Gabriel Jesus Bravo Medina
Expediente 253/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 253/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/03/2022
Partes del expediente
- Gabriel Jesus Bravo Medina
- Comisario de la Policia de Guadalajara, Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a diez de marzo de dos mil veintidós. Ejecutoria de colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la resolución celebrada el uno de marzo de dos mil veintidós relativa al recurso de revisión 436/2021 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto en que se actúa, y un sobre. Hágase del conocimiento a las partes que el referido órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo." Bajo dicho tenor, acúsese el recibo correspondiente. Glósese cuaderno de antecedentes. En consecuencia, súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; en el entendido que únicamente deberán conservarse las posteriores al acuerdo en el que se ordenó remitir el recurso de revisión y todas aquellas actuaciones originales, para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes y, con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, al ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General emitido por Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Valoración del incidente de suspensión. Ahora, conforme lo dispone la fracción I, inciso a), del numeral 18, del citado Acuerdo, el original del incidente de suspensión será depurable en el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. Y en atención a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Se devuelven constancias. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este Juzgado las copias certificadas remitidas por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en apoyo a su informe justificado, mismas que se encuentran resguardadas en sobre cerrado; en consecuencia, devuélvanse para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el ocurso signado por Abraham Tovar Partida, autorizado de la parte quejosa (carácter reconocido en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno); atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, interpone recurso de revisión contra la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno. Distribúyanse las copias de los agravios, quedando a disposición de las partes las que les corresponden, en la secretaría de este Juzgado Federal, en tanto que a la autoridad responsable, remítasele mediante oficio. Una vez que obre el acuse de recibo relativo a los oficios dirigidos a las autoridades responsables del presente acuerdo, dentro de los tres días siguientes, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos del juicio de amparo 253/2021, el original y copia simple del escrito de agravios, así como el cuaderno de prueba constante en un tomo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que los envíe al de turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Fórmese el cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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Zapopan, Jalisco, a doce de julio de dos mil veintiuno. I. Solicitud de copias certificadas. Se tiene por recibido el ocurso signado por Abraham Tovar Partida, autorizado en amplios términos de la parte quejosa (carácter reconocido en auto de cuatro de marzo del año en curso), a través del cual y en atención a lo que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele copias certificadas de las constancias que peticiona consistente en la sentencia dictada el seis de julio de dos mil veintiuno, previo razón de recibo que se otorgue en autos. II. Información relativa a la expedición de copias. Asimismo, se informa al promovente que en atención a las medidas de prevención para evitar la propagación del virus del SARS Cov-2, acorde a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. De igual manera se precisa que cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se le exhorta a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. III. Esquema de atención al público. Corolario de lo anterior, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al comparecer a realizar las gestiones para su fotocopiado en el centro autorizado en las instalaciones del Poder Judicial Federal en el Estado de Jalisco, deberá realizar una cita previa, la cual podrá generar en el Portal de Servicios en Línea del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para el desahogo de comparecencias. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ésta ingrese a este juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/josuév
