Gabriel Ignacio Aguilar Torres

Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Ignacio Aguilar Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    V- Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de 15 días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que fuera recurrido en inconformidad. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, se tiene por consentido el cumplimiento de la ejecutoria y por conforme con el mismo a la parte quejosa, para todos los efectos legales conducentes. Dada la inexistencia de diligencias pendientes por proveer y desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable magistrado titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el anexo que fue remitido en apoyo a su informe justificado, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo correspondiente, sobre lo cual se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al momento de hacer entrega a la autoridad responsable del oficio que derive del presente auto, se cerciore de que en el acuse correspondiente se registre el recibo que ampare la entrega de las constancias antes reseñadas.???????????? Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    V- Notifíquese, y personalmente al quejoso, terceros interesados y asesora jurídica.

  3. Principal

    V.- Con esta fecha se notifica las partes terceras interesadas ANA LORENA AGUILAR PEÑA, JIMENA AGUILAR PEÑA, Y ADDY LORENA DE GUADALUPE PEÑA VILLANUEVA, ESTÁ ÚLTIMA POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA, el auto dieciséis noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guarda el presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes en proveído de 5 de septiembre de 2022, sin que hayan realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales en sentencia de 29 de julio de 2022, fue concedido el amparo de la Justicia Federal, a la parte quejosa Gabriel Ignacio Aguilar Torres, contra los actos que reclamó a la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, tal y como se puntualiza a continuación: "I. Efectos. -- En el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se notifique la ejecutoria de este fallo, la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de 26 de noviembre de 2021, dictada en el toca familiar 35/2021, en la cual la responsable confirmó la resolución emitida en el incidente de cancelación y/o decremento de pensión alimenticia 7/2020, y -- Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, pero subsanando los vicios que fueron analizados y destacados en el presente fallo, en específico, motive adecuadamente partir del análisis integral de los elementos aportados y disponibles para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, y la capacidad económica del deudor, y determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor debe destinar para cubrir los alimentos de la nueva acreedora, junto a la propia subsistencia del deudor." Por auto de 29 de agosto de 2022, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable a fin de que dé cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En auto de 5 de septiembre de 2022, se recibió el oficio PJ-TSJ-2S-S1-467/2022, de 1 de septiembre de esta anualidad, de la magistrada titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y en Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, con el que en atención a la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas del auto de 1 de septiembre de esta anualidad en la que dejó insubsistente la sentencia de 26 de noviembre de 2021 emitida en el toca 35/2021; y la nueva sentencia dictada el mismo 1 de los presentes en el referido toca. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Como se ha visto, con la información rendida en el acuerdo de 5 de septiembre de 2022, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. Ahora, del análisis de las constancias remitidas se destaca que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Mediante el acuerdo de 1 de septiembre de 2022, dejó insubsistente el fallo de 26 de noviembre de 2021, respecto del incidente de cancelación y/o decremento de pensión alimenticia. 2. El 1 de septiembre de 2022, emitió una nueva determinación en cuya se destacan los términos siguientes. "De lo anteriormente establecido por la Autoridad Federal se concluye que los agravios cuarto y sexto plantea dos por el apelante son fundados, por lo tanto, la menor de iniciales A.K.A.E., al ser nueva acreedora del deudor tiene el derecho a que se le determine el importe que se destinara para sus gastos alimentarios, de lo que se colige que existe un cambio de las circunstancias en las que se decretó la pensión alimenticia, mediante sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio del año dos mil ocho, disminuyendo la capacidad del deudor alimentario; por lo tanto, resulta necesario establecer la capacidad real del deudor y los posibles gastos de cada uno de los acreedores y del mismo deudor alimentario, para así determinar si se debe reducir la pensión en un porcentaje menor al decretado en la sentencia impugnada como lo pretende el apelante o bien si deba de quedar igual. Ahora bien en virtud que ya se determinó el derecho de Jimena Aguilar Peña y Karla Gabriela Aguilar Peña, para continuar recibiendo alimentos; que existe una pensión decretada a favor del niño E.G.A.E., en el diverso juicio 440/2020 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia; el derecho reconocido de la nueva acreedora alimentaria, la menor de edad A.K.A.E., motivo del cumplimiento de amparo; así