Gabriel Gustavo Beltrán Villavicencio
Expediente 161/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gabriel Gustavo Beltrán Villavicencio
Actuaciones
- Principal
Radicación. Visto el escrito de demanda presentado por ..., por propio derecho, contra el acto de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad, regístrese bajo el número 161/2022-B-2. Desechamiento. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis íntegro de la demanda de garantías y escritos aclaratorios, se advierte que el accionante del amparo combate la reducción se salario por parte de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, como retribución para desempeñar sus funciones. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:..., Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocarla, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente:..., En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, el estudio integral de la demanda revela que el promovente reclama la reducción del salario quincenal del quejoso, sin previo aviso, como retribución para desempeñar sus funciones. En este sentido se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, el quejoso debió agotar los recursos previstos por la ley que regula el procedimiento del cual emanan el acto aquí reclamado. Al respecto, es pertinente hacer mención el contenido de los artículos 186, 187, 229, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente:..., Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; (REFORMADA, G.G. 30 DE AGOSTO DE 2011) VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales. Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. (REFORMADO, G.G. 31 DE MARZO DE 2011) Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." De lo transcrito, se concluye que el citado ordenamiento no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados. En este contexto, resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que el quejoso no agotó antes de promover el presente juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, tal como lo establecen los numerales transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, ello es así, porque todos los actos y resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad deben ser combatidos mediante éste, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia con registro digital 181010, se la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 428, Tomo XX (Julio de 2004), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, siguiente:..., Así como la diversa jurisprudencia de registro digital 200576, de la citada Segunda Sala, visible a página 185, Tomo IV (Julio de 1996), Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, siguiente:..., En ese contexto, se reitera, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse antes de promover el juicio de garantías, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Es aplicable, la jurisprudencia PC.II.A.J/3A sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Libro 24, Noviembre de dos mil quince, Tomo III, visible en la página 2936, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza:..., En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda presentada por Gabriel Gustavo Beltrán Villavicencio, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación en cita, a Celestino Cortés Jiménez, José Agapito Loreto Cortés Roa y José Luis Barrios Nava; y, respecto al diverso profesionista, téngase por autorizado en términos del numeral 24, de la legislación de la materia, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no cuenta con el registro de su cédula en el referido sistema. Días y horas inhábiles. Conforme a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorización de uso de medios electrónicos. En términos de la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Transparencia. Con apoyo en los artículos 1, 3, 68, 71 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "En Línea". Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea.
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