Gabriel Loya Rodriguez

Expediente 236/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Loya Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    se advierte que el presente incidente se clasificó como destruible; sin embargo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, este incidente es susceptible de DEPURACIÓN, lo que ocurrirá en el plazo de tres años de conservación, contado a partir del auto de archivo de veinte de mayo de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, se ordena su archivo.

  3. Incidental

    se advierte que este incidente se encuentra totalmente concluido, por lo cual lo conducente es, en su oportunidad, enviarlo al archivo definitivo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del amparo en que se actúa, para el suscrito procede resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria recaída en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En la ejecutoria que nos ocupa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional en contra del arresto administrativo contenido en la boleta sin número, de siete de abril de dos mil veintiuno, emitida contra la parte quejosa. En particular, el amparo se concedió para los efectos siguientes: ".Efecto del amparo. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es conceder a la parte quejosa la protección constitucional, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable Jefe de Distrito Valle, consistente en el arresto relativo, contenido en la boleta sin número de siete de abril de veintiún, emitida en contra de la parte quejosa, para el efecto de que la responsable deje insubsistente dicho arresto y la boleta que lo contiene y, en caso de que estime procedente, inicie nuevamente el procedimiento correspondiente de subsistir las causas que motivaron la emisión del acto reclamado, con estricta observación al derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa, con objeto de que se encuentre en posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa, dado que sólo así se le restituirá en el goce del derecho vulnerado con el acto reclamado en este juicio, en los términos del artículo 77 de la ley de la materia." Por lo que, para cumplir con el fallo protector de que se trata, las responsables están constreñidas a realizar los actos que siguen: Dejar insubsistente el arresto relativo y la boleta que lo contiene -de siete de abril de dos mil veintiuno-. Esto sucedió en el caso que nos ocupa, pues para ello es de advertir que el Coordinador General de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del oficio S.S.P.M/C.G.P./3095/SCHM/2022, de veinticinco de marzo del año en curso, dejó sin efecto la boleta de arresto elaborada a la parte quejosa -Gabriel Loya Rodríguez -, y como consecuencia el arresto relativo, acorde a los lineamientos emitidos en la ejecutoria dictada en el presente amparo. Inconformidad frente al acato del fallo. No. En tal virtud, jurídicamente y materialmente se concretaron los efectos del fallo constitucional en este juicio, porque se acataron los lineamientos ahí fijados, colmándose así el derecho por cuya vulneración se concedió el amparo, sin excesos ni defectos sobre el particular, precisamente, porque se realizó la actuación que constituye el deber de hacer exigido por virtud del fallo protector. Por lo anterior, se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violado con los actos en el juicio, en los términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el diverso 214 de la ley de la materia. En apoyo a lo considerado se cita la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable Libro 42, noviembre de 2014, Tomo I, página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007918, rubro y texto siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

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