterio que contiene es uno sólo y es el relativo al monto del negocio, ambos criterios se encuentran directamente encaminados a la cuantía del negocio. De esa forma se estima, porque ambos supuestos establecen la denominación "monto", que contrario a lo que sostiene la responsable, no se estableció con la finalidad de diferenciar el aspecto monetario de lo que se debate en el juicio, ya que de ser así, el legislador en lugar de establecer monto hubiera establecido prestación; dicha conclusión se obtiene, porque en diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el término monto, de acuerdo a la acepción eminentemente económica, tal y como se observa del criterio que se cita a continuación: Jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005047, página 401, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Lo resaltado es propio. Al margen de la precisión anteriormente señalada con relación a la interpretación otorgada al artículo 1340 del Código de Comercio, lo cierto es que este juzgador estima que la regla que determina la procedencia del recurso de apelación del asunto que nos ocupa, es la establecida en el artículo 1339 Bis y dicha afirmación se relaciona directamente con el segundo aspecto. Así, sobre el segundo aspecto que se refiere a que existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la tercería excluyente de dominio es de cuantía indeterminada y que por ende, procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 1339, Bis del Código de Comercio, se tiene en que dicho criterio es la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 498, Décima Época, registro 2005051, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Las consideraciones que se establecieron en la ejecutoria de la que derivó ese criterio son las siguientes: "(.) SEXTO. Determinación del criterio a prevalecer. Para resolver la presente contradicción, esta Primera Sala estima necesario dar respuesta a las interrogantes siguientes: ¿En qué consiste una tercería excluyente de dominio? ¿La tercería excluyente de dominio es un juicio autónomo o una cuestión incidental? y ¿Cómo se determina la cuantía de un negocio? Lo anterior, en virtud de que la respuesta obtenida en cada una de esas interrogantes permitirá resolver adecuadamente el tema de la presente contradicción; no obstante, se debe aclarar que, como los asuntos de los que deriva la presente contradicción tienen su origen en tercerías excluyentes de dominio promovidas en razón de un juicio mercantil, las respuestas de referencia estarán enfocadas a la materia mercantil, con base en lo dispuesto en el Código de Comercio. Hecha esta aclaración, se procede a responder la interrogante siguiente: ¿En qué consiste una tercería excluyente de dominio? (.) Así, atendiendo a la finalidad perseguida en este tipo de tercerías, que no es otra que el que se le reconozca la propiedad del bien que pretende excluir, el tercerista debe fundar su acción precisamente en la prueba documental, a través de la cual debe acreditar el dominio o la propiedad del bien que pretende excluir pues, de no hacerlo así, dicha tercería carece de sentido y debe desechare sin más trámite.(16) (.) ¿Cómo se determina la cuantía de un negocio? La cuantía de un juicio se refiere al valor de la materia litigiosa. En esa virtud, como lo señala Eduardo J. Couture, "la cuantía de un negocio es la especificación económica del asunto disputado en juicio, ya sea por el valor de los bienes, el monto del crédito o la estimación ficta de aquél, hecha por la ley o por las partes". No obstante, como la cuantía de un negocio puede ser determinante para fijar el tipo de juicio que se debe intentar y la competencia del Juez que debe conocer del negocio, así como para la procedencia de algunos recursos,(18) ésta necesariamente debe fijarse o establecerse desde el momento mismo en que se presenta la demanda y no con base al valor real de la relación jurídica existente entre las partes, el cual es determinado en la sentencia definitiva. En efecto, esperar al dictado de la sentencia definitiva para fijar el valor de la cuestión litigiosa provocaría inseguridad jurídica durante el desarrollo del proceso, pues si no se sabe con exactitud cuál es la cuantía del negocio, tampoco se puede tener certeza sobre la vía intentada, ni si el juzgador realmente es o no competente para conocer del asunto, ni tampoco se tendría seguridad de los recursos procedentes cuando éstos se relacionan con la cuantía del negocio; de ahí que la cuantía, tal y como lo señala Eduardo J. Couture, debe determinarse desde la demanda. En esa virtud, para fijar el valor de la cuantía del negocio que se disputa en un juicio, debe atenderse a las prestaciones reclamadas en la demanda, a efecto de que ésta sea fijada tomando en cuenta las prestaciones que se reclaman en cantidad líquida, o con base en aquellas cuya cantidad sea susceptible de determinarse mediante una operación aritmética, que por su simplicidad no haga necesario el auxilio de peritos. (.) Así, una vez que se dio respuesta a las interrogantes planteadas, con base en la respuesta obtenida en cada una de ellas, se debe responder el tema que motiva la presente contradicción, el cual