Gabriel Juárez Viveros
Expediente 703/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriel Juárez Viveros
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por *****, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 5, 123 y 133 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 703/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE ESTIMA ACTUALIZADA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV (a contrario sensu), 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Los preceptos legales mencionados, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Según se ve, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, considerando como aquellos, a los no impugnados dentro de los plazos que prevé la ley de la materia. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones que ahí se prevén. Y en el diverso precepto 18 del ordenamiento legal en cita, se ve que el legislador previó tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Estas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Sobre esta base normativa se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término genérico de quince días, antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. II. HECHOS Así del escrito de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa como acto reclamado lo siguiente: "(.) Reclamo de la autoridad responsable, LA NEGATIVA por medio de sus funcionarios al suscrito para la; RECONEXIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA a la que tengo derecho en mi negocio y única fuente de ingresos (.)." Posteriormente, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de hechos, en el marcado como segundo, manifestó: "(.) y la parte toral de esta demanda de amparo indirecto radica en que 9 de octubre de este 2023 acudí a las oficinas en Poza Rica de la autoridad señalada como responsables a solicitarles nuevamente la instalación de mi servicio de energía eléctrica que siempre había tenido en mi local ya citado, pues es necesario y ya URGENTE para poder trabajar de manera correcta e idónea, pero personal de esas oficinas me negó la instalación argumentando que simplemente no se podía, y que en definitiva no se podría nunca sin darme mas explicaciones. (.) En el caso, de las manifestaciones que realizó, bajo protesta de decir verdad, queda evidenciado que el nueve de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad a la que señala como responsable le negó la instalación del servicio de energía eléctrica que constituye el acto reclamado en la demanda que se analiza. III. CONCLUSIÓN Para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del acto reclamado se debe estar a la segunda de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, el día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En ese sentido, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, el referido plazo de quince días inició el día diez de octubre de dos mil veintitrés y feneció el día diecisiete de noviembre del presente año, descontando los días doce, catorce y quince del mes próximo pasado, así como el cuatro, cinco, once y doce de los actuales, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia; y de igual forma sin considerar los días del dieciséis al veintinueve de octubre del año en curso, de conformidad con las circulares 28/2023 y 29/2023, ni tampoco los uno, dos y tres de los corrientes de conformidad con la circular 12/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En tales condiciones, si el plazo para la promoción del juicio de amparo feneció el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, y el solicitante de la protección constitucional depositó su demanda de amparo en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, el veintidós del presente mes y año, es inconcuso que su promoción resulta extemporánea. Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XIV Ley de Amparo. AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Emilio Omar Torres Quiroz, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Gerardo Almora Cruz, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que la parte quejosa solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), realícensele únicamente las notificaciones que dentro del presente juicio se deban efectuar de forma personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la oficial judicial "A", para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que el impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: LicEmilioTorresPozaRica. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica, mismas que se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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