Gabriel Lejeune García

Expediente 1253/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Lejeune García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese la razón actuarial de la cual se desprende la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa GABRIEL LEJEUNE GARCÍA, el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, toda vez que al constituirse en el domicilio que señaló para tal efecto, fue informada por personas que realizaban trabajos de albañilería que los abogados que rentaban el inmueble se cambiaron de domicilio. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, y se ordena a la actuaria de la adscripción realizar la notificación del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, así como las subsecuentes incluidas las personales, por medio de la lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hasta en tanto aclare, o bien, señale un nuevo domicilio procesal. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    En esta fecha se notifica a la parte tercero interesada por lista de acuerdos el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesado, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que al efecto realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, en sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a GABRIEL LEJEUNE GARCÍA, para el efecto de que el Juez responsable realizara lo siguiente: ".deje sin efecto la resolución combatida y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que, dejando intocados los aspectos que no fueron materia de la concesión del presente amparo, con congruencia y exhaustividad los argumentos expuestos por el reclamante de la controversia de origen y que para el caso específico se dirigen a que la actora no acreditó la existencia de concubinato; que existe ingratitud por parte de ella misma y que de las contra referencias médicas se desprende que ésta tiene seguro en el ISSSTE al contar con él por ser empleada pública, con lo que sugiere que no necesita alimentos. Lo que podrá hacer en el mismo sentido de la resolución que se impugna, pero si se declarare fundada, deberá tener en cuenta que el criterio que se contiene en la tesis jurisprudencial 1a./J. 9/2005 del rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)", que establece que la reclamación interpuesta contra el auto que fija la pensión alimenticia de manera provisional no tiene el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, también es aplicable en los casos en que los alimentos se decretan como consecuencia de una relación concubinaria. Lo anterior, que en todo caso es contraria a la pretensión del quejoso para que se aplique de forma literal el criterio que contiene la tesis citada, antes de ser aclarada en los términos que se exponen en el párrafo anterior." Asimismo, en acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio número 4885 signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del expediente 114/2021-I de su índice. Ahora, de la referida resolución se aprecia que el Juez Familiar ordenó dejar insubsistente la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; posteriormente, con libertad de jurisdicción resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la pensión alimenticia provisional. En ese orden de ideas, se aprecia que el Juez responsable tomó en cuenta únicamente los documentos y pruebas aportadas hasta ese momento procesal, considerando la materia del recurso intentado en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Posteriormente, declaró ineficaces los argumentos planteados por el reclamante Gabriel Lejeune García, tomando en consideración que el recurso de reclamación debe de acreditar de manera indiciaria o presuntiva que la cantidad restante resulta insuficiente para solventar las necesidades del deudor alimentario; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva. En ese sentido, declaró improcedente la reclamación interpuesta por el citado quejoso; al no desvirtuar a esa etapa procesal con medio de prueba alguno, la circunstancia relativa al concubinato con la aquí tercera interesada Alondra Ivette García Gervacio; añadiendo que tal excepción hecha valer por el reclamante se estudiara al momento de resolver el fondo de la controversia planteada. Igualmente, determinó que las documentales relativas a las contra-referencias médicas ofrecidas por las partes, no acreditaron que la actora percibe ingresos como empleada pública, esto porque al exhibirse en copias simples, carecen de valor probatorio. Asimismo, destacó la autoridad responsable que hasta ese momento procesal no se acreditó la existencia de la ingratitud de la actora alegada por el reclamante. En las relatadas consideraciones, el juez responsable determinó confirmar el monto de la pensión provisional alimenticia consistente en 20% (veinte por ciento) sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como elemento de la Secretaría de Marina en favor de Alondra Ivette García Gervacio y 20% (veinte por ciento) en favor del menor también tercero interesado. En ese sentido, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se realizaron con el actuar del Juez responsable, toda vez que, en principio, dejó insubsistente la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno (acto reclamado) y, con libertad de jurisdicción, resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación propuesto por el aquí quejoso, tomando en consideración los argumentos planteados por éste, relativos a: i) la existencia de ingratitud de la actora; b) que la actora cuenta con seguro en el ISSSTE por ser