consiste en determinar: Si las tercerías excluyentes de dominio, derivadas de un juicio mercantil, son de cuantía determinada o indeterminada y, en su caso, si para la procedencia del juicio de amparo directo es o no necesario agotar el recurso de apelación. Al respecto, debe decirse que si, como quedó establecido, en materia mercantil la cuantía de un negocio se fija tomando únicamente como base la prestación principal reclamada en la demanda, sin que sea válido acudir a algún otro factor ajeno a ella, es evidente que aunque la tercería excluyente de dominio se encuentra vinculada al juicio al que está afectado el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, ello de ninguna manera autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería, pues aun cuando la tercería se encuentra vinculada al juicio preexistente por la afectación que éste provoca sobre los bienes que el tercerista asegura son de su dominio o propiedad, lo cierto es que la tercería excluyente de dominio, tanto formal como materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así que la tercería se ventila por cuerda separada precisamente porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. En esa virtud, si la tercería excluyente de dominio tiene una sustantividad propia y diversa a la del juicio preexistente, es evidente que la cuantía del negocio que se ventila en éste de ninguna manera puede tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería excluyente de dominio. Atendiendo a lo anterior, si en las tercerías excluyentes de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes involucrados en el juicio respecto del cual promueve la citada tercería, debe concluirse que las tercerías de referencia son de cuantía indeterminada, en tanto que a través de ellas el tercerista no persigue el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o dominio respecto del bien o bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería. En efecto, si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de las tercerías excluyentes de dominio, en este tipo de juicios no se reclama una cantidad líquida determinada o fácilmente determinable sin la ayuda de peritos, debe considerarse que dichas tercerías son de cuantía indeterminada. Además, con independencia de que la tercería y el juicio preexistente respecto del cual se hace valer son juicios diversos con sustantividad propia e independiente, sería un error considerar que la cuantía del juicio preexistente puede tomarse como base para determinar la de la tercería, en razón de lo siguiente: El típico caso de la tercería excluyente de dominio se presenta cuando el tercerista considera tener la propiedad de un bien embargado para garantizar el pago de lo reclamado en un juicio en donde no figura como parte, pero en virtud de ese embargo cuenta con un interés propio y diverso al de las partes, razón por la cual promueve la tercería excluyente de dominio, a fin de que, como el nombre de esa acción lo indica, dicho bien sea excluido del embargo. Así, puede acontecer que el valor de los bienes embargados para garantizar el pago de lo reclamado en el juicio preexistente, supere en exceso el valor del monto de lo reclamado en ese juicio o que, por el contrario, el monto de ellos sea insuficiente para garantizar el pago de todo lo reclamado en él; de manera que si en la tercería se reclama la propiedad o el dominio de esos bienes, es claro que la cuantía del juicio preexistente no puede tomarse como parámetro para determinar la cuantía de la tercería excluyente de dominio. Incluso, aun en el supuesto de considerar que los bienes embargados garantizan debidamente el valor de lo reclamado en el juicio preexistente, también puede acontecer que a través de la tercería sólo se pretenda excluir una parte de los bienes embargados y no la totalidad de ellos. Así, ante esa gama de posibilidades, no es dable que la cuantía de la tercería excluyente de dominio se fije con base en la cuantía del juicio al cual se vincula dicha tercería. Atendiendo a lo anterior, si la tercería excluyente de dominio es un juicio autónomo e independiente del preexistente con el cual se vincula, para determinar si es de cuantía determinada o indeterminada, no es dable atender a la cuantía del juicio preexistente pues, como ya se dijo, para determinar la cuantía de un negocio en materia mercantil, únicamente debe tomarse en consideración el contenido de la prestación principal; de manera que si en la tercería excluyente de dominio no se reclama una cantidad líquida determinada o fácilmente determinable sin auxilio de peritos, en tanto que el tercerista sólo persigue una declaración judicial en el sentido de tener el dominio o propiedad de los bienes afectados en el juicio preexistente, debe concluirse que por su propia naturaleza, la tercería excluyente de dominio es de cuantía indeterminada. En efecto, aunque no pasa inadvertido que el juicio de tercería excluyente de dominio, al igual que otros juicios, puede llegar a ser susceptible de evaluarse pecuniariamente en la medida en que el valor de los bienes que se pretenden excluir inciden en el patrimonio del tercerista litigante, ello no implica que el valor de esos