Gabriel Hoyo Ortiz
Expediente 968/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Hoyo Ortiz
- Edgar Alfaro Vallejos
Actuaciones
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, sin hacerse pronunciamiento acerca de él, en virtud, de que de autos se advierte que por proveído de uno de octubre del año en curso, se ordenó el archivo del juicio de amparo de amparo como asunto totalmente concluido. Cúmplase. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, mediante el cual informa que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, acepto la competencia y se avoco a conocer del juicio de amparo 1350/2018 de su índice, que contiene la demanda de garantías promovida por Edgar Alfaro Vallejos; mismo que quedó registrado en los libros de gobierno del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con número 1076/2018. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental en términos de lo establecido en el punto Décimo primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, así como de documentos originales; por tanto, realícese la anotación que corresponde en la carátula del mismo. Asimismo, toda vez que el presente expedientillo de mérito se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que aún no obra en los mismos, el acuse de recibo del oficio V-21668/2018 de fecha veintinueve de agosto del año en curso, dirigido al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula, con el cual se le remitió el original del juicio de amparo 1350/2018 de su índice que contiene la demanda de garantías promovida por Edgar Alfaro Vallejos; en virtud, de que de autos se desprende que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula; en virtud, de que la parte promovente únicamente reclamó la constitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; sin reclamar ejecución alguna del citado precepto; por ende, al no reclamarse dicho artículo es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Atento a lo anterior, solicítese atentamente vía fax al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla con residencia en San Andrés Cholula, que de no tener inconveniente alguno, acuse recibo por la misma vía del citado oficio V-21668/2018 del índice de este Juzgado, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de ordenar el archivo del presente juicio de amparo V-968/2018. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de rubro, "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." CÚMPLASE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Pueble, con residencia en San Andrés Cholula, a través del cual remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por Edgar Alfaro Vallejos, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de otras autoridades, por considerar que carece de competencia para conocer de la citada demanda. Al respecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva con el número 968/2018. Ahora, después de haberse realizado un estudio al juicio de amparo de que se trata, no se acepta la competencia planteada. Lo anterior se considera así pues del escrito inicial de demanda se advierte que la parte promovente acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos reclamados consistentes en: "4. AUTORIDADES RESPONSABLES y actos que reclamamos en términos del artículo 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo: 4.1 Cámara de Diputados, la aprobación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación; 4.2 Cámara de Senadores, la aprobación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación; 4.3 ENRIQUE PEÑA NIETO Presidente de la República Mexicana, como encargado de la promulgación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, por violación a nuestros derechos humanos alegados en el capítulo de conceptos de violación." Ahora, de autos se advierte que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, requirió al quejoso a efecto de que precisara, en lo que aquí interesa, lo siguiente: a) Indicara si señalaba como autoridad responsable al SAT y, en su caso, precisara los actos que le atribuyera. Asimismo, se aprecia que en cumplimiento al requerimiento señalado, en escrito recibido por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante escrito de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, el representante del quejoso, al respecto manifestó (.) 3 No demandamos al Servicio de Administración Tributaria como autoridad responsable, por falta de aplicación y ejecución de la norma impugnada (.) En esas condiciones, se tiene que la parte promovente únicamente reclama la constitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; sin reclamar ejecución alguna del citado precepto. Por lo que, resulta necesario precisar las reglas de competencia en materia de amparo, las cuales se sitúan en tres ámbitos a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 35, el órgano competente es un juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación. c) El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, tratándose de competencia por territorio, el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé tres hipótesis a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito de la jurisdicción en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, al no reclamarse acto de ejecución respecto el artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es aplicable al caso, la j II.2o.P.11 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del segundo circuito, visible en la página 1460 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 5, Abril de 2014, Tomo II, Décima Época, registro : 2006112, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable. En tales condiciones, no se acepta la competencia planteada, por lo que se ordena devolver los autos al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; solicitándole se sirva acusar de recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación a la parte promovente, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.".
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