Gabriel GòMez Ramos

Expediente 2312/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2312/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Gabriel GòMez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo; en esas condiciones, se instruye a la analista jurídico (SISE), para que haga disponible el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, a efecto de que el homólogo esté en aptitud de visualizarlo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Finalmente, en acatamiento al artículo 21, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta a través del cual el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en atención al requerimiento de siete de enero de dos mil veintiuno, remite diversas constancias del juicio de origen; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a los que haya lugar, quedando enterado el suscrito de su contenido. Ahora bien, a efecto de agilizar el procedimiento de ejecución de sentencia, con sustento en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, en donde se establecen plenas facultades para los Jueces de Distrito para conminar a las autoridades responsables, así como a las vinculadas al cumplimiento de la sentencia, exigiéndoles que realicen todas las diligencias necesarias dentro de sus facultades legales para hacerlo y con el fin de tutelar de la manera más efectiva posible los derechos humanos de la quejosa que se violaron con los actos reclamados en esta instancia, se estima necesario establecer las acciones que deberán realizar las autoridades que a continuación se indican, a partir de este auto, para vigilar por el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral 1972/2013-C1 y, en razón de ello, se hagan efectivos los apercibimientos decretados por la responsable con fundamento en la ley que la rige: En su carácter de autoridad directamente obligada, al TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO se le requiere para que: Deberá remitir en copia certificada las constancias con las cuales acredite que notificó a las partes y giró los oficios correspondientes respecto del requerimiento de doce de enero de dos mil veintidós. Dicho lo anterior, deberá emitir un nuevo requerimiento de cumplimiento (en el entendido que deberá considerar si es pertinente apercibir a la parte demandada con la suspensión del cargo del Presidente Municipal y/u otro servidor público del Ayuntamiento demandado), asimismo, deberá acreditar que notificó a las partes el acuerdo en comento. De persistir la negativa en cumplimentar el laudo, deberá hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, es decir, deberá dictar una resolución en la que establezca claramente, si a su criterio se actualiza una causa grave que merezca la suspensión del servidor público. Se apercibe a la autoridad indicada, que de no acatar lo que se le requiere sin causa justificada en lapso indicado, se impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Es necesario señalar que en reiteradas ocasiones se ha realizado la precisión al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco de que en el auto en el que, en su caso, ordene la suspensión del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco (y de otros servidores públicos de dicho Municipio), DEBERÁ GIRAR OFICIO AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO EN EL QUE SE LE SOLICITE QUE FIJE FECHA Y HORA PARA QUE RATIFIQUE LA SUSPENSIÓN DECRETADA, OFICIO QUE DEBERÁ ACREDITAR QUE SE NOTIFICÓ DE MANERA INMEDIATA CON LOS ANEXOS E INSERTOS NECESARIOS. Asimismo, que una vez que el Congreso del Estado de Jalisco fije fecha y hora para que ratifique la suspensión decretada al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, DEBERÁ COMISIONAR A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE RATIFIQUE LA SUSPENSIÓN. En el entendido de que cada acción que emita en cumplimiento a lo que precede, la deberá informar, de manera inmediata, a este juzgado federal, exhibiendo copia certificada de las constancias que lo acrediten. Ahora bien, toda vez que de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre del presente año se tuvo al Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado informando las gestiones realizadas en cuanto a la atención inmediata de la solicitud de suspensión del cargo que se le encomendó, señalando que debido al proceso de instauración de la LXIII legislatura, resultaba imposible pronunciarse respecto a dicha solicitud, por lo que dijo que una vez que dicho proceso finalizara, se atendería dicha petición; por lo tanto, requiérase a la citada autoridad, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, conforme a sus respectiva atribución: Por lo anterior, requiérase al CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO para que: 1. DEBERÁ ATENDER DE MANERA INMEDIATA LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES DE SUSPENSIÓN EN EL CARGO, DERIVADAS DEL JUICIO LABORAL 1972/2013-C1. 