bienes deba tomarse como base para determinar la cuantía de la tercería, pues no debe olvidarse que ésta debe ser susceptible de establecerse desde la presentación de la demanda, y para fijar el valor de esos bienes sería necesario hacer uso de una pericial a través de la cual se valuaran dichos bienes. Ello es así, pues aunque no pasa inadvertido que los documentos que el tercerista presenta como base de su reclamo pueden establecer el valor en que se adquirieron esos bienes, lo cierto es que ese valor se encuentra relacionado con el momento de esa adquisición y, por ende, éste no puede servir de base para fijar la cuantía de la tercería, pues para ello, en todo caso, tendría que realizarse una actualización del valor de los bienes a la fecha de presentación de la demanda, tomando en cuenta sus posibles incrementos o decrementos, conforme la inflación o devaluación de los mismos, según sus mejoras o su depreciación, acorde a la propia naturaleza de los bienes que se pretenden excluir, para lo cual sería necesario hacer uso de una prueba pericial; de manera que, en ese sentido, por regla general, el valor de los bienes que se pretenden excluir a través de las tercerías excluyentes de dominio tampoco pueden servir de base para considerar que son de cuantía determinada. En esa virtud, si por la naturaleza de las prestaciones reclamadas en las tercerías excluyentes de dominio, éstas deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, sí es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio es terminante, al establecer que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro lado, el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla institucional del sistema procesal, que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo. Por tanto, si conforme a lo antes señalado, las tercerías excluyentes de dominio deben considerarse de cuantía indeterminada, es evidente que, en términos de lo dispuesto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, la sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicha tercería admite en su contra el recurso de apelación, el cual, atendiendo al principio de definitividad consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal,(21) así como a lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158(22) de la Ley de Amparo en vigor hasta el 2 de abril de dos mil trece, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor,(23) deberá agotarse antes de promover el juicio de amparo directo, a menos que el quejoso demuestre estar en un caso de excepción a dicho principio.(.)" Como se ve, al establecer que las tercería excluyente de dominio es de cuantía indeterminada, la Primera Sala también determinó implícitamente, que las resoluciones en ellas emitidas siempre serán apelables, conforme al artículo 1339 Bis, del Código de Comercio; sin que haya establecido salvedad alguna relacionada con la instancia ante la que se tramitaran, es decir, si se ventilaban ante jueces de paz, de cuantía menor o de primera instancia. Finalmente, con relación al tercer aspecto, relativo a que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no establece impedimento para que las salas civiles conozcan del recurso de apelación contra las resoluciones que los jueces menores dicten en juicios mercantiles, debe traerse a cuenta los artículos 56, 57 y 58 que disponen lo relativo a la normatividad organizacional de los jueces menores, así como el diverso 33 de dicho ordenamiento legal, que contempla expresamente la facultad de las salas civiles para conocer el recurso de apelación contra las resoluciones que los jueces menores dicten en juicios mercantiles: "CAPÍTULO CUARTO JUZGADOS MENORES Artículo 56. En cada distrito judicial habrá el número de juzgados menores que determine el Consejo. Artículo 57. Los juzgados menores con sede en las ciudades de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro tendrán competencia para conocer y resolver: I. En materia civil los juicios civiles cuya cuantía no exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado. Se exceptúan las cuestiones del orden familiar, propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, de arrendamiento de inmuebles, de los posesorios, de los interdictos y los que versen sobre estado y condición de las personas; y de las diligencias de consignación, incluso las de pensión alimenticia; II. En materia mercantil de los juicios mercantiles cuya cuantía no exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, con excepción de los juicios ordinarios orales, cuya, competencia corresponde a los juzgados de primera instancia en materia civil o mercantil, en los términos dispuestos por esta Ley; y, III. En materia penal de los delitos que tengan como sanción apercibimiento; caución de no ofender; pena alternativa; multa, cuando ésta no exceda del importe de cien días de salario mínimo general vigente en el momento y lugar en que se cometió el delito, prisión; y, cuando ésta no exceda de tres años, excepto de los delitos previstos y sancionados por los artículos 105, 116 y 117 del Código Penal del Estado. Además de la diligencia de exhortos, requisitorias o despachos que reciban y sean de su competencia; y, de