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 253/2021, promovido por Gabriel Jesús Bravo Medina, por propio derecho, contra actos del Comisario de la Policía de Guadalajara, Jalisco, y otras autoridades, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Fue presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por Gabriel Jesús Bravo Medina, por propio derecho, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se fijó fecha para la audiencia constitucional, se requirió a las autoridades responsables sus informes con justificación, y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado;debido a que se reclama un acto emitido por una autoridad administrativa, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de establecer cuáles son los actos reclamados, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Comisario de la Policía de Guadalajara, Jalisco. Directora de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco. El levantamiento del acta administrativa de diez de febrero de dos mil veintiuno, y El auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, que ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número 018/CC/2021. Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. El oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, mediante el cual se establece un resultado de no aprobado en los exámenes de evaluación de control y confianza. TERCERO. Inexistencia de actos. En el caso, se estiman inexistentes los actos atribuidos al Comisario de la Policía de Guadalajara, Jalisco, consistentes en: El levantamiento del acta administrativa de diez de febrero de dos mil veintiuno, y El auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, que ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número 018/CC/2021. Ello, porque al rendir su informe con justificación, por conducto de la Directora de lo Jurídico de esa dependencia, (folios 38 a 40 del amparo indirecto), negó la existencia de tales actos. Además, la facultad de levantar el acta administrativa, así como emitir el acuerdo de inicio del procedimiento de separación, corresponde a la Dirección de lo Jurídico de la Comisaría, en términos del artículo 196, párrafo segundo, del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. En esa virtud, procede el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos atribuidos al Comisario de la Policía de Guadalajara, Jalisco, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Actos existentes. En términos de los artículos 74, fracción I, y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe tenerse por ciertos los actos y autoridades siguientes: Directora de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco. El levantamiento del acta administrativa de diez de febrero de dos mil veintiuno, y El auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, que ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número 018/CC/2021. Lo anterior, porque así lo confesó dicha autoridad al rendir su informe justificado (folios 41 a 45 ibídem), y acreditó con las copias certificadas conducentes (folios 74 a 79 y 83 a 87 ibídem). Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. El oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, mediante el cual se establece un resultado de no aprobado en los exámenes de evaluación de control y confianza. También es cierto el anterior acto reclamado, pues así lo aceptó el director del centro de evaluación correspondiente al rendir su informe con justificación (folio 104 ibídem), aunado de que el oficio de referencia lo adjuntó a su informe en copia certificada el Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara (folio 46 ibídem). QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultaron ciertos los actos precisados en el apartado que antecede, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción constitucional, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, al rendir su informe con justificación (folios 114 a 133 ibídem), alega que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en concordancia con el artículo 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es infundado, pues si bien la autoridad responsable indicada considera que el comunicado CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018 por medio de los cuales se indicó el resultado de "no aprobado" respecto de la práctica de las evaluaciones realizadas al quejoso, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no acarrea una afectación a la parte quejosa, por lo que el mismo no es un acto emitido de manera unilateral a través del cual crea, modifica, o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del impetrante de garantías, lo cierto es que al existir un procedimiento administrativo de separación (auto de 16 de febrero de 2021) dicho acto sí afecta en la esfera jurídica del solicitante de amparo. Así, las manifestaciones expuestas por la responsable de referencia, resultan infundadas, pues contrario a lo que señala, dicha autoridad sí pueden ser consideradas como tal para efectos del juicio de amparo, al emitir un resultado desaprobatorio con motivo de los exámenes de confianza practicados a los elementos de seguridad, cuando éstos se ponga a consideración de la competente la instauración del procedimiento de responsabilidad contra un elemento de seguridad, como en el caso sucede. Lo anterior, ya que derivado de lo actuado en las evaluaciones correspondientes dieron lugar a que el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se consideró procedente iniciar el procedimiento de separación en contra del aquí quejoso. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente. "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." Del criterio jurisprudencial de mérito, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto. En el caso, la autoridad en cita emitió el comunicado CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, por medio de los cuales se indicó el estado de "no aprobado" del quejoso respecto de los exámenes que se le practicaron, mismo que sirvió de base para dictar el acta administrativa correspondiente, y como consecuencia el inicio de procedimiento de separación de origen, por lo que con dichas opiniones emitidas en sentido negativo de permanencia, queda demostrada la relación jurídica de supra a subordinación con el gobernado. De ahí que contrario a lo argüido por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, sí le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Por otra parte, también aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque los actos que a éstas atribuyen no afectan los intereses jurídicos del quejoso. Lo anterior es infundado. En efecto, no le asiste razón a la autoridad responsable en cita, dado que, como se precisó, en párrafos precedentes, con base en el oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018 se dio inicio al procedimiento de separación de origen seguido en contra del quejoso, por lo que sí le causan un agravio a sus derechos sustantivos pues al momento en que se dicte la resolución respectiva en dicho procedimiento, se podría decretar la separación del cargo, mismo que por mandato constitucional no conseguirá ser reinstalado. Por tanto, al ser dirigido el proceso en cita contra del quejoso, es por lo cual cumple con el principio de agravio personal y directo requerido para acudir a la instancia constitucional, esto es, existe un derecho subjetivo que se dice vulnerado y, el acto de autoridad afecta esa prerrogativa, de donde deriva el perjuicio correspondiente. Al no existir una diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes y no obstante el análisis oficioso que sobre el punto exige el precepto 62 de la Ley de Amparo, este juzgador no advierte que se concrete alguna otra. Entonces, lo que procede es el análisis de los motivos de disenso. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia. Así es, en el caso, impera el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, dado que el quejoso es parte dentro de un procedimiento administrativo en el que se cuestiona su permanencia como elemento policial. Apoya a lo antes expuesto, la jurisprudencia emitida por el Pleno del más Alto Tribunal, cuyo rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado." En esencia, refiere el quejoso que el procedimiento es ilegal, ya que no se encuentra fundado ni motivado, pues de manera general se estableció que no aprobó los exámenes de confianza, pero no se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y consideraciones tomadas en cuenta, o las causas por las que sustenta la autoridad evaluadora para determinar un resultado de no aprobado, ya que no se acompañaron copias certificadas para saber cuáles fueron las áreas de exámenes que no aprobó, por lo que se le dejó en estado de indefensión. Agrega que desconoce los resultados de todos y cada uno de los exámenes de evaluación, y no se precisó la determinación del resultado final. Es fundado lo anterior. En efecto, de las constancias certificadas que fueron anexadas al informe con justificación por la Directora de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su ordinal 2, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad conforme a sus atribuciones, se tiene que: Por oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, informó al Presidente Municipal Interino de Guadalajara, Jalisco, que el aquí quejoso Gabriel Jesús Bravo Medina (Policía Tercero), fue reevaluado el nueve de julio de dos mil dieciocho, resultando no aprobado en su proceso de control de confianza. Folio 46 ibídem. El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, tuvo por recibido el comunicado de referencia (CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018), y acordó que, previo a incoar el procedimiento administrativo de separación, resultaba fundamental correr traslado al interesado (quejoso) con copia de los exámenes y de los resultados de las evaluaciones que, afirman, no aprobó, para lo cual ordenó por conducto de la Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales, girar oficio al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, para que remitiera original o copia certificada de la totalidad de las constancias generadas de la aplicación de los exámenes que integran el control de confianza, así como la ponderación conjunta, así como hiciera saber las causas y circunstancias en las que se sustente su determinación, además de que especificara claramente el motivo o los motivos por los cuales se obtuvo un resultado de no aprobado, identificando cada uno de los exámenes aplicados con los resultados obtenidos. Folios 58 a 61 ibídem. Mediante oficio Fortaseg/594/2018, de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se realizó la petición anterior. Folio 62 ibídem. Por oficio DJ/AA/174/2020, de dos de febrero de dos mil veintiuno, el Director de lo Jurídico de la comisaría apuntada, pidió informe a la Titular de la Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales, respecto de si se había realizado reevaluación de control de confianza al aquí quejoso, y si había recibido respuesta del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco. Folio 64 ibídem. A las trece horas del diez de febrero de dos mil veintiuno, el mencionado Director Jurídico de la comisaría respectiva, levantó acta administrativa contra el quejoso, en términos del artículo 130 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, fundándose en el oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, del Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, por el que se