Gabriel Huitrón Moyo
Expediente 1545/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1545/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gabriel Huitrón Moyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juez advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra la sentencia definitiva de tres de enero de dos mil dieciocho, mediante la cual se SOBRESEYÓ el amparo en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho fallo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se dictó sentencia definitiva el tres de enero de dos mil dieciocho, y se SOBRESEYÓ el amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de DESTRUCCIÓN, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, el suscrito juez, ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Incidental
Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que el asunto se ubica en la hipótesis TERCERA, contenida en la tabla de cuenta, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de DESTRUCCIÓN. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, DESTRÚYASE el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de DEPURACIÓN, mientras que el duplicado de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.
- Principal
Vista la constancia levantada por la Actuaria Judicial de la adscripción, relativa a los oficios 49, 50 y 51 dirigidos a las autoridades responsables, "Agencia del Ministerio Público Mesas Tercera, Cuarta y Quinta del Centro de Justicia Para la Mujer de Colima", de la que se desprende que no existen esas autoridades. Al respecto, es preciso hacer alusión al contenido literal del artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." De lo anterior, se advierte que las autoridades, responsables están obligadas a recibir todas aquellas comunicaciones oficiales que se les dirijan en materia de amparo, y si se negaren a recibirlas se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, circunstancia que deberá hacerse constar por el actuario judicial correspondiente, asentando el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, el citado numeral menciona que cuando la autoridad se negare a recibir el oficio correspondiente, el actuario deberá levantar la razón respectiva. En virtud de lo anterior, al haberse negado las autoridades responsables "Agencia del Ministerio Público Mesas Tercera, Cuarta y Quinta del Centro de Justicia Para la Mujer de Colima, a recibir los oficios 49, 50 y 51, respectivamente, que contienen la sentencia de tres de enero pasado, en consecuencia, se tiene por hecha la notificación del referido comunicado oficial de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior por analogía, la tesis V.4o.2 K, visible en la página 1439, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Se estima lo anterior toda vez que las autoridades responsables que se señalaron como inexistentes en la constancia actuarial de cuenta, rindieron sus informes justificados (fojas 84, 86, 87).
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por GABRIEL HUITRÓN MOYO.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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