2. DEBERÁ REQUERIR DE MANERA INMEDIATA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE RATIFIQUE ESA SUSPENSIÓN Y, EN SU CASO, PARA QUE EXHIBA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, ES DECIR DEBERÁ EXPRESAR DE MANERA DETALLADA LAS CONSTANCIAS QUE NECESITA PARA RESOLVER LA SOLICITUD ELEVADA. 3. Ratificada la solicitud de suspensión del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco (u otros servidores públicos de dicho Municipio), SE DEBERÁ TURNAR LA SOLICITUD Y CONSTANCIAS DEL JUICIO DE ORIGEN, A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, QUIEN TENDRÁ QUE EMITIR DICTAMEN EN EL QUE PROPONGA EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE DEBE ADOPTAR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. 4. Luego, el Congreso del Estado de Jalisco, DEBERÁ EMITIR RESOLUCIÓN EN LA QUE DETERMINE SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE LA SUSPENSIÓN EN EL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO (u otros servidores públicos de ese Municipio), POR INCUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 1972/2013-C1. 5. Por lo anterior, deberá atender el oficio MC1/4440/2021, con acuse de recibo de dieciséis de diciembre de la pasada anualidad, relativo a la solicitud de suspensión en el cargo por un plazo de quince días de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, dictado en el JUICIO LABORAL 1972/2013-C1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Se hace la precisión al Congreso del Estado de Jalisco que si bien es cierto a éste corresponde analizar si se actualiza una causa grave que amerite la imposición de la suspensión en el cargo del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco (o de otros servidores públicos del Ayuntamiento referido), se le recuerda que no puede pasar por alto el tiempo en que el referido Ayuntamiento ha sido contumaz en cumplir con el laudo emitido en el juicio de origen y con la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que hasta este momento haya demostrado que existe una causa que lo justifique, por lo que se le pide que al momento de emitir la determinación respectiva valore todos los aspectos antes destacados y el perjuicio que ha generado al actor en el juicio de origen. Por otra parte, en su carácter de autoridad vinculada, a la SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO se le requiere para que: 1. DE MANERA INMEDIATA, DEBERÁ DE ACREDITAR ANTE EL TRIBUNAL RESPONSABLE Y ANTE ESTE JUZGADO DE DISTRITO (EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE TRES DÍAS), que hizo efectiva la multa correspondiente, en relación a la solicitud derivada del oficio MC1/4441/2021 con acuse de recibo de dieciséis de diciembre pasado. En el entendido que deberá allegar constancia fehaciente con la que acredite su dicho. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos precisados con anterioridad, en el entendido que su actuar no se limita a girar un oficio recordatorio a la autoridad indicada reiterándole la obligación de atender lo que este juzgado le requiere, sino que implica un compromiso a que vigile de manera diligente y eficiente que se cumpla con lo ordenado por este órgano jurisdiccional, haciendo cumplir y en caso de que no se haga, sancionen a su subordinado, en términos del marco legal que lo rige, y remitan a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo. Apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden y vigilar que ella se cumpla, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad indicada Se conmina a las autoridades indicadas a que asuman con responsabilidad la obligación de cumplir con lo ordenado, mostrando una conducta sensible a la problemática que se plantea, coadyuvando con este juzgado en la impartición de justicia, mediante la agilización, en el ámbito de su competencia y en el límite de sus posibilidades, de las acciones que permitan el cumplimiento de la sentencia de que se trata, evitando en todo tiempo formalismos, rigorismos y trámites innecesarios y eliminando obstáculos superfluos que impidan de manera injustificada que se restituya a la parte quejosa en los derechos humanos que le fueron transgredidos. Se apercibe a las autoridades indicadas, que de no acatar lo que se le requiere sin causa justificada en lapso indicado, se impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Asimismo, se considera pertinente informar a las autoridades requeridas el contenido del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, por el que se tipifica el delito de desacato a una sentencia de amparo, y que prevé como pena una multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, que es del siguiente contenido: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; (.) Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Notifíquese.

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