informó que dicho elemento de policía obtuvo un resultado de no aprobado en su reevaluación de control y confianza. Folios 27 a 32 ibídem. Por oficio Fortaseg/337/2021, de la misma fecha anterior (10 de febrero de 2021), la Titular de la Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales, informó al Director de lo Jurídico de la comisaría de referencia, que el siete de septiembre de dos mil veinte, se solicitó mediante el oficio FORTASEG/693/2020, al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el expediente completo del proceso de evaluación y control de confianza del quejoso, sin obtener respuesta hasta ese momento. Folio 80 ibídem. No obstante lo anterior, sin recibir (o sin que se advierta hubiera recibido) la información y la documentación solicitada, con fundamento en el acta administrativa de referencia, a las trece horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Director de lo Jurídico de la Comisaría General de la Policía de Guadalajara, dictó acuerdo de inicio del procedimiento de separación administrativa contra el aquí quejoso (primero), para lo cual formó el expediente 018/CC/2021 (segundo) y ordenó requerirlo para que dentro de los cinco días hábiles diera contestación y ofreciera pruebas, las cuales podía presentar dentro de los quince días hábiles siguientes. Asimismo, se dispuso dar a conocer al elemento de policía los medios de prueba presentados en su contra, siendo éstos los siguientes: Acta Administrativa de fecha 10 del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, signado por el Director Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. Oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018 en 01 una foja, emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Para lo cual ordenó correr traslado al elemento operativo, junto con el citado acuerdo de inicio, para garantizar su garantía de audiencia y defensa (tercero). Folios 83 a 87 ibídem. Ahora bien, del acta administrativa levantada por el Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, a las trece horas de diez de febrero de dos mil veintiuno (folios 27 a 32 ibídem), se advierte que para la celebración de dicho acto, dicho Director Jurídico únicamente se basó en el oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, remitido por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que se informó que el elemento de policía (quejoso) no aprobó sus exámenes de control de confianza, sin que se hubiere allegado de la revaluación de nueve de julio de dos mil dieciocho, que refirió dicho director del centro de evaluación. Consecuentemente, se estima que tal omisión (no tener a la vista la revaluación del quejoso), infringió el artículo 195, párrafo primero, del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, en cuanto a que en el acta administrativa deben señalarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto del incumplimiento, pues para que quede asentado de manera clara y precisa dicho incumplimiento, no es suficiente por sí misma la noticia del director del centro evaluador en el sentido de que el elemento respectivo no aprobó la reevaluación que se le hizo, sino que necesariamente debió remitir el resultado de los exámenes correspondientes, para de ahí obtener la reseña de modo, tiempo y lugar del por qué no fueron aprobados tales exámenes. Aunado a lo anterior, se tiene también que en el acuerdo de inicio del procedimiento de separación administrativa, no se ordenó correr traslado al quejoso con cada uno de los resultados de los exámenes practicados en el proceso de control de confianza, tampoco con el resultado final de la reevaluación que le fue practicada por el Director del centro respectivo (Reporte Integral de Reevaluación de Control de Confianza), ya que únicamente en tal acuerdo inicial se dispuso correr traslado con: Acta Administrativa de fecha 10 del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, signado por el Director Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, y Oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018 en 01 una foja, emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Y ello se corrobora con las constancias adjuntadas, reseñada por el Director de lo Jurídico de la comisaría anotada, pues desde el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dicha autoridad al recibir el oficio CESP/CEECC/RI/NA/1419/2018, hizo énfasis en que resultaba fundamental correr traslado al interesado (quejoso) con copia de los exámenes y de los resultados de las evaluaciones de no aprobado, por lo que ordenó por conducto de la Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales, girar oficio al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, para que remitiera tales exámenes, así como la ponderación conjunta. A continuación se muestran las imágenes del citado acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho y de la parte conducente del inicio de procedimiento de separación administrativa. (.) (.) (.) (.) Sin embargo, si bien, se giró el comunicado Fortaseg/594/2018, para los fines pretendidos, no obra constancia alguna de que el centro de evaluación correspondiente haya allegado los resultados de los exámenes y ponderación conjunta aludidos, máxime que por oficio Fortaseg/337/2021, de diez de febrero de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales, informó al Director de lo Jurídico de la comisaría de referencia, que