como el derecho del deudor al mínimo vital para su subsistencia, se procede a determinar los porcentajes que a cada uno le corresponde, tomando en consideración que los alimentos deben ser decretados bajo los principios de proporcionalidad y equidad, de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos tal y como lo señala el artículo 849 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y se determina la capacidad del deudor, tomando como base el sueldo que devenga como trabajador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por la cantidad de $15,309.75 (son: quince mil trescientos nueve pesos 75/100 moneda nacional); él cual se ve disminuido al tener un descuento por concepto de pensión alimenticia a favor del menor de iniciales E.G.A.E., decretado en autos del expediente 440/2020, a razón del veinte por ciento, cantidad que asciende a $3061.95 (son: tres mil sesenta y un pesos 95/100 moneda nacional) en forma quincenal, lo que se traduce en que al deudor le queda un 80 por ciento de su sueldo a razón de $12,247.80 (son: doce mil doscientos cuarenta y siete pesos 80/100 moneda nacional). Asimismo, la cantidad señalada con anterioridad es reducida por los gastos de la nueva acreedora alimentaria la menor de edad A.K.A.E., quien tiene un año y diez meses de edad, por lo que cuenta con la presunción de necesitar los alimentos, tal y como lo señala el artículo 849 Bis, del Código Civil del Estado; sin embargo, hay que establecer los posibles gastos que pudiera tener y requerir en un momento dado, para determinar el porcentaje que se le pudiera destinar del sueldo del deudor, privilegiando la protección del interés superior de la menor la cual debe ser reforzada y protegida integralmente, dado que así lo establecen los artículos 4 de la Constitución Federal, 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y 984 a 990 BIS del Código Civil de la Entidad, ordenamientos que deben ser aplicados de modo armónico con los principios que se encuentran contenidos en los artículo 3, 6 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con base en ello es que se determina que sus gastos son: alimentación, vestido, esparcimiento, así como vivienda pues aunque el deudor la tiene incorporada a su domicilio, se debe tomar en cuenta el proporcional que de la pensión corresponde, además, si bien no tiene gastos escolares dada su edad, si podría necesitar gastos de guardería en un momento determinado, así también gastos de salud que aunque contase con seguridad social, es del conocimiento general que los gastos médicos de un menor, tienden hacer más costosos y requieren de atención especializada, por lo que es necesario que los padres cuenten con liquidez para hacer frente de esas necesidades apremiantes, por lo tanto, no puede considerarse que la menor en cuestión se encuentre en una posición de necesidad económica menor a la de su hermano E.G.A.E., sino que dadas sus necesidades apremiantes se le debe colocar en un mismo nivel de necesidad, aunado a que los alimentos deben ser proporcional entre todos los acreedores, por lo que se considera que un veinte por ciento del sueldo del deudor a razón de $3,061.95 (son: tres mil sesenta y un pesos 95/100 moneda nacional) en forma quincenal, resulta suficiente para sufragar sus gastos; en el entendido que no es necesario ordenar el descuento para su manutención en el centro laboral del deudor ya que al tenerla incorporada a su domicilio, él mismo destinará dicha cantidad para la misma, por lo tanto, descontando este nuevo gasto al deudor, le quedaría el 60 por ciento del ingreso a razón $9,185.85 (son: nueve mil ciento ochenta y cinco pesos 85/100 moneda nacional). De lo anterior se desprende que si bien la capacidad económica del deudor ha disminuido, al tener dos nuevos acreedores aún cuenta con capacidad económica suficiente tanto para satisfacer sus necesidades como para hacerle frente a sus demás obligaciones, como lo es la pensión de sus acreedoras; JIMENA AGUILAR PEÑA y la entonces menor KARLA GABRIELA AGUILAR PENA, cuyas necesidades deben ser nuevamente valoradas, toda vez que la pensión decretada en el juicio de alimentos 7/2020 (antes 249/2008) era del 57 por ciento del sueldo del deudor para 4 acreedoras, considerándose que cada una subsistía con un 14.25 por ciento, entonces al haberse cancelado la pensión para dos acreedoras, en inconcuso que se deba hacer un ajuste en el porcentaje, por lo que se debe analizar las necesidades reales de las acreedoras preexistentes para determinar si es viable que continúen percibiendo el mismo porcentaje con el que venían subsistiendo o se deje firme el 43 por ciento que decretó la Juez en el Incidente de Cancelación y/o Reducción del Pensión, o bien que se determine un porcentaje diverso; en tal virtud, debido a que las pensiones no se determinan por un simple cálculo matemático, si no bajo el principio de proporcionalidad es que se analizará las necesidades de las citadas acreedoras de la siguiente manera: En el caso de la ciudadana JIMENA AGUILAR PEÑA, ésta se encuentra cursando la educación superior, por lo que requiere de colegiaturas, uniformes, útiles, escolares, libros, aparatos tecnológicos, como pueden ser calculadora, computadora e internet, entre otros para cumplir con sus estudios y realizar las tareas correspondientes, así como el pago de alimentación, transporte, salud, vestido, habitación y esparcimiento como lo dispone el artículo 845 del Código Civil vigente en el Estado; por lo que se considera que el 14.25 por ciento que aproximadamente