Gabriel Humberto Morales Rios

Expediente 587/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
587/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
22/12/2015

Partes del expediente

  • Gabriel Humberto Morales Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintidós de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa recurriera el acuerdo que desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda de amparo y que no obran documentos originales; por ende, se estima que este expediente carece de relevancia documental; y, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA... ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda que promueve GABRIEL HUMBERTO MORALES RIOS, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con número 587/2015, y provéase lo conducente en relación a la misma. Ahora, del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En el presente caso, la parte quejosa señala como acto reclamado literalmente el siguiente: "El acuerdo de fecha 01 de diciembre de 2015, mediante el cual la autoridad responsable me niega la suspensión provisional en relación a la destitución del cargo que ordenó el Síndico Procurador mediante la resolución de fecha 25 de septiembre del actual, misma que fue impugnada a través del juicio de nulidad ante la autoridad responsable." Ahora, como se adelantó, en el caso debe desecharse de plano la referida demanda, en virtud de que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De la intelección de ese precepto legal y su correspondiente fracción, establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual este resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de los derechos fundamentales, salvo los casos de excepción. Por ello, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. En ese orden de ideas, en el caso, se encuentran reunidos los elementos que actualizan esa causal de improcedencia. Por un lado, el acto reclamado emana de una autoridad jurisdiccional, en concreto, la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, pues fue quien emitió el acuerdo que resulta ser el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, mediante el cual negó la suspensión provisional que solicitó el quejoso en relación a la destitución de cargo que ordenó la parte tercero interesada en el juicio de garantías, a saber, el Síndico Procurador el XXI Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. Igualmente, se cumple la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Para justificarlo, es importante reproducir el contenido del artículo 90 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, el que resulta del siguiente tenor: "CAPITULO DECIMOTERCERO DE LOS RECURSOS Artículo 90. El recurso de reclamación, es procedente contra las resoluciones de los Magistrados que desechen la demanda, la contestación o las pruebas; que rechacen la intervención de terceros, o aquéllas que nieguen la suspensión del acto reclamado. El recurso deberá interponerse ante la Sala de adscripción del Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido, dentro del plazo de los cinco días siguientes a su notificación, expresando los agravios que le cause." Como se puede observar, la ley en comento prevé que contra los autos dictados por los Magistrados, procederá el recurso de reclamación, en específico en contra de las negativas de suspensión del acto de reclamo, como acontece en el caso en estudio. Finalmente, el último requisito también se encuentra satisfecho, en virtud que ninguna de las tres excepciones a que se contrae la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se surte. En efecto, en la especie, el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se trate de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco consiste en alguno de estos actos: orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto; ni tampoco de cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Ni menos aún se trate de persona extraña al procedimiento de origen, porque de constancias, se advierte que a la parte quejosa bajo protesta de decir verdad estableció que tuvo conocimiento del acto de reclamo en cuatro de diciembre de dos mil quince. Sin que en el caso, la procedencia del recurso de que se trata se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues el artículo 90 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, es claro y categórico en señalar que contra el auto de los magistrados en el que entre otras cosas, niegue la suspensión, procederá el recurso de reclamación. Atento a las consideraciones antes expuestas, y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió hacer valer el recurso de reclamación ante la Sala competente antes de acudir a la instancia constitucional. Sin que obste a lo anterior, las alegaciones que hace el quejoso en cuanto la inexistencia de su obligación para agotar los medios ordinarios de defensa previo a acudir al presente juicio de garantías, y estimó que se actualizaban al caso particular que se atiende la tesis II.4o.A.24 A (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2008242, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materia Común, página 1940, Décima Época, con rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO. NO DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, YA QUE LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 254, 255, 258 Y 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAL, SON OBJETIVAMENTE MENORES A LOS ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN SU LEY VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.", así como la diversa tesis I.1o.A.27 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 2009970, consultable en la aludida Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Materia Común, página 2079, Décima Época, intitulada: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL JUICIO DE AMPARO, PUESTO QUE LA LEY ORGÁNICA QUE LO REGULA OTORGA A LA SUSPENSIÓN MENORES ALCANCES QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." Lo anterior es así, pues el quejoso, parte de una falsa premisa, porque como se ha dejado visto, el acto de reclama consistente en la negativa de suspensión provisional que solicitó ante la autoridad responsable, que se trata de actos reclamados a órganos jurisdiccionales y por esa circunstancia, tiene aplicación la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo supuesto como también antes se explicó, quedó actualizado, pues se insiste, existe en la normativa vigente el supuesto jurídico para que previo a la promoción del juicio de garantías que hizo valer en esta instancia, interpusiera el medio de defensa ordinario de la ley en cuestión, por lo que no resultaban aplicables a lo que aquí se analiza los criterios aislados que invocó la parte inconforme. Además, de que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión de los que establece la Ley de Amparo, en atención al estricto alcance jurídico de la Jurisprudencia XV.4o. J/6, que sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con registro 171590, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Administrativa, página 1514, que a continuación se transcribe: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado." Igual criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la ejecutoria de veintisiete de agosto de dos mil quince, en la queja 44/2015, de su índice, con residencia en Tepic, Nayarit, al revocar la determinación del Juzgador de Distrito que se aprecia en dicho fallo, en cuanto que admitió la demanda de garantías de la parte quejosa cuando efectivamente existía en la normativa vigente de origen un medio de defensa ordinario que debía de agotarse ante la autoridad competente previo a acudir al juicio de garantías. Por consiguiente, al no agotar el quejoso el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso 113 de la invocada ley, procede desechar de plano la demanda de mérito. Ahora bien, no se desatiende que a la luz de lo que estableció la parte quejosa en su demanda de garantías, en el sentido de que se enteró del acto de reclamo en cuatro de diciembre de dos mil quince, y en atención a lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, se advierte que aún el impetrante de garantías se encuentra en tiempo para interponer el recurso ordinario respectivo, por lo que se ordena notificar el presente acuerdo de manera personal, y de FORMA INMEDIATA para efectos de no vulnerar el acceso a la Justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario que corresponda a efecto de practicar todas las diligencias que así lo requieran. Finalmente, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados JOSÉ JULIAN COSIO CARMONA, ALEJANDRO GARCIA MAGALLANES y DIANA CASTRO JORDAN, en virtud de la certificación de cuenta y señala como domicilio procesal en calle de las Sirenas número 294 del Fraccionamiento Playa Ensenada, de esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante el licenciado Jaime Romero Gámez, Secretario que autoriza y da fe.VMBM/JRG/alla*

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