el siete de septiembre de dos mil veinte, se solicitó al centro de evaluación el expediente completo del proceso de evaluación y control de confianza del quejoso, sin obtener respuesta hasta ese momento. No obstante lo anterior, el diez y dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Director Jurídico indicado, respectivamente, levantó el acta administrativa correspondiente, y dio inicio al procedimiento de separación sin tener los resultados de los exámenes, ni la reevaluación (Reporte Integral) respectiva, por tanto, no corrió traslado con tales documentos al quejoso para que contestara y ofreciera las pruebas conducentes. En esa virtud, la omisión del Director Jurídico mencionado, infringió la disposición contenida en el último párrafo del artículo 195 del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, la cual establece que el procedimiento se inicia cuando se cuenta con la documentación e información completa por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza o la instancia respectiva que le den certeza al policía acerca del motivo de su separación y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Al respecto vale citar por analogía, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. EN EL ACUERDO DE INICIO DEBEN HACÉRSELES SABER LOS MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE APOYÓ LA AUTORIDAD QUE LO ORDENÓ, ASÍ COMO LAS EVALUACIONES APLICADAS Y NO ACREDITADAS. La autoridad que ordena el inicio del procedimiento administrativo de separación contra un elemento de la Policía Federal por no satisfacer el perfil requerido para el cargo, al no haber aprobado el proceso de evaluación de confianza, debe hacerle saber en el acuerdo relativo los motivos o circunstancias en que se apoyó, así como las evaluaciones que se le aplicaron y no acreditó, pues al tratarse de un procedimiento en el que se prepara una resolución que definirá la permanencia en dicha institución de uno de sus integrantes, el acto inicial debe realizarse en estricta observancia a las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, conforme a las exigencias que tienen como finalidad garantizar que esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa, y no sólo como cumplimiento del requisito de motivación y fundamentación".Énfasis añadido. Asimismo, se cita por identidad de razón, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de la literalidad siguiente: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN EXTRAORDINARIA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. AL NOTIFICAR SU INICIO DEBE CORRERSE TRASLADO AL INTERESADO CON COPIA DE LOS EXÁMENES Y DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA QUE, SE AFIRMA, NO APROBÓ. La notificación del inicio del procedimiento de separación extraordinaria del servicio profesional de carrera de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, derivado de no acreditar los procesos de evaluación de control de confianza, conlleva la obligación del visitador general y del titular de esa institución, de correr traslado al interesado con copia de los exámenes y de los resultados de las evaluaciones que, afirman, no aprobó, pues sólo de esa manera se respetará verdaderamente su derecho de audiencia y se le permitirá llevar a cabo una adecuada y oportuna defensa de sus intereses". Énfasis añadido. En ese sentido, es claro que la actuación del Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco, de levantar el acta administrativa sin los resultados de los exámenes practicados en el control de confianza, ni del resultado integral de la reevaluación practicada al quejoso, así como no correrle traslado con las copias de los mismos, infringió los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; de ahí que procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para los efectos que enseguida se precisan. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, atento al ordinal 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Director de lo Jurídico de referencia deberá: Dejar insubsistente: El acta administrativa de diez de febrero de dos mil veintiuno, y El auto de inicio de procedimiento de separación administrativa de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente 018/CC/2021. Una vez que cuente con los resultados de los exámenes de control y confianza, así como de la revaluación correspondiente (Reporte Integral), en caso de que opte por volver a levantar acta administrativa, deberá precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del incumplimiento con apoyo en tales resultados, para luego, en el supuesto de que disponga iniciar el procedimiento administrativo de separación respectivo, en el auto de inicio deberá ordenar correr traslado con tales resultados (exámenes y reevaluación) al elemento de policía -aquí quejoso-, a fin de respetar su garantía de audiencia observando el artículo 195, último párrafo, del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriel Jesús Bravo Medina, por su propio derecho, por las consideraciones expuestas en el considerando sexto y para los efectos del último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así´ lo resolvió´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el seis de julio de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron, ante Ramón Isidro Ruiz Díaz, secretario que autoriza y da fe.
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