venía recibiendo, no es suficiente para sufragar sus gastos, ya que dada su escolaridad y crecimiento estos han aumentado; por otra parte, tampoco se puede dejar firme el 23 por ciento determinado en la sentencia incidental impugnada, toda vez que no solo al deudor le corresponde proporcionar la totalidad de la pensión, debido a que la progenitora también percibe ingresos al laborar en Servicios Educativos de Quintana Roo, siendo que los alimentos deben ser proporcionados por ambos progenitores cuando los dos tengan ingresos para satisfacerlos, pues el artículo 839 del Código Civil del Estado, señala en términos generales que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, de lo que se colige qué no solo es al padre a quien le recae dicha obligación, máxime si la madre también trabaja, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro: ALIMENTOS, SU PROPORCIONALIDAD CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)", por lo tanto, ' se considera que un veinte por ciento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones del deudor, el cual asciende a la cantidad de $3,061,95 (son: tres mil sesenta y un pesos 95/100 moneda nacional), en forma quincenal, es una cantidad suficiente y adecuada para que la ciudadana Jimena satisfaga sus gastos necesarios; lo que se traduce en que aún y con esa cantidad a descontar al deudor le quedaría un 40 por ciento de su sueldo a razón de $6,123,90 (son seis mil ciento veintitrés pesos 90/100 moneda nacional). En cuanto a la diversa acreedora, la entonces menor KARLA GABRIELA AGUILAR PEÑA, cuenta con la edad escolar de preparatoria por lo que requiere de colegiaturas, uniformes, útiles escolares, libros, aparatos tecnológicos, como pueden ser calculadora, computadora e internet, entre otros para cumplir con sus estudios y realizar las tareas correspondientes, así como el pago de alimentación, transporte, salud, vestido, habitación y esparcimiento, como lo dispone el artículo 845 del Código Civil vigente en el Estado, y aunque es un hecho conocido que las colegiaturas son menos costosas que el nivel superior, es inconcuso que al igual que su hermana JIMENA, ha crecido y sus gastos también han aumentado, por lo que tampoco podría subsistir sí se le dejara la parte proporcional del porcentaje que venía devengando junto con las demás acreedoras, asimismo, tampoco podría decretársele un porcentaje excesivo pues que como ya se dijo la progenitora también percibe ingresos, la tiene incorporada a su domicilio, reiterándose que los alimentos deben ser proporcionados por ambos progenitores cuando los dos tengan ingresos para satisfacerlos, por lo que se considera que el porcentaje decretado a su favor en la sentencia incidental impugnada a razón del veinte por ciento del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga el deudor, lo cual ascendería a la cantidad de $3,061.95 (son: tres mil sesenta y un pesos 95/100 moneda nacional), en forma quincenal, es suficiente para satisfacer sus necesidades; de esa manera le quedaría al deudor el 20 por ciento de su sueldo a razón de $3,061.95 (son: tres mil sesenta y un pesos 95/100 moneda nacional), en forma quincenal. Cabe destacar que el hecho que las acreedoras preexistentes hayan subsistido con un porcentaje del 14.25 por ciento a razón de $2181.63 moneda nacional, no significa que hayan estado exentas de carencias, sino que adicionalmente han contado con la parte proporcional que le corresponde a su progenitora ya que cuenta con ingresos mensuales de $9,609.82 (son: nueve mil seiscientos nueve pesos 82/100) y las tiene incorporadas en su domicilio; siendo evidente que contribuye al sostenimiento en la medida de su capacidad económica, ya que al tener un ingreso menor que el actor incidentista no es factible exigirle que aporte una cantidad igual que éste, puse se atentaría contra el principio de proporcionalidad en lo tocante a la capacidad de los deudores, considerándose así correcto el porcentaje decretado en esta sentencia como pensión por parte del aquí apelante para las acreedoras preexistentes. Apoya lo anterior la tesis con número de registro 188215. De lo anterior se dilucida que del cien por ciento de los ingresos del deudor se destinará el 80 por ciento para pago de las pensiones, quedándole a éste el 20 por ciento del total de su sueldo, sobresueldo y demás prestaciones que devenga, mismo que se considera suficiente para su alimentación, vestido, vivienda (agua y luz), transporte, salud y esparcimiento, además de autos no se observa constancia alguna que este cursando algún estudio por lo que se considera que no necesita solventar dicho rubro, porcentaje que además es proporcional respecto a sus acreedores. De lo anteriormente señalado, se determina que si bien es cierto aumentaron los ingresos del deudor, pues al momento de decretarse la pensión alimenticia en la sentencia definitiva emitida en fecha veintiséis de junio de dos mil ocho, en el expediente.7/2020 antes (249/2008), el deudor percibía la cantidad de $2243.30 (son. dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 307100) en forma quincenal y ahora como quedó demostrado en autos sus ingresos ascienden a la cantidad de $15,309.75 (son: quince mil trescientos nueve pesos 75/100 moneda nacional) en forma quincenal, así como que aumentaron las necesidades de sus acreedoras, también cierto es que ahora cuenta con dos nuevos acreedores impactando en su capacidad económica; es por ello que los agravios cuarto y sexto se estiman fundados y suficientes para modificar el fallo combatido en el resolutivo tercero. Por otra parte, de lo descrito líneas que anteceden se deduce, que los puntos torales tercero y quinto de los agravios relativos a que no se tomó en consideración el veinte por ciento de la pensión que proporciona a su menor hijo de iniciales E. G.A E. decretada en el expediente 440/2020 y que se le dejó toda la carga de la pensión al deudor, estos ya fueron atendidos por haber quedado inmersos sus estudios en los párrafos anteriores emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; no obstante a ello, se le contesta reiterándole que esta Sala ya ha tomado en consideración el porcentaje de la pensión del menor E.G.A.E, para el efecto de determinar la capacidad económica del deudor alimentario; asimismo, si bien la madre de las dos acreedoras de su primer matrimonio percibe ingresos, el artículo 846 del Código Civil del Estado, señala que cumple con la obligación alimentaria el progenitor que tenga viviendo a los acreedores en su domicilio, lo que en la especie ocurre, pues la actora incidentada cumple con la parte proporcional de las obligaciones alimentarias, por lo que se determina que no se le ha dejado la totalidad de la carga de los alimentos como lo reclama el deudor aquí apelante. "SEGUNDO.- SE CANCELA LA PENSIÓN ALIMENTICIA fijada a favor de las ciudadanas Ana Lorena Aguilar Peña y Addy Lorena De Guadalupe Peña Villanueva, determinado mediante sentencia definitiva (sic) veintiséis de junio del dos mil ocho. TERCERO.- AL CAUSAR EJECUTORIA POR MINISTERIO DE LEY, gírese atento OFICIO AL ENCARGADO DE LO COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para que a partir de que reciba el presente oficio deje de descontar el 57 CINCUENTA Y SIETE CIENTO (sic) QUINCENAL del sueldo, sobre sueldo y demás prestaciones del ciudadano Gabriel Ignacio Aguilar Torres que le fuera ordenado mediante oficio número PJ-CJ-JZFCH-737/2020, de fecha veinte de febrero del dos mil veinte y, se sirva a descontar como NUEVA PENSION alimenticia DEFINITIVA a favor de sus hijas Jimena Aguilar Peña y Karla Gabriela Aguilar Peña el 40 (CUARENTA POR CIENTO) QUINCENAL del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga el ciudadano Gabriel Ignacio Aguilar Torres. En la inteligencia que a la ciudadana Jimena Aguilar Peña le corresponde el 20 VEINTE POR CIENTO QUINCENAL, del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones, y a Karla Gabriela Aguilar Peña, le corresponde el 20 VEINTE POR CIENTO QUINCENAL, del sueldo, sobresueldo y demás prestaciones, Pensión Alimenticia que se les entregará en forma personal a ambas acreedoras, previa identificación de su persona, o bien consignarla ante EL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, ubicado en Avenida Flamboyán, número 250 entre Machiche y Chicozapote, de la Colonia arboledas, de esta ciudad, para su pago; asimismo, devuélvase los documentos exhibidos, previo recibo que se otorgue en autos y archívese el expediente como asunto concluido. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: PRIMERO.- Se MODIFICAN LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y TERCERO de la sentencia impugnada, por los motivos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de la presente resolución al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, así como al Juzgado de Origen anexándole el expediente original. TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, CUMPLASE y en su oportunidad, archívese el toca familiar como asunto concluido..." De lo anterior se advierte que la autoridad responsable parte del análisis integral de los elementos aportados y disponibles para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, la capacidad económica del deudor, y determinó el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor debe destinar para cubrir los alimentos de la nueva acreedora, junto a la propia subsistencia del deudor. Por ende, es inconcuso que la responsable cumplió con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo; por tanto, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el 1 de septiembre de 2022, en la que se acredita que se pronunció respecto del incidente de cancelación y/o decremento de pensión alimenticia deducido del juicio ordinario civil de alimentos número 7/2020. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a las partes por el término de quince días a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra el presente proveído, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al quejoso, terceros interesados y asesora jurídica."

  4. Principal

    V- Agréguese el escrito recibido electrónicamente, signado por Brisa del Mar Villalobos García, en su carácter de asesora Jurídica Federal, del Instituto Federal de Defensoría Pública, designada para fungir como representante especial del niño relacionado con este asunto, por el que señala usuario electrónico para recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones en el presente expediente en línea. Como lo solicita la promovente, de la certificación de cuenta, se advierte que previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "bmvillalobosg", pertenece al correo electrónico brisa.villalobos.garcia @correo.cjf.gob.mx, el cual se encuentra registrada en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y para ser notificada vía electrónica. Proceda el oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, en términos del citado acuerdo, a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese.

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