empleada pública, como se advierte de las contra-referencias médicas exhibidas y, c) que la actora y el demandado no viven en concubinato; desestimando el juzgador dichos argumentos por ineficaces y confirmando el monto de la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1253/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesado, mediante proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que al efecto realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, en sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a GABRIEL LEJEUNE GARCÍA, para el efecto de que el Juez responsable realizara lo siguiente: ".deje sin efecto la resolución combatida y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que, dejando intocados los aspectos que no fueron materia de la concesión del presente amparo, con congruencia y exhaustividad los argumentos expuestos por el reclamante de la controversia de origen y que para el caso específico se dirigen a que la actora no acreditó la existencia de concubinato; que existe ingratitud por parte de ella misma y que de las contra referencias médicas se desprende que ésta tiene seguro en el ISSSTE al contar con él por ser empleada pública, con lo que sugiere que no necesita alimentos. Lo que podrá hacer en el mismo sentido de la resolución que se impugna, pero si se declarare fundada, deberá tener en cuenta que el criterio que se contiene en la tesis jurisprudencial 1a./J. 9/2005 del rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)", que establece que la reclamación interpuesta contra el auto que fija la pensión alimenticia de manera provisional no tiene el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, también es aplicable en los casos en que los alimentos se decretan como consecuencia de una relación concubinaria. Lo anterior, que en todo caso es contraria a la pretensión del quejoso para que se aplique de forma literal el criterio que contiene la tesis citada, antes de ser aclarada en los términos que se exponen en el párrafo anterior." Asimismo, en acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio número 4885 signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del expediente 114/2021-I de su índice. Ahora, de la referida resolución se aprecia que el Juez Familiar ordenó dejar insubsistente la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; posteriormente, con libertad de jurisdicción resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la pensión alimenticia provisional. En ese orden de ideas, se aprecia que el Juez responsable tomó en cuenta únicamente los documentos y pruebas aportadas hasta ese momento procesal, considerando la materia del recurso intentado en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Posteriormente, declaró ineficaces los argumentos planteados por el reclamante Gabriel Lejeune García, tomando en consideración que el recurso de reclamación debe de acreditar de manera indiciaria o presuntiva que la cantidad restante resulta insuficiente para solventar las necesidades del deudor alimentario; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva. En ese sentido, declaró improcedente la reclamación interpuesta por el citado quejoso; al no desvirtuar a esa etapa procesal con medio de prueba alguno, la circunstancia relativa al concubinato con la aquí tercera interesada Alondra Ivette García Gervacio; añadiendo que tal excepción hecha valer por el reclamante se estudiara al momento de resolver el fondo de la controversia planteada. Igualmente, determinó que las documentales relativas a las contra-referencias médicas ofrecidas por las partes, no acreditaron que la actora percibe ingresos como empleada pública, esto porque al exhibirse en copias simples, carecen de valor probatorio. Asimismo, destacó la autoridad responsable que hasta ese momento procesal no se acreditó la existencia de la ingratitud de la actora alegada por el reclamante. En las relatadas consideraciones, el juez responsable determinó confirmar el monto de la pensión provisional alimenticia consistente en 20% (veinte por ciento) sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como elemento de la Secretaría de Marina en favor de Alondra Ivette García Gervacio y 20% (veinte por ciento) en favor del menor también tercero interesado. En ese sentido, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se realizaron con el actuar del Juez responsable, toda vez que, en principio, dejó insubsistente la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno (acto reclamado) y, con libertad de jurisdicción, resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación propuesto por el aquí quejoso, tomando en consideración los argumentos planteados por éste, relativos a: i) la existencia de ingratitud de la actora; b) que la actora cuenta con seguro en el ISSSTE por ser empleada pública, como se advierte de las contra-referencias médicas exhibidas y, c) que la actora y el demandado no viven en concubinato; desestimando el juzgador dichos argumentos por ineficaces y confirmando el monto de la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    En la presente fecha se notifica a la parte quejosa el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció ante este juzgado en el término señalado en el artículo 27, fracción C, de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente dice: "...Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, y remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley..."

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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