los demás asuntos que les encomienden las leyes. Artículo 58. Los juzgados menores de las ciudades no contemplados en el artículo anterior, tendrán competencia para conocer y resolver: I. En materia civil de los juicios civiles cuya cuantía no exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado. Se exceptúan las cuestiones del orden familiar, propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, de arrendamiento de inmuebles, de los posesorios, de los interdictos y los que versan sobre estado y condición de las personas; y, de las diligencias de consignación, incluso las de pensión alimenticia; II. En materia mercantil de los juicios mercantiles cuya cuantía no exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, con excepción de los juicios ordinarios orales, cuya competencia corresponde a los juzgados de primera instancia en materia civil o mercantil, en los términos dispuestos por esta Ley; y, III. En materia penal de los delitos que tengan como sanción: apercibimiento; caución de no ofender; pena alternativa; y, multa, cuando ésta no exceda del importe de treinta días de salario mínimo general vigente en el momento y lugar en que se cometió el delito; prisión, cuando ésta no exceda de un año. Además de la diligencia de exhortos, requisitorias o despachos que reciban y sean de su competencia; y de los demás asuntos que les encomienden las leyes." "Artículo 33. Las salas civiles conocerán, por turno, según el orden en que se reciba cada expediente: I. De los recursos de apelación y en su caso, de queja contra las resoluciones que dicten los jueces de Primera Instancia en materia civil, familiar y mercantil; II. Del recurso de apelación contra las resoluciones que los jueces menores dicten en juicios mercantiles; III. Del recurso de apelación contra los laudos que se dicten en los asuntos que puedan comprometerse en árbitros conforme a la Ley; IV. De los juicios de responsabilidad civil que se promuevan contra los jueces civiles, familiares o mixtos de Primera Instancia; V. De las cuestiones de competencia y acumulación que se susciten, tanto en asuntos civiles como familiares entre los jueces de Primera Instancia; VI. De la revisión de oficio de sentencias dictadas en juicio sobre rectificación de actas del estado civil y sobre nulidad de matrimonio; VII. De las recusaciones con causa tanto en asuntos de derecho civil, mercantil y familiar, de los jueces civiles, familiares y de Primera Instancia; VIII. De los conflictos que con motivo de excusas y recusaciones sin causa se susciten tanto en asuntos civiles como de lo familiar, entre los jueces civiles, familiares o mixtos y de Primera Instancia, así como los que deriven de excusas en materia mercantil; y, IX. De las excusas y recusaciones con causa de los titulares de otras salas, tanto en asuntos de derecho civil, mercantil y familiar, en orden ascendente. Si se trata del Magistrado de la Sala Civil con el número ordinal más alto, conocerá el de la Sala Civil que inicie la numeración ordinal." Así conforme al contenido de dichos numerales se obtiene que los jueces menores con sede en las ciudades de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro, tendrán competencia para conocer y resolver en materia mercantil, de los juicios cuya cuantía no exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado y además, que las salas civiles conocerán del recurso de apelación contra las resoluciones que los jueces menores dicten en juicios mercantiles. Ya que como se aprecia de los artículos antes insertos, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, establece expresamente en el artículo 33, fracción II, que las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, serán competentes para conocer del recurso de apelación contra las resoluciones que los jueces menores dicten en juicios mercantiles, de forma que, tampoco se actualiza un impedimento legal que por estructura orgánica, impida que la sala pueda conocer del recurso de apelación contra la resolución de un juez de cuantía menor. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, los ahora quejosos se encontraban obligados a agotar dicho medio de defensa (recurso de apelación) mediante el cual, pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. Los actos reclamados son provenientes de un tribunal judicial; 2. El citado recurso de apelación, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código de Comercio; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitió el acuerdo reclamado y, 4. Por virtud del referido recurso, los proveídos reclamados pueden ser nulificados por el Magistrado responsable. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor (recurso de apelación); para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por ..., contra los actos reclamados al Juez ... en este Distrito Judicial, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, la parte quejosa señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y autoriza únicamente para ese efecto a la persona que hace alusión, ya que como se desprende de la certificación